Elevaron a la Legislatura para un tratamiento exprés el convenio por las represas

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz tratará en su próxima sesión el nuevo Acuerdo Marco para la realización de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. La pretensión del Poder Ejecutivo local es que sea votado sobre tablas para agilizar el comienzo de las obras, antes de la veda invernal. El nuevo Convenio ya ingresó a la Legislatura para que sea analizado por los diputados de los distintos bloques.

Como eje central, el proyecto hidroeléctrico sufrió dos cambios. Por un lado, en vez de tener 11 turbinas planificadas para generar 1740 Megavatios (MV), tendrá 8 turbinas que generarán 1350 MV. Por otro lado, las utilidades de las represas deberán pasar al Gobierno nacional en vez de quedar en la provincia, tal como se había estipulado en el Convenio Original.

El nuevo acuerdo echó por tierra algunos argumentos que se habían esbozado luego del 10 de diciembre, cuando el actual Gobierno nacional decidió la paralización de las obras. “Vimos que las represas están en el puesto número 20 entre las mejores formas de conseguir energía. Es decir, antes hay 19 opciones más viables, limpias y económicas. Vamos a intentar pararlas”, había dicho el presidente Mauricio Macri al comienzo de su gestión.

En la reunión de la semana pasada entre el ministro de Energía, Juan José Aranguren y el vicegobernador Pablo González, quedó claro que las represas no presentaban un problema ambiental. También quedó claro que sí eran prioritarias en función del acuerdo rubricado con China.

Al Gobierno no le convenía iniciar un conflicto diplomático con China en el caso hipotético de dar de baja las represas. Este país sigue siendo el destino principal de la soja que se produce en la Argentina, lo que implica ingresos de divisas nada despreciables para el Gobierno en un contexto donde el Banco Central dejó de sumar divisas. El otro dato que hacía suponer que las represas continuarían es que el BCRA está haciendo uso del swap con China, generado durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Dejar caer las represas era dejar de contar con el swap que pese a que fue criticado en un primer momento, el Gobierno y el BCRA hicieron uso de él.

Pero hubo un tercer elemento que jugó a favor de las represas y fue la presión de algunos gobernadores. Varios mandatarios provinciales advirtieron que si se suspendían las represas, con un previsible conflicto diplomático, lo más probable era que dicha potencia decidiera levantar sus otras inversiones en el país. Uno de esos pedidos llegó directamente de Córdoba, donde se ganó con casi el 70 por ciento de los votos. 

“Se le vuelve a dar vida al proyecto que estaba prácticamente paralizado. Aranguren ya me dijo que el tema ambiental no era un problema. Ahora los tiempos dependen de la firma de la letra chica entre la UTE y el Ministerio. Se nos viene la veda invernal así que habría que actuar con celeridad”, sostuvo el Vicegobernador al término de la reunión con Aranguren.

El nuevo convenio- El primero de noviembre de 2013 se había suscripto un contrato de abastecimiento de energía eléctrica entre la Provincia y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista (CAMMESA) por un plazo de quince años. Los fondos provenientes de la explotación del proyecto había sido cedidos por Santa Cruz al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica para el repago del financiamiento chino. Luego, las utilidades de las represas pasarían a quedar en la provincia.

Sin embargo, Aranguren apeló a una ley de 1960 (Ley de Energía Eléctrica) para argumentar que la obra debía someterse a la jurisdicción federal. Según la interpretación jurídica realizada por los funcionarios provinciales, dicha norma choca con la reforma de la Constitución de 1994, que estableció que la propiedad de los recursos naturales pertenecen a las provincias.

Por eso, son las jurisdicciones petroleras las que establecen las concesiones sobre su territorio. Además, con el tiempo las provincias fueron creando sus propias empresas energéticas para apropiarse de un mayor porcentaje de la renta hidrocarburífera y no depender solamente de las regalías. Esta era la concepción en torno a la generación de 1740 MV de potencia de las represas hidroeléctricas.

Sin embargo, el Gobierno nacional reclamó para sí el usufructo de todo el proyecto, mientras que Santa Cruz recibirá solamente el 12 por ciento en concepto de regalías por la energía vendida a CAMMESA, una vez repagada toda la obra.

En cuanto a la reducción en la cantidad de turbinas y por ende en la capacidad de generación eléctrica, habrá una merma de aproximadamente 200 millones de dólares en la obra civil y de 500 millones en los trabajos electromecánicos. Una parte de esa caída se compensará con 200 kilómetros de tendido para la interconexión con el sistema nacional.

La provincia necesita que las represas avancen. El proyecto empleará a 5.000 trabajadores y generará un importante movimiento económico. Hasta ahora los bancos chinos desembolsaron 600 millones de dólares para las represas.

Si bien el Gobierno nacional también acordó con los chinos continuar con este proyecto (y por ende con el resto de las inversiones de ese país dentro de la Argentina), todavía resta ultimar los detalles económicos vinculados al cambio en el proyecto original. El miércoles pasado, el directivo de la firma china Gezhouba, HuShiJub, estuvo reunido con el ministro de Energía y su par de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y acordaron junto a Electroingeniería e Hidrocuyo (las otras dos empresas que forman la UTE) el nuevo  Convenio Marco, cuyos números finos deberán cerrarse en los próximos 45 días.