JUECES MILITANTES

Jueces militantes

Permítanme decirlo sin ambages.-

Hay una necesidad global de construir un entendimiento genuino de lo legal, pero si el poder político trata de imponer a la fuerza o a través de la gubernamentalidad solo se convierte en legal en la medida que es obedecido y no resistido.-

Debemos diferenciar entre independencia oficial (la que está en el papel, en las normas que rigen la función jurisdiccional) e independencia real (aquella de la que dispone el juez en la práctica). Ha habido importantes avances en materia de leyes y reglamentos que intentan blindar la independencia de los jueces y las judicaturas, pero la realidad muestra algo distinto, actores externos al Poder Judicial siguen teniendo una fuerte injerencia en sus decisiones. El poder político sigue siendo un actor importante, principalmente, el Poder Ejecutivo, pero también los es el poder económico.-

Otros factores la afectan, la independencia de los jueces también se ve afectada muchas veces desde la propia institución judicial, donde existe una concentración importante de poder en los Tribunales supremos, que suelen decidir sobre el nombramiento y la promoción de los jueces y las medidas disciplinarias que se imponen. Si a eso le añadimos que, frecuentemente, los miembros de estos Tribunales Superiores son elegidos por su cercanía al poder de turno, el círculo se cierra aún más.-

Debido a las numerosas funciones que tienen los magistrados, tanto administrativas como jurisdiccionales, el Poder Ejecutivo suele estar interesado en que sean personas “de confianza con afinidades políticas”, en lugar de tener titulares más idóneos para ocupar estos cargos. Existe, entonces, el riesgo de violentar las reglas de procedimiento, manteniendo un amplio margen de discrecionalidad en la escogencia de estas autoridades.-

Como lo mencioné, la injerencia se hace sentir, sobre todo, en decisiones de importancia trascendental -económica o política-. En ese sentido, la jurisdicción suele decidir asuntos de importancia para el gobierno; El conflicto ocurrido el mes pasado dentro del Poder Legislativo, por un proyecto del Poder Ejecutivo que terminó en manos de personas “de confianza con afinidades políticas”, del Poder Judicial, es un buen ejemplo de esto.-

¿Podemos dudar de la influencia política en esas decisiones? El veredicto es sí, ¿Existe transparencia?, la respuesta es no. Solo basta con ver a la actual Jueza de Cámara Reneé Fernandez  quien fuera años atrás Apoderada del Frente para la Victoria y Secretaria Legal y Técnica en la gestión del aquel entonces gobernador de Néstor Kirchner, No podemos ni siquiera creer entonces que sea en la actualidad independiente, imparcial, objetiva y mucho menos, que brinde la garantía de Impartialidad. Considero que existen intereses en el objeto del proceso como obviamente en el resultado de la sentencia. Existe por tanto, pruebas que establecen consecuencias sucesivas de hechos los cuales están en relación íntima los unos de los otros, siendo estos hechos comprobados y por demás manifiestos.-

Podría referirme, si se quiere también, a presunciones “Basta que existan las presunciones para que se examinen, sin necesidad de que las partes las ofrezcan como pruebas, toda vez que siendo las consecuencias que se infieren de otros hechos, al ofrecerse las tendentes a la demostración de estos últimos, necesaria y tácitamente se tienden a demostrar los que se deduzcan de ellos, e implícitamente se ofrecen también la prueba de presunciones” (Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1995, quinta época, p. 221).-

Sostengo, en suma, que su pasado y el actual  Poder condicionan su autoridad, dignidad, cargo y hasta su pensamiento. Razones suficientes para excluirla del caso.-

A mayor abundamiento, vale mencionar que la impartialidad es un término jurídico que se refiere a la garantía del derecho procesal de que el juez no ha de ser parte en el proceso en el que debe dictar sentencia, ya que el hecho de ocupar los roles de acusador y juzgador a la vez no garantiza un debido proceso. En términos simples, impartialidad significa que el juez no es una de las partes en el proceso.-

En cuanto a su definición doctrinal, la impartialidad es la imposibilidad del tercero que sentencia de realizar o reemplazar la actividad que durante el proceso deben llevar a cabo las partes. Un acusador y un acusado; un pretendiente y un pretendido; un actor y un demandado; y un tercero que por ser tal, no puede ser ni el primero, ni el segundo. El tercero que, siendo juez hace su profesión y más un medio de vida su calidad de tercero no puede ser ni uno ni otro. Ello llevó algún día a sostener que la primera calidad del juzgador es su impartialidad, no es parte del proceso porque, si lo es, es acusador o acusado. Es demandante o demandado.-

El caso de las Juezas Fernandez y porque no la de Roxana Suarez, me llevo a recordar a ciertos actos intentados en el 2010, donde por aquél entonces se discutía una iniciativa Kirchnerista, para que los Jueces puedan afiliarse a partidos y participar en política. El proyecto original era del kirchnerista Carlos Kunkel donde abarcaba a los jueces. Luego se sumaron otras propuestas similares del oficialismo, como por ejemplo la del legislador Kirchnerista por Santa Cruz Nicolás Fernández (Senador por el bloque del Frente para la Victoria entre 2005 y 2010 e integró el Consejo de la Magistratura como representante del Senado). En dicha oportunidad, el Juez Miguel Ángel Gálvez tuvo fuertes contrapuntos, en especial con los legisladores kirchneristas. El Magistrado señalaba que “un compromiso con un partido político puede afectar la independencia de los jueces y quienes los rodean. Por otro lado, el presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Luis Cabral señalaba: “El apartidismo es lo más razonable para jueces, como lo incluyen algunas Constituciones provinciales como las de Santa Cruz (art. 130º) y Santa Fe, entre otras. Es una expresión de imparcialidad necesaria, la intervención de la Corte Suprema no es casual. El máximo tribunal, se puede abocar a revisar decisiones que surgen de cualquier cuerpo judicial como lo hizo, por ejemplo, con el régimen de licencias”.-

Quizás, aquel intento -fallido- del año 2010, de tener jueces militantes, lo están avivando hoy en dia en Santa Cruz, obviamente sin tapujos pero extramuros de las leyes. Cabe recalcar, que la democracia demagógica se caracteriza por la ausencia de límites legales.-

En consecuencia y haciendo un repaso de los sucesos, tenemos al juez Francisco Marinkovic quien declaró la nulidad de la sesión del 23 de junio en la legislatura mediante la presentación interpuesta por la Diputada Provincial Dra. Roxana Reyes. Luego, la Fiscalía de Estado presentó un recurso en la Cámara, seguidamente el Gobierno de Alicia Kirchner, por medio de los jueces Reneé Fernandez y Nelson Sánchez recusó absurdamente al Juez Dr. Carlos Arenillas, por considerar que el magistrado emitió “prejuzgamiento” al publicar un mensaje digital que envió a través de la red social Twitter “nueva discusión y Sesión de la Cámara por el empréstito”. ¡Vaya prejuzgamiento!.-

Si realizamos una analogía, los fundamentos vertidos por la jueza Reneé Fernandez para la mencionada recusación del Juez Arenillas, van en contra de los criterios utilizados de quien fuera - o es - su líder política, debido a que, en el año 2013 Cristina Fernandez de Kirchner señalaba -defendiéndolo- con respecto al Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Zaffaroni, lo siguiente: "¿Qué es esto de que tenemos que tener jueces que no piensan nada? A mí me asusta la gente que no tenga nada en la cabeza y no piense en nada. Me asusta mucho. En realidad yo creo que todos piensan algo; lo que pasa es que algunos no pueden decir lo que piensan o lo que creen, que es diferente".-

Retomando, después encontramos a los Diputados Gabriela Mestelán y Alberto Lozano, quienes presentaron una recusación contra la Dra. Reneé Fernández por parcialidad manifiesta.-

Finalmente, la Asociación de Abogados de Rio Gallegos (A.A.R.G) repudió la Resolución de las Dras. Reneé Fernandez y Roxana Suarez (ambas de la Cámara de Apelaciones), por haber aplicado sanciones infundadas contra varios letrados que patrocinan causas de los Diputados del Bloque Cambiemos.-

Ante este panorama, la gobernadora se pone inquieta, dado que existe la posibilidad de que quede en jaque su poder, si se declara finalmente la nulidad y/o inconstitucionalidad del proyecto de endeudamiento. En primer lugar, pierde validez lo sesionado por sus Diputados (Poder Legislativo) el 23 de Junio pasado, por el otro, el gobierno (Poder Ejecutivo) no contará con fondos extras vinculado a la solicitud de empréstito (10 mil Millones) y peor aún, cabe recordar que, no podrá pagar vencimientos sobre anterior préstamo (año 2015) tomado por $ 4.500 Millones por haberse declarado nulo e inconstitucional, ya que, el juez provincial Francisco Marinkovic ejecutó la anulación del mismo. Por ultimo tenemos al delfín del gobierno, utilizando a ciertos jueces Camaristas (Poder Judicial), los cuales, por lo visto, mediante sus diferentes acciones vienen resquebrajando reiteradamente diferentes normas legales, con argumentos endebles y actuaciones fuera de la ley.-

Volviendo al tema del endeudamiento del año pasado, no se advierten por las localidades inversión alguna por parte del gobierno provincial sobre los $ 4.500.000.000 tomados en los últimos meses del 2015, dado que, no se observa una sola obra pública en ejecución -tampoco vemos juicios contra anterior administración-, Caleta Olivia por ejemplo sigue sin tener agua de red potable directa y además tiene su red cloacal colapsada, vemos como en todo el territorio no se hacen viviendas, no se desarrollan industrias nuevas, la situación edilicia de los establecimientos educativos están destruidos, los hospitales públicos padecen carencias de insumos, instrumental, maquinarias (Ejemplo: el resonador magnético hace dos años y medio sigue sin funcionar en el Hospital Regional de Río Gallegos), algo de lo cual deberán rendir cuentas oportunamente ante el pueblo y porque no ante la Justicia.-

En definitiva, en menos de un mes, entre fuertes disputas y rispideces, aparecieron Pedidos de nulidad, amparos, medidas cautelares, medidas de no innovar, recusaciones, oposiciones, suspensiones de leyes, entre otros procesos legales más, los cuales parecen ser las batallas de estos últimos días.-

Puedo afirmar, entonces, luego de desmenuzar los hechos, según los casos, que se está mostrando al pueblo de Santa Cruz y al resto del País, la existencia constante de infracciones a leyes, cercenamientos de normas Constitucionales e Internacionales, vicios procesales, parcialidad de jueces, injerencia de poderes y, por si fuera poco todo ello, vemos como la máxima autoridad Judicial de la Provincia (Tribunal Superior de Justicia) viola la Ley de Subrogancias de Magistrados.-

Ciertas metodologías gubernamentales de nuestra provincia, se acercan cada vez más, a las utilizadas por el Rey Mswati III del País Africano  Suazilandia, conocido por actos de corrupción, fraude por cifras millonarias y concentración del poder.-

Seguramente, el propósito del gobierno -por imperiosa necesidad- sea aplicar un “orden jurídico alternativo”, el cual, si bien pretende mostrar como un “sistema neutral del Estado de Derecho”, lo cierto es que, guarda innumerables ilegalidades las cuales intentan que sean legitimadas, justamente, por sus jueces militantes.-

Vinculado a ello, me trae a la memoria las manifestaciones reiteradas de la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, cuando promociona de una forma agresiva la existencia de un “Partido Judicial” en Comodoro Py. Obviamente, omite mencionar que su cuñada y amiga (nuestra Gobernadora) lo tenga en Santa Cruz. Sorprendente no?.-

Ante estos  precedentes los cuales me atrevo a calificarlos de extraordinariamente parciales y apartados de toda legalidad, donde se puede advertir a magistrados desempeñándose como verdugos medievales llevando consigo una suerte de guillotina “cortando cabezas” por el camino ante aquellos que reclaman justamente por justicia, o más bien, que se respeten las normas legales,  y ante estas ciclópeas luchas judiciales puedo afirmar, entonces, la necesidad como acto imperativo, que todo el caso debe ser elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), mediante la presentación de un Per Saltum y, sea el máximo tribunal de justicia de la República Argentina,  quien resuelva en definitiva.-

En la mayoría de los casos, busco la comprensión de los hechos a partir de ciertas contradicciones, pues éstas me aportan -a veces- la información de la verdad. Ante ello, busque citas de la gobernadora y hace exactamente quince días atrás dijo lo siguiente: “Las instituciones en nuestra democracia no pueden, ni deben funcionar bajo presión (…), les pido que el miedo no los paralice ni nos haga indiferentes o mirar para otro lado (…) Santa Cruz no puede ser rehén de ambiciones politiqueras con que se dedican a obstruir cualquier acción (…) ni tampoco puede quedar atada a quienes interpretan que sus fueros (…) les permiten llevarse por delante honras, personas y destruir bienes públicos”. (Discurso Cadena Provincial, Gobernadora Alicia M. Kirchner, 29/06/2016).-

Ya lo dijo Napoleón Bonaparte "Nada puede ir bien en un sistema político en el que las palabras contradicen los hechos".-

O bien, me puedo remontar al 31 de agosto de 2015 cuando Alicia M. Kirchner siendo Ministra de Desarrollo Social presentó el Manual Popular de Derechos Humanos, cual transcribe: “Los tratados de Derechos Humanos reconocen tanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales. Nuestro país los incorpora en la Constitución Nacional, en lo más alto de la pirámide jurídica (…) en el imaginario popular hay una idea generalizada de que los Derechos Humanos son sólo los derechos políticos y civiles libertad de expresión, no discriminación, participación política, derecho a no ser reprimido o censurado, a votar, a la  identidad, entre otros (…) Reparar, reconstruir, resignificar la experiencia de la ciudadanía; llegar a la justicia y a la verdad garantizar y crear derechos” (Dra. Alicia Kirchner Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Manual Popular de Derechos Humanos, Prólogo y págs. 9, 13, 14).-

Habría que preguntarle entonces a la Gobernadora, si a ese “Manual de Derechos Humanos”, le arrancaron algunas páginas antes de publicarlo, porque como es sabido, el debido proceso, o sea, la regla cronológica en la garantía del Juez Natural, está garantizado en el art. 8.1 “Garantías judiciales” de la Convención interamericana de Derechos Humanos. Contemplando ciertos manejos, algunos  jueces no alcanzan los estándares de competencia, independencia e imparcialidad y no se está garantizando el derecho a ser oído por un juez designado con anterioridad por la ley. ¿Habrá Derechos Humanos paralelos y los desconocemos?.-

Los valores tanto de independencia como imparcialidad, se requieren para la ecuanimidad al decidir el caso. La independencia judicial se logra positivamente, es decir, rodeando al juez de ciertas barreras que impidan, abstractamente, interferencias de los poderes políticos, incluso dentro del propio Poder Judicial, de modo de asegurar que su fallo solo sea dado en obediencia a la ley. En el caso de Santa Cruz, estamos ante la presencia de una imparcialidad, negativamente manifiesta.-

A resumidas cuentas de lo reseñado, Sra. Gobernadora, le suplicamos los santacruceños que aplique sus propias creencias, ya que, es inaceptable que según su conveniencia política-gubernamental, se esmere en borrar con el codo lo que escribió con la mano. Lo que es menester remarcar es el desobedecimiento a la literalidad de los textos legales, la constante indebida injerencia, intromisión o llámese si se quiere interferencia del Poder Ejecutivo dentro del Judicial.-

Sra. Gobernadora, le pedimos cordura, su Partido Kolina está siendo investigado por la justicia por diferentes irregularidades, no le basta con eso, que ahora pretende armar una agrupación equivalente pero con jueces militantes.-

JUAN IGNACIO PARADISO

Caleta Olivia