El Gobierno pidió la nulidad del acuerdo salarial de judiciales y recusó a tres magistrados

La situación plantea un hecho político en sí mismo, ya que la Constitución no prevé cómo se resuelven los conflictos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. La pelea por la vigencia del acuerdo salarial de los trabajadores judiciales llegó a su punto más álgido el fin de semana, cuando el Gobierno presentó una demanda de inconstitucionalidad del acuerdo firmado el martes por el máximo tribunal, aduciendo que es nulo y puso en juego las alicaídas arcas públicas.

El 14 de marzo y tras dos semanas de paro, el Gremio de Empleados Judiciales “3 de Julio” logró que el Tribunal Superior de Justicia votara positivamente por la aplicación del 10% de aumento dispuesto el año pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta escala había sido suspendida semanas atrás por el mismo tribunal, con los votos de Paula Ludueña, María de los Angeles Mercau y la camarista Renee Fernández. Pero sucede que el gremio interpuso un recurso de  reconsideración que fue aceptado. Recusó a Fernández y su reemplazo por Enrique Arenillas, junto a Mauricio Mariani y Enrique Peretti, torció la balanza en una nueva votación.

TiempoSur tuvo ayer acceso a las demandas emplazadas por el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, en las que se lee que la Resolución del 14 de marzo, “quebranta en forma flagrante todo plexo normativo que regula la cuestión presupuestaria del Estado provincial, erigiéndose en un acto de suma gravedad constitucional”.

Asimismo, el Estado promovió una acción de inconstitucionalidad y una recusación con causa, esto último para los vocales Mauricio Mariani, Enrique Peretti, el juez de la Cámara de Apelaciones, Enrique Arenillas.

DE LAS RECUSACIONES A LOS JUECES

Cuando el 24 de febrero, las juezas Ludueña, Mercau y Fernández ganaron la pulseada suspendiendo el acuerdo salarial de los judiciales, Peretti y Mariani lo rechazaron argumentando que el Poder Judicial sí contaba con partidas presupuestarias para pagar el 10% de aumento salarial.

Esta decisión generó escraches y protestas por parte de los trabajadores y la jueza Fernández decidió llevarlos a la Justicia, logrando con una medida autosatisfacía, que el juez Diego Lerena resolviera exhortar al gremio a cesar con el hostigamiento.

Paralelamente el gremio interpuso un Recurso de Reconsideración de la suspensión salarial y cuando se lo aceptaron, recusó a Fernández por el pleito mencionado más arriba, lo que obligó al TSJ a votar nuevamente, pero esta vez, sumando a Enrique Arenillas. Fue ahí que, con la salida de Fernández, Mariani y Peretti tuvieron un aliado con el que quebraron la voluntad de las juezas.

Ayer, el Gobierno aportó fotos que el gremio judicial subió a Facebook, en la que se ve a Arenillas solidarizándose con los trabajadores que protestaban fuera del TSJ. La imagen fue subida el día previo a la votación, por lo que, para el fiscal Tanarro, Arenillas adelantó su posición.

LA OTRA RECUSACION

En una presentación a parte, el Gobierno de Alicia Kirchner pidió al presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Ramos, que el vocal por la Minoría, Javier Stoessel, sea recusado, cuando ese organismo tenga que hacer una revisión presupuestaria que ratifique que el Gobierno no cuenta con fondos para hacer frente al aumento salarial y que, por otro lado, no existe para ello una partida específica que haya sido incluida en el presupuesto 2017.

En el caso de Stoessel, la Fiscalía de Estado fue más contundente, detallando que el vocal fue representante del gremio judicial en varias causas, como por ejemplo, el pedido de juicio político para la jueza Betina Bustos. “Es más, al día de hoy sigue siendo el estudio jurídico del Dr. Javier Stoessel quien atiende los asuntos de gremio aludido”, se lee en la presentación.

El Gobierno no duda de que allí hay un conflicto de intereses, que se suma a notas periodísticas en las que se evidenciaría que también Stoessel “se apersonó, como mínimo, para solidarizarse con el gremio” cuando estaban protestando frente al TSJ.

EL GREMIO NO BAJA LA GUARDIA

Los rumores de una posible presentación de inconstitucionalidad corrieron ayer durante toda la jornada. “El martes les dijimos que ahí no se terminaba el tema, que solo habíamos ganado una batalla, y que no había que bajar la guardia. Teníamos que esperar a que nuestro enemigo, si nuestro enemigo, hiciera el próximo movimiento, porque seguramente no se iban a quedar de brazos cruzados aceptando la derrota” dijeron desde el gremio.

Definieron a la embestida de la Fiscalía de Estado como “una jugada fuerte” y reclamaron a las bases “una firme reacción en el plano sindical” que se reunirá mañana, que entre otras cosas, debatirá sobre el pago de salarios “en tiempo y forma”.

El derrotero del 10%

El régimen de Paritarias para el Poder Judicial fue sancionado el 26 de junio de 2008. El mismo (Ley 3022) rige las negociaciones colectivas que se celebren entre el TSJ, la provincia de Santa Cruz y las asociaciones sindicales.

Por imperio de esa ley el Poder Judicial y el gremio 3 de Julio, celebró en 2009 el acta 31/9 que instauró el mecanismo de liquidación de haberes para el personal. Es justamente ese acuerdo el que estableció que los aumentos que dispusiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aplicarían, en porcentajes, de forma automática al sueldo básico.

Hete aquí, que en su artículo tercero se estableció, de igual modo que “respecto del concepto de automaticidad establecido en el presente artículo para aplicación de los incrementos salariales que establezca la CSJN para sus ministros, queda supeditado a la existencia presupuestaria necesaria para sostener dicha pauta salarial y a la vigencia de la herramienta legal que lo prevea”. Lo expuesto aquí, es para el Gobierno el principal argumento a favor.

Ahora bien, en la Ley de Presupuesto de este año (N° 3526), publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre “no se establecieron partidas presupuestarias para nuevos aumentos en el Poder Judicial”.

Por eso, el 24 de febrero, el TSJ suspendió  la instrumentación del acuerdo paritario, entendiendo que no había fondos para hacer frente, por ahora, a los aumentos salariales.

Esto se dictó porque el Gobierno informó al Poder Judicial, a través de una nota del ministro de Economía, Juan Doninni, fechada el 14 de marzo, advirtiendo que la pretensión de brindar aumentos al personal judicial “no solo cuestiona una ley debidamente sancionada por la Cámara de Diputados (Ley de presupuesto) sino que obliga a incrementar el déficit presupuestario, ya que el Estado provincial no cuenta con los recursos adicionales que éste solicita incorporar a su partida, resultando ello, de momento, materialmente imposible”.

En este punto, vale mencionar que uno de los párrafos de la demanda presentada ayer por el Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía de Estado, sostiene que la suspensión del acuerdo salarial es momentáneo, ya que nada quita que “una vez equilibradas las arcas del Estado provincial y garantizada la existencia presupuestaria necesaria para sostener la pauta salarial que se propone, pueda ´procederse a la emisión del acto que así lo disponga”.