En junio, ATE había advertido a fiscal sobre la presencia de violentos en corte de UOCRA

La presentación se hizo el 7 de junio de este año, ante los estrados federales de esta capital, en función de la obra civil que se desarrolla en el complejo ferroportuario de Punta Loyola, la que fuera paralizada con posterioridad al ingreso de trabajadores encabezados por la dirigencia del gremio de la construcción.

El bloqueo se ventila en Expediente N°59424/2016 “Averiguación Presunto Entorpecimiento de Servicios Públicos (Artículo 194 – CPA)”, iniciado por la presentación de YCRT, con intervención de la Justicia que dispuso personal de Prefectura y que luego, a instancias de escrito de la empresa, retiró la custodia del predio.

En su presentación, la que acompañó con fotos en las que se ve a las personas que desde ayer serían sindicadas como presuntos autores materiales del homicidio en el barrio San Benito, Luis González, paritario de ATE, puso en conocimiento al fiscal Miranda que en las medidas llevadas adelante por UOCRA “no sólo se entorpecieron las actividades con un proceder violento como la agresión física al compañero P.A. quien se desempeña en el ingreso al complejo, sino que además la obra civil se encuentra paralizada, como consecuencia de un accionar extorsivo”.

Esto último obedecía a que el grupo de trabajadores de la construcción “no sólo se molestó por la concurrencia de los compañeros de YCRT a su lugar habitual de trabajo… Sino que impusieron que los trabajadores de la empresa se retiraran de su lugar de trabajo, sino no dejarían salir a nadie” y agregaba que “…Entre los integrantes de la delegación se encuentran personas claramente comprometidas con la Justicia, lo cual surge de las fotografías tomadas por ellos mismos en ingreso e interior de las instalaciones de YCRT”.

El escrito plantea cierto temor de los trabajadores de YCRT al recordar aquel episodio en el que UOCRA se vio envuelto en la golpiza a docentes enrolados en la ADOSAC, acaecido años atrás en la localidad de 28 de Noviembre, situación que también se encuentra judicializada.

Pese a la advertencia, el reclamo de González, munido de once fotos, no habría tenido una respuesta por parte de la Justicia Federal. (Ver más en páginas 16 y 17 de la sección Policiales).