Exclusivo: El informe que el MDS presentó en la Justicia

El 5 de febrero, el Gobierno informó mediante un comunicado oficial que había concluido con las entrevistas personalizadas con cada uno de los involucrados en el conflicto del Ministerio de Desarrollo Social, atravesado por sendas irregularidades y precarización de quienes ingresaron durante la campaña electoral, de la mano de la ex ministra Gabriela Peralta.

Durante un mes, que los equipos de trabajo de la cartera social se dedicaron a tomar las entrevistas concertadas que demandaron una inversión de trabajo de “518 horas hombre”. De este modo “pudo constatarse el domicilio de un total de 259 personas, quedando 91 sin poder ser localizadas por ninguna de las partes”.

El comunicado advirtió sólo parte del informe asegurando que se habían identificado “10 casos de personas que residen en otras provincias y reconocen no haber realizado tareas en ninguna ciudad, organismo o área institucional de Santa Cruz”.

Que 89 no tenían otra relación con el Ministerio más que haber ido en alguna ocasión a solicitar algún tipo de ayuda y aclaraba que del informe se desprende que contrataría entonces sólo a aquellos que reúnen “idoneidad y formación” para las tareas que correspondan al Ministerio.

Por otro lado, la cartera social, en conjunto con universidades nacionales y otros organismos del Gobierno provincial, “implementarán un programa de formación y capacitación para la inclusión de aquellas personas dispuestas a concretar la terminalidad educativa y que puedan formarse de acuerdo a sus aptitudes en espacios de capacitación en oficios, para su posterior evaluación de perfil e idoneidad”

Ayer, en una entrevista con TiempoFM, la referente de ATE, Olga Reinoso rechazó la respuesta del Gobierno que sólo encontró “perfil” óptimo a 38 personas, calificando a la solución aportada por el Ministerio como una “tomada de pelo”.

En la charla, se le consultó a la dirigente qué decía el informe, pero Reinoso aseguró que “es solo eso” en relación al comunicado.

Ayer, TiempoSur tuvo acceso al informe completo, que arroja un panorama fino de la situación de los entrevistados pero además, determina puntos centrales ocultos hasta el momento.

En principio, el dato superlativo es que a todas aquellas personas que fueron entrevistadas y se les ofreció, tal como dice más arriba el comunicado, que accedieran a terminalidad educativa y formación profesional, el estado los asistirá con una suma fija de 4 mil pesos mensuales, bajo la premisa de “des-clientelizarlos”.

De los entrevistados, un total de 146 no  tienen estudios secundarios, 191 tienen algún tipo de experiencia laboral y 52 de ningún tipo, en tanto que hay ocho de los que no se asentó esta información.

De ellos, 76 fueron incorporados a través de las unidades básicas del PJ, abiertas durante el proceso de campaña electoral que culminó el 25 de octubre y, lo que es aún más curioso, hubo gente que durante las entrevistas dijo haber ingresado a través de iglesias evangélicas. Asimismo, 10, como también se dijo más arriba, ni siquiera viven en Santa Cruz.

Un dato que está asentado en el informe judicial y que en cierta medida muestra un contrapunto con la organización sindical es que durante las entrevistas, la gran mayoría, (93 personas) se mostraron interesadas en conocer mayores detalles sobre la confirmación del sistema de cooperativas.

En todos los casos de contrataciones irregulares, la función especificada era “mantenimiento y limpieza” de los cuales 61 personas tienen edad que van entre los 18 y los 20 años, otro grupo de 20 a 25, 49 entre 26 y 29 y 84 tienen más de 30 años.

Asimismo, hay 218 personas de Río Gallegos, 14 de Caleta Olivia, 15 de Puerto Deseado, 11 de la localidad de Las Heras y también 11 de El Calafate, que justamente son las mujeres del CIC Formenti, contratadas por la ex ministra en marzo, a quienes nunca se les pagó y que denunciaron a fin de año que les habían hecho firmar “contratos truchos”.

El documento al que accedió este diario dice también que el 26 de enero, el Ministerio le solicitó a ATE colaboración para localizar a 91 personas que nunca aparecieron.

Sobre esto, Reinoso dijo ayer que “nosotros no firmamos que íbamos a buscar a los compañeros, nuestra tarea no es esa. Sí recepcionamos una nota pidiendo si teníamos algún dato, y nosotros dijimos sobre los que venían a las asambleas y aportamos la documentación concreta, pero nuestra tarea no era buscarlos sino del Ministerio” aclaró.

“Este Gobierno está haciendo lo mismo que hace el Gobierno nacional y que ellos critican. Lo que vamos a iniciar es el conflicto para que se contrate a los compañeros y decimos que son los que están en ATE y vienen a las asambleas” dijo luego la referente sindical que está al frente del reclamo.

“Nosotros –agregó- como organización venimos denunciando que una cosa es el estado formal y otra cosa lo que había por debajo, un estado oculto con todos los compañeros precarizados” y analizó que las irregularidades y precarización laboral se dieron porque el Gobierno anterior demandó personal “para todos dispositivos que se armaron para la reglamentación de las leyes de Niñez y de Violencia contra la Mujer”, aclarando que “nosotros no fuimos los que ingresamos a estos compañeros ni armamos los expedientes. La lapicera la tuvieron otros”.

Lo cierto es que, de todos aquellos que accedieron a los planes de terminalidad educativa y formación profesional con una asistencia de 4 mil pesos por mes, podrán, en otra instancia iniciar un proceso de prácticas en áreas del estado y empresas.