Política

Tildada de discriminatoria, fue sancionada la ley del 70 a 30

La oposición hizo observaciones sobre la norma que pone tope a la contratación de mano de obra foránea, por rayar lo inconstitucional. En tanto, se mandó al archivo el pedido de interpelación al ministro Mazú.

  • 25/06/2010 • 00:00
"El 30 por ciento puede ser de otras provincias", indicaron desde el bloque PJ.

Ayer se aprobó, con algunos cuestionamientos, la ley mediante la cual se crea un registro único de trabajadores y empresas de las actividades pesqueras, petroleras y mineras de la provincia de Santa Cruz.
La norma legal obliga a las operadoras a contratar empresas y mano de obra radicadas en Santa Cruz, lo cual fue observado por la oposición, por “rayar lo inconstitucional”, debido a que además exige años mínimos de residencia en la provincia.

Inconstitucional

En el recinto la oposición acompañó en términos generales el proyecto de ley, aunque cuestionó el artículo 3 de la norma, cuya última modificación ingresó por artículo 64 que expresa: “las empresas operadoras de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, exploración y explotación minera y pesqueras, asentadas en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, darán preferencia a contratar al 70% de mano de obra local, los que deberán contar con dos años de residencia en la provincia, acreditada mediante constancia asentada en el documento nacional de identidad y certificado de domicilio expedido por la autoridad competente; en forma directa o indirecta a través de las empresas radicadas en la jurisdicción provincial y que presten servicios para éstas”.
La diputada Nadia Ricci (UCR) indicó que hay algo que no se estaba tomando en cuenta al momento del análisis, que es la afluencia de familias a las distintas localidades, desde hace alrededor de tres a cuatro años.  
“Si no va a ser posible a estas familias insertarlas en un trabajo en una empresa privada, porque estas son las únicas empresas privadas que hay en la zona, tengo que pensar que las va a absorber el Estado provincial”, indicó.
“Al margen de los otros cuestionamientos como el de inconstitucional, sumó también esta preocupación porque me pasa en Perito Moreno de mucha gente que viene a pedir trabajo y que nosotros muchas veces lo canalizamos porque no es posible hacerlo a través del empleo público”, expresó.
Asimismo, la oposición destacó que hay mucha legislación que ya abarca el tema tratado del 70 a 30, como la Ley de Obra Pública; la Ley Marco de Hidrocarburos o la Ley de Pesca, por lo que no veían necesario seguir escribiendo sobre el tema sino acentuar los controles.

“No discriminamos”

Por otra parte, el diputado Rubén Contreras (PJ) –autor de la ley- señaló que Santa Cruz tiene una particularidad en Zona Norte que es encontrarse muy cerca al límite con Chubut, lo que genera que la mayoría de las empresas mineras, pesqueras y petroleras tienen sus oficinas administrativas allí, por lo tanto, toman personal de la provincia limítrofe.
Contreras aseguró que con la sanción de esta ley se logra que se cree un registro único de trabajadores y de pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo o servicios con lo cual podrán “acceder tranquilamente a un trabajo en los yacimientos”.
“Por eso apuntamos a ese 70 por ciento para que tengan prioridad los santacruceños y el 30 por ciento pueden ser de otras provincias”, argumentó.
“A lo que apuntamos es que si el trabajo está en Santa Cruz, que sea trabajo para los santacruceños” y en ese orden advirtió “con esto no estamos discriminando sino que en este momento están siendo discriminados muchos jóvenes santacruceños ya que no se los toma cuando el trabajo está en la provincia”, aseveró.
Más adelante, Contreras señaló que “a la ley le agregamos otras sectores porque creo que es importante que lo hagamos, esto en virtud  a las reuniones que tuvimos con la gente de la construcción en Caleta Olivia, del sindicato de la UOCRA, que necesitan que la ley los incluya”.
“Hay –indicó– mucha gente extranjera de diferentes nacionalidades y muchas veces indocumentados que son contratados y pagados en negro por las empresas; es por eso que necesitamos un fuerte control para que se pueda llevar  a cabo esta norma legal”.
Después del debate, la ley fue sancionada por la mayoría oficialista.

Sin informes

Otro de los temas del día era el pedido para que el Ministro de Asuntos Sociales diera explicaciones a los diputados sobre diferentes aspectos de la salud pública.
Los partidos Encuentro Ciudadano y el radicalismo querían saber el estado y situación actual del funcionamiento de los hospitales públicos, principalmente del   de Caleta Olivia.
También el estado y situación actual de la atención y prestación de servicios a los ciudadanos de las distintas localidades del interior, y de cada uno de los hospitales públicos con relación a: recursos humanos, tecnológicos y materiales existentes, entre otras cosas.
Pero desde el bloque mayoritario se observó que en realidad la oposición pretendía hacer ver al sistema hospitalario como caótico y aprobaron el despacho por mayoría, enviando la propuesta al archivo.

Relocalización de tanques de YPF

De acuerdo al temario, los diputados aprobaron una resolución en la que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial incluir en el Plan de Obras Públicas del año 2011, la repavimentación de la pista de aterrizaje y refacción del aeródromo “Presidente Juan Domingo Perón” de la localidad de Puerto Santa Cruz.
Los legisladores sancionaron la ley que modifica el Artículo 1 de la Ley 2311 (Ley de Impuestos, Tasas y Contribuciones). Luego sancionaron un proyecto que solicita al Consejo Agrario Provincial, realizar la donación de un terreno, al Club Social y Deportivo Patagonia Austral, de la localidad de El Chaltén.
Luego sancionaron una iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, el reemplazo o relocalización de tanques de reserva de combustible que poseía YPF frente al muelle “El Turbio” de Río Gallegos, hacia el Puerto de Punta Loyola.
Más adelante aprobaron una solicitud al Poder Ejecutivo Provincial para que, por medio de la Jefatura de Policía, tramite la implementación de patrullas móviles para que controle el tramo de la Ruta Provincial Nº 16. El mismo tratamiento recibió un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, instrumente la pronta reglamentación de la Ley 2934 (Actividad Pesquera Artesanal).
Sancionaron un proyecto que solicita a la Secretaría de Minería de Nación, que implemente en el ámbito de nuestro distrito el Plan Nacional de Minería Social y del Plan Nacional de Huellas Mineras.
Además prestaron acuerdo para la designación de la Profesora Marisa del Carmen Oliva, en el cargo de Vicepresidente del Consejo Provincial de Educación “Ad Honorem”, quien fuera designada en Comisión mediante Decreto Provincial Nº 2818, de fecha 7 de diciembre de 2009; entre otros.