El Gobierno busca relanzar la economía, con anuncios para jubilados y una amnistía fiscal

El Gobierno nacional presentará un proyecto de ley que, consideran desde la Casa Rosada, se transformará en "la medida social más importante del año". Se trata de un ambicioso paquete legislativo que consiste en un progresivo reajuste en los haberes de 2 millones de jubilados y la cancelación de los 300 mil juicios que impulsa la clase pasiva contra la ANSeS.

La iniciativa, bautizada como "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", será anunciada hoy por el presidente Mauricio Macri en un acto a las 10 en el Centro Cultural Julian Centeya, ubicado en Avenida San Juan 3255, en el barrio porteño de San Cristóbal. Allí, estará acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Economía, Alfonso Prat-Gay y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, además de los titulares de ANSES, Emilio Basavilbaso y el del PAMI, Carlos Regazzoni.

El Estado se propone cancelar las deudas que mantiene con los jubilados que tienen una sentencia firme de la Corte Suprema (50.000), los que iniciaron juicios y están en curso (250.000). A raíz de la "bomba fiscal" que supone la futura erogación - se calculan en $250.000 millones-, el Gobierno realizaría los pagos gradualmente, comenzando con los jubilados con más edad, los enfermos y aquellos que se encuentren en situaciones críticas. Los pagos a quienes impulsaron acciones judiciales serían de 50% al contado y el resto en 3 años, ajustables.

Además, hay 1.800.000 jubilados que no hicieron demandas, pero tienen los mismos derechos que los que sí lo hicieron. Por no haber hecho el reclamo, no gozarán de retroactivo, pero sí se les ajustarán los haberes hacia delante si renuncian voluntariamente a realizar un reclamo judicial.

El Gobierno estima que en promedio el reajuste de los haberes de los que acepten la oferta oficial sería del 45 por ciento, pasando de cobrar 7000 a 11.000 pesos . Los que rechacen la oferta no tendrán ningún reajuste de haberes y deberán seguir con los juicios, o bien iniciar uno nuevo. El proyecto no innovará con la retención del impuesto a las Ganancias, pero el descuento sobre la oferta retroactiva se calculará por los valores devengados de cada año.

El Poder Ejecutivo se propone concretar semejante desembolso a través de dos fuentes de financiamiento. Por un lado, los ingresos que perciba la AFIP a través del blanqueo de capitales, sobre el que esperan que sea "más exitoso" que el que impulsó Cristina Kirchner hace unos años por la "confianza" inversora que genera el Gobierno. Por el otro, los fondos que lleguen por la venta de acciones de empresas privadas que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y que están bajo posesión del organismo previsional, informó la agencia Télam.

Polémica en puerta
El desprendimiento de las acciones de la ANSeS traerá una casi segura resistencia del Frente para la Victoria. El año pasado, el kirchnerismo sancionó un ley con una cláusula que establece un mínimo de dos tercios de votos positivos para concretar este tipo de transacciones. Por este motivo, el proyecto incluye un artículo que deroga estas trabas legislativas. El oficialismo tiene la intención de voltear la anterior ley con mayoría simple.

Para el macrismo, la iniciativa sancionada entonces por el FpV respondió más a una cuestión ideológica que efectiva, ya que creen más conveniente desvincularse de esas acciones que pueden depreciar su valor por los vaivenes de la economía. Actualmente, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuenta con recursos por 770.000 millones de pesos, los cuales disminuirán notablemente cuando se produzcan la venta de los activos estatales. Durante la etapa kirchnerista, el FGS sirvió de "caja" para impulsar proyectos productivos y de infraestructura, entre ellos los realizados en la central atómica Atucha II y planes de viviendas en provincias.

Las acciones que integran el FGS pasaron a la ANSeS luego de que Cristina Kirchner reestatizó el sistema previsional y puso fin a las AFJP, en el año 2009. Se trata de inversiones que las ex administradoras tenían en importantes compañías del sector privado, como Telecom, el Grupo Clarín, Techint, entre otras. A partir de la reestatización, el Estado pasó a formar parte de los directorios de esas firmas con una participación minoritaria.

Infobae