YPF aún no contestó las intimaciones

La operadora petrolera que posee alrededor del 70% de la producción en yacimientos de Santa Cruz, aún no respondió las cartas documento enviadas por la provincia, ante el faltante de combustible del mes de febrero y la supuesta “desinversión” de las áreas que opera realizada sobre finales de la semana pasada.
La primera de ellas está relacionada a una nota enviada por la Subsecretaría de Comercio de la provincia, junto al Instituto de Energía de Santa Cruz, por las 72 horas de inconvenientes severos sufridos el fin de semana de carnaval.
“Lo que estamos averiguando es la cantidad de combustible que están trayendo estos equipos porque hemos encontrado que la cantidad que venía entregando YPF a las estaciones de servicio, no son los mismos cupos que tenían acostumbrado a proveer”, manifestó por entonces a TiempoSur el ministro de la Producción, Rafael Gilmartin.
La provincia quiere saber efectivamente si tal como lo arrojaron las relevamientos a las estaciones de servicio, la petrolera está enviando menos combustible del que debería, para decidir si emprende o no sanciones.   

Aún tiene tiempo- Pero sin dudas el tema de las últimas semanas en cuanto a política hidrocarburífera está relacionado a las cartas documentos enviadas por las provincias productoras –entre ellas Santa Cruz- para que Repsol YPF aclare financiera y técnicamente porqué no invirtió en las áreas como debería haberlo hecho.  
La operadora tiene cinco días hábiles para contestar pero aún ayer no había certezas desde el Instituto de Energía que se haya notificado al respecto. Sin embargo, a la provincia que ya le contestó fue a Chubut, que en este caso había acompañado el pedido con un decreto del Gobernador.
“No tomamos el mismo camino para no caer en situaciones judiciales; además, preferimos no exponer al Gobernador por eso enviamos una carta documento”, le confió ayer una fuente del Gobierno a TiempoSur.

La respuesta a Chubut- Fue ayer cuando YPF rechazó en forma categórica haber incumplido un compromiso de inversión y producción en Chubut y cuestionó la aparente “arbitrariedad y discriminación” del Gobierno de esa provincia, ratificando la voluntad de la empresa de contribuir con el crecimiento y desarrollo en toda la región.
La compañía criticó el decreto 271, suscripto el 1° de marzo último por el gobernador Martín Buzzi, en el cual se acusa a YPF de supuestos incumplimientos en dos yacimientos: El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.
El director de Comunicación e Imagen de YPF, Sergio Resumil, aseguró que "en el propio informe técnico que acompaña el decreto se consigna que en las dos áreas se registró, en los últimos años, un aumento significativo de las inversiones, y lo muestra, incluso, con gráficos que abarcan el período 2007-2010. El mismo documento destaca que en ese lapso aumentaron también las reservas probadas y probables".
Según el comunicado que difundió la empresa, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Energía de la Nación, de las 37 concesiones otorgadas a distintas operadoras, "en Chubut sólo 8 han tenido inversiones significativas, es decir, por encima de los 10 millones de dólares. Dentro de esas 8 están Manantiales Behr (operada por YPF) y las dos áreas mencionadas en el decreto".
"Por otra parte, hay 10 concesiones que no tienen producción alguna en 2011 y 19 que no registraron ninguna inversión en el año 2010. Sin embargo, el Gobierno de Chubut no adoptó con ellas ninguna medida y, en cambio, sí lo hace con YPF, que incrementó la inversión y las reservas. Esto demuestra que existe en apariencia un trato injusto y desigual y una persecución sistemática hacia la compañía que más trabajo y desarrollo ha generado en la provincia", agrega el escrito.
Resumil advirtió que aparentemente el Gobierno de Chubut "podría tener decidido, de forma unilateral, arbitraria y discriminatoria quitarle a nuestra empresa dos concesiones", y afirmó que esa pretensión podría desembocar en un "grave perjuicio a toda la comunidad, las empresas regionales de servicios y los trabajadores por el corte de contratos, la caída de ingresos fiscales y la caída de empleos".
La empresa aclaró que va a defender legítimamente sus derechos acudiendo a cuantas instancias y tribunales considere necesarios para defenderlos ante esta arbitrariedad.