La Asociación de Magistrados reconoció que “estamos en un momento en crisis”

En la víspera, TiempoSur publicó que la falta de jueces naturales en los estrados civiles hizo que el Tribunal Superior de Justica decidiera posponer la entrada en vigencia de la ley sancionada el año pasado.

En el escrito, los integrantes del máximo tribunal reconocen -tal como lo hiciera tiempo atrás el Consejo de la Magistratura- la falta de jueces naturales en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral de Minería y Familia de Puerto San Julián, Río Turbio, Caleta Olivia y Río Gallegos. A los que se suman los juzgados de primera instancia de Comandante Luis Piedra Buena y Las Heras. Con este panorama, se vería afectada la implementación del nuevo Código, atentando “contra la efectiva eficacia de los objetivos que se han tenido en la mira al desarrollar este proyecto”, advirtieron.

Ayer, este diario dialogó con el camarista Enrique Arenillas, vicepresidente de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, que actualmente preside el fiscal caletense Carlos Rearte.

Arenillas, que es uno de los impulsores de la reforma del Código que tenía más de cien años, opinó que el mismo planteaba “un cambio fundamental de mirada respecto de lo que tiene que ser un proceso”, marcando “una presencia más importante del juez, mucha inmediatez”, entre otros.

Consultado respecto de cómo analizaban desde la Asociación este llamado “déficit de jueces”, Arenillas sostuvo que “lo vemos con muchísima preocupación. Veíamos el mapa de las magistraturas faltantes que hizo la Asociación de Abogados y se ve con mayor impacto. La verdad que estamos en un momento de crisis. No puede ser que tengamos tantos juzgados vacantes”, lamentó.

En este punto, el magistrado manifestó que la Asociación “se reúne con el Tribunal Superior y ha planteado estas cuestiones, también hubo otras reuniones con legisladores tratando de encontrar una solución a este tema pero es complejo”.

Durante el año pasado, este medio hizo pública la discusión respecto de la necesidad de reformar la Ley del Consejo de la Magistratura, para que se elimine el requisito de residencia, aquel por el cual un abogado que es de otra provincia no puede venir a concursar para juez por no tener cinco años viviendo en Santa Cruz.

“Sin dudas, es un impedimento para cualquier persona que venga de afuera y quiera ser juez. Yo siempre estuve a favor de la modificación para que se abra la competencia porque es una manera de mejorar”, sostuvo el juez, recordando que “cuando fui concejero por los magistrados presentamos un proyecto en Diputados, no hubo caso y luego supe que se presentó otro que aún no avanzó”. Sin embargo, “tengo la esperanza de que los magistrados no van a tener problemas en competir contra personas que vengan de otras provincias”.

Por otro lado, Arenillas manifestó que la falta de jueces es una problemática nacional. Empero, “acá impacta de otro modo porque es un Poder Judicial chico y al tener estas vacancias se hace difícil poner en práctica códigos como èste (CPCyC)”.

Finalmente, este diario preguntó al Vicepresidente de la Asociación de Magistrados si acaso la prórroga para la puesta en vigencia que planteó el Tribunal Superior, (90 días) era suficiente como para que las vacantes se pudieran cubrir.

“Es difícil decir si se va a resolver antes o no. Hay posibilidades de que en algunos juzgados se cumpla, ya que hay varios pliegos en la Legislatura para su tratamiento, por ejemplo, el del Juzgado de San Julián y algún otro”, pero sucede que “es imposible que en 90 días se cubran aquellos donde aún no se llamó a concurso”.

Ley Nº3453 que introdujo modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Cruz fue publicada en el Boletín Oficial el día 24 de noviembre del año pasado. Sin embargo, los cambios trascendentales para una nueva fisonomía social significan las reformas a la Ley 1.418. A través de una nota fechada el 30 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia prorrogó la puesta en vigencia de la norma que, entre otras cosas, busca agilizar los procesos legales y acercar el sistema a los ciudadanos.

La ley que modificó el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Cruz fue promulgada parcialmente mediante el Decreto N°2.228/15 y su puesta en vigencia debía darse a partir del viernes pasado, 1° de abril.