Ordenaron el desalojo de tres barrios usurpados en Caleta Olivia

Ayer, un grupo de familias que hubieran sido adjudicatarias de las unidades habitacionales del IDUV, reclamaron al juez Mario Albarrán que firme la orden de desalojo solicitada por quinta vez por el fiscal Martín Sedan, enmarcada por el Artículo 222 bis del Código de Procedimiento Penal de Santa Cruz.

El acceso a la vivienda propia es una problemática que atraviesa a cientos de familias a lo largo y ancho de la provincia, sin embargo en la ciudad del Gorosito la reacción que tuvieron decenas de vecinos fue la de ocupar ilegalmente una vivienda, curiosamente, en el marco de la campaña electoral del año pasado, lo que motivó que desde diferentes sectores se alentara  la teoría de un trasfondo político.

A mitad de semana TiempoSur tuvo acceso a parte del escrito presentado por la Fiscalía Nº 1 de Caleta Olivia. En este caso el fiscal Sedan reiteró su pedido de “intimación y desalojo” a través de un extenso documento en el que incluyó la escandalosa entrega de viviendas ordenada por el intendente Prades durante la noche del 3 de abril y madrugada del día siguiente.

“…luego de que en reiteradas oportunidades se solicitara la reivindicación de los inmuebles (el primer pedido se hizo el 17 de noviembre)”, reza el escrito en el que cuestiona que el magistrado solicite que se acrediten “pruebas” de las usurpaciones masivas que comenzaron el 19 de octubre del año pasado en los barrios identificados como Planes 187 Viviendas, 62 Viviendas y 40 Viviendas.

El pedido de desalojo incluyó jurisprudencia de la Corte Suprema, en cuanto a la eventual presencia de niños en las casas usurpadas, manifestando que en realidad  la  afectación del derecho a la vivienda de menores de edad, “sería anterior al desalojo que se pretende concretar y no consecuencia de él”.

Ayer, un grupo de personas empapeló el Juzgado para reprochar la falta de acción del juez de turno. “Acá nadie nos da soluciones”, indicaron los damnificados en diálogo con TiempoSur, lamentando que no se los recibiera en esos estrados, en los que dejaron carteles con leyendas como: “Fuera usurpadores. Justicia actúe”. 

“Pedimos que firme el desalojo de las viviendas usurpadas del IDUV. Hay cinco órdenes de desalojo, pero nadie las ejecuta”, se quejó Silvana, una de las damnificadas.

Precisó que activamente reclamando son 150 familias, pero en total son 1.200 personas las que están inscriptas en los padrones del Instinto, y 600 de ellas en condiciones de acceder a una vivienda: “Queremos el desalojo total de las viviendas y que se hagan las entregas como corresponde”, solicitó.

Estimaron que en la actualidad son unas 249 casas las que fueron tomadas de manera ilegal. Sólo el fiscal Sedan los atendió, quien una vez más les dijo que hizo las presentaciones y la firma no llega.

“En las últimas reuniones sugirió la posibilidad de viajar a Río Gallegos, idea que día a día se hace más fuerte al no tener respuestas”, puntualizó la damnificada, quien añadió que quieren contactarse con la gente del IDUV, la que según ellos es la que debería movilizarse también para que se concrete el desalojo.

Lo cierto es que ayer por la tarde el juez Albarrán procedió a tomar medidas, que básicamente significan un aviso para que en los próximos quince días se proceda a desocupar las viviendas de los tres barrios de la periferia caletense. Caso contrario, se acudirá al desalojo por la fuerza pública.

En su pedido, el Fiscal advertía al magistrado que resulta peligrosa “la pelea suscitada entre habitantes con claras necesidades insatisfechas y la falta de respuesta judicial, la que con muy alta probabilidad puede derivar  en que las casas usurpadas en octubre sean disputadas violentamente por otros que se consideren con más legitimidad´”.