Política

Amparo por Gas: El PRO criticó a ediles por no contar por qué se llegó a esta situación

Se trata del apoderado legal del partido, Sandro Levín, quien sostuvo que a los amparistas seguramente los asiste la razón en cuanto al procedimiento y al elevado aumento, “pero en nada informan el porqué del aumento y cómo hemos llegado a esta situación” y añadió: “Tal vez, por desconocimiento o por oportunismo político”. Hizo un repaso histórico.

  • 31/05/2016 • 07:00

El apoderado legal del PRO en Santa Cruz, Sandro Levín, hizo algunos cuestionamientos tras el amparo que presentaron en la justicia federal los concejales radicales de Río Gallegos y el senador “Freddy” Martínez, contra el aumento de la tarifa de gas luego de la Resolución 28/2016 del Ministerio de Energía de la Nación.

En un escrito -al que tuvo acceso este diario- Levín sostiene que a los concejales “seguramente los asiste la razón en cuanto al procedimiento y al elevado aumento, pero en nada informan el porqué del aumento y cómo hemos llegado a esta situación, tal vez, por desconocimiento o por oportunismo político”. Y añadió: “Lo cierto es que quienes integramos el frente Cambiemos, todo supimos desde el primer momento que los primeros tiempos iban a ser muy difíciles, llama poderosamente la atención que se sumen a un reclamo que es más fácil que a explicar cómo llegamos a esta situación o presentar una propuesta superadora”.

Levín reseñó que, desde hace más de 12 años, no ha habido una adecuación del precio respecto a la actividad y ello ha producido en la extracción de gas que el mismo sea deficitario. También que, como consecuencia de ello, las operadoras no han cumplido con los planes de inversión para mantener la actividad, a tal punto que se perdió el autoabastecimiento importando gas. “Como todos conocemos, la importación de gas se convirtió en un fascinante negocio en el que se movieron cerca de 10.000 millones de dólares por año, en el 2011 Argentina sumo otro puerto sobre el río Paraná, en Escobar”, dijo.

Sostuvo que la ONG Paso por Paso Argentina efectúo una denuncia contra el anterior gobierno nacional, mencionando que en el 2008 habría comprado -a través de Enarsa- siete barcos, al año siguiente 13 buques que descargaron en Bahía Blanca, 11 procedentes de Trinidad y Tobago y dos de Egipto. En el 2010, por el crecimiento de la demanda de gas, fueron 25 los buques que se necesitaban, en el 2011 (78) y en el 2012 (80) embarcaciones.

También comentó que se compró a Qatar y Bolivia -entre otros- “a precios exorbitante, lo que implicó la caída de la actividad en inversiones de exploración y explotación del gas natural y la pérdida de empleos genuinos” y que “donde más se sintió esta política importadora de gas fue en las provincias productoras como la nuestra”.

 

Discusión responsable- En el mismo orden, Levín expresó: “Entiendo que el precio del gas tiene que reformularse con urgencia, de lo contrario entramos en una situación sumamente complicada en el sector” y agregó que el aumento de la tarifa “tiende a revertir la industria gasífera y no solamente a mantener el empleo, sino a generar nuevos. Para ello es necesario reformular el precio, pero es obvio que tampoco se puede pagar una factura de gas a un precio tan alto que resulta imposible afrontarlo, que para ello entiendo y propongo una discusión responsable y seria de todos los sectores al respecto”.

En otro punto, el dirigente del PRO aclaró que, para afrontar este nuevo esquema tarifario, el Gobierno nacional adoptó un sistema de bonificación del 100% para los que menos tienen, llamado Tarifa Social, lo que para acceder a ello se instruyó un criterio de inclusión a saber: 1.- ser jubilado o pensionado, menor o igual a dos veces el haber mínimo. 2.- con empleo en relación de dependencia con remuneración igual o menor a 2 salarios (m.v y m.) 3.- ser titular de programas sociales.- 4.- estar en el régimen de monotributo social, 5.- estar en el régimen especial de seguridad social de servicio doméstico (art.21 –l 25.239), 6.- estar percibiendo seguro doméstico y 7.- certificado de discapacidad.-

 

RECUADRO DE NOTA

 

Obispos de la Patagonia pidieron a ministros nacionales reconsiderar el aumento del gas

 

Los obispos de la región patagónica-Comahue, que comprende a las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se dirigieron por medio de una carta a los Ministros de Energía y del Interior para presentarles el “fuerte impacto producido por los aumentos del gas y de la electricidad en la región patagónica”.

Los obispos recordaron lo que dijeron en el último mensaje de Pascuas: “A la luz de Cristo Resucitado re-proponemos la ‘Opción Preferencial por los Pobres’, como compromiso de que en el centro de nuestra mente, de nuestras actitudes, de nuestros gestos y de las políticas públicas ha de estar siempre la persona humana y no un desarrollo a cualquier precio (…)”.

“…Desde este punto de vista nos dirigimos a ustedes para compartirles nuestra profunda inquietud por los alcances, ciertamente no buscados pero sí causados, por los aumentos desmesurados de los servicios esenciales como son el gas y la electricidad”. “No nos cabe duda son aumentos que en algún momento debían darse, particularmente en los grandes centros urbanos que contaban con servicios subsidiados por el Estado, pero lamentamos que estos aumentos no hayan sido hechos gradualmente, sobre todo teniendo en cuenta que el invierno no es benévolo en la Patagonia y que en las provincias más australes del país se prolonga durante todo el año. Por eso se necesita imperiosamente gas y electricidad”.

“El reclamo doloroso de nuestra gente nos llega a diario a través de nuestros sacerdotes, agentes de pastoral y Cáritas parroquiales que se sienten impotentes frente a las angustias de los más pobres y necesitados y de tantas Pymes, que ven peligrar su continuidad comercial con la consiguiente pérdida de empleos que ello significaría”, indicaron más adelante.

Y, finalmente, sostuvieron: “Señores Ministros: con ánimo confiado nos dirigimos a ustedes a fin de hacerles llegar el pedido de reconsideración de las medidas tomadas a fin de evitar situaciones insostenibles que generan angustia en las familias e inclusive en escuelas y obras de promoción social de muy escasos recursos, injustamente gravadas por un peso insoportable”.

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