Piden que se aparte e investigue al fiscal Chan por presunto vínculo con Báez

A comienzos de semana, la edición central del noticiero de Canal 13 emitió una escucha en el marco de la causa que instruye el juez Sebastián Casanello, en donde se investiga el delito de presunto lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez.

En ese contexto, surge una conversación de dos policías federales quienes se referirían al fiscal del fuero penal, Jorge Antonio Chan, a quien sindican como “íntimo de Lázaro Báez”, asegurando que además había maniobras que consistían en “traer la plata por tierra con ayuda de la Justicia”.

Frente a esto y luego de celebrar una asamblea, el gremio de Judiciales que conduce Juan José Ortega determinó reclamarle al máximo Tribunal santacruceño que tome cartas en el asunto, apartando momentáneamente al Fiscal para que se diriman los hechos.

Chan tuvo en sus manos la denuncia por sobreprecios y cartelización de la obra pública en Santa Cruz, que tenía como acusados al entonces gobernador Daniel Peralta, Báez y a su hijo, Martín Báez. Sin embargo el Fiscal no encontró elementos para determinar que hubiera delito alguno, por cuanto Valeria López Lestón, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2, decidió que ese dictamen sea ratificado o refutado por el fiscal de Cámara, Gabriel Giordano, quien finalmente decidió en sintonía con Chan, sin que se conociera por qué la magistrada había solicitado una segunda opinión.

Uno de los datos que reclama el gremio de Judiciales, es que el Tribunal Superior de Justicia aclare si acaso ellos habilitaron a Chan a poseer una empresa de seguridad, algo que estaría vedado por imperio del artículo 12 de la Ley N° 1 a cualquier funcionario del Poder Judicial.

Se trata de “Seguridad Patagónica S.A. que, según el Boletín Oficial Nº 4153 publicado el 19 de febrero de 2008 -meses antes de que asumiera como Fiscal- fue inscripta por el  escribano Ricardo Albornoz y emplazada en el domicilio legal de calle Libertad 141, allanado esta semana.

La empresa se creó para prestar servicios de “seguridad, vigilancia e investigaciones privadas, compraventa, locación, consignación, instalación y distribución de sistemas y aparatos de electrónicos de seguridad y/o comunicaciones, servicios de seguridad personal…”

“ESTAMOS CON EL LOBO EN EL GALLINERO”

Ayer, el secretario General de Judiciales, Juan José Ortega hizo declaraciones en

Tiempo FM, denunciando que “hace tiempo venimos haciendo foco en el Fiscal, básicamente con el tema de la empresa que prestaba servicios para Lázaro Báez, y la incompatibilidad absoluta con esta relación contractual”.

Pero además el dirigente, que en la víspera se reunió con los vocales del TSJ, Osvaldo Peretti y Mauricio Mariani, adelantó que “tenemos otros temas que permiten la comprobación mucho más escandalosa de lo que estamos conociendo en esa caja de pandora”.

“Si el Tribunal no toma cartas en el asunto, me comprometo públicamente a recorrer cada despacho de esta provincia y hablar con los trabajadores judiciales, y decirles que no se trabaja un día más si hay un personaje como este trabajando entre nosotros”, porque “se lo debe suspender hasta que se vea el resultado, de lo contrario seguiremos con el lobo en el gallinero”

“Es muy grave institucionalmente”

Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, Javier Stoessel, marcó postura planteando que “tiene que abrirse por lo menos una información sumaria, que el Fiscal exprese si estos datos son o no correctos” ya que, viendo la información “efectivamente se habría constituido una sociedad anónima en la que intervendría el Fiscal, fecha anterior a su designación pero los fiscales tienen una inhabilitación especial. Hay incompatibilidad, el Tribunal lo puede eximir, pero tiene que haber justificaciones” agregó, aunque “por las características de una empresa de seguridad, no me parecería razonable” así las cosas, “si la situación es cierta, creo que es muy grave institucionalmente”, definió Stoessel.

“ESTAMOS FRITOS”

También opinó el ex procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, quien dijo, que “el poder judicial quedó cooptado en su gran mayoría, salvo honrosas excepciones”. Debería ser “una herramienta de control para que no se genere impunidad”.

Sucede que aún “falta que la provincia, en su régimen de autonomía reflexione y vea que vamos a hacer con nuestro futuro, porque si en temas como estos el Poder Judicial no investiga estamos fritos”.

Sosa recordó que el Fiscal es designado “directamente por decreto del Poder Ejecutivo, a diferencia de los cargos de la magistratura de primera y segunda instancia”, algo que debería ser “revisado”.