Al preso que estudie se le reducirá su condena

En 2011, el Congreso Nacional votó la modificación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa, por lo que hoy en día los ministros nacionales Julio Alak -de Justicia- y Alberto Sileoni –de Educación- anunciaron la aplicación del sistema de incentivo que beneficia a los internos, los cuales deberán estudiar y así su condena dictada por un tribunal de Justicia será reducida hasta 20 meses.
Cabe recordar que en julio de 2011 ambas Cámaras votaron las modificaciones a la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad poniendo en el artículo 140 de la 26.695 de “estímulos educativos”.
En este marco, TiempoSur dialogó con Fabián Coniglio, coordinador de Educación en Contextos de Encierro dependiente del Consejo Provincial de Educación (CPE), quien remarcó que la reducción de la pena no es noticia nueva, pero lo que es realmente destacable es que la modificatoria de la Ley 24.660 cambia el paradigma de la educación: “Es una ley para el servicio penitenciario, no para educación, pero nosotros la recibimos con mucha alegría  esta modificatoria porque cambia el paradigma de la educación como parte de un tratamiento a reformar como un derecho como cualquier persona tiene independientemente de su condición”. Básicamente la modificación sancionada deja una impronta centrada al derecho a la educación. Sobre este punto, el referente de la Educación en Contextos de Encierro manifestó que este punto ya fue trabajado con gente de Nación, inclusive fue charlado en el primer encuentro de docentes en contextos de encierro que se realizó en noviembre de 2011.

Más estudio, menor pena- “Lo que más resonó en los medios es esta suerte de planilla de meses que se van a bajar de la pena”, criticó Coniglio, añadiendo que “de ahí radica la discusión sobre si el Estado ejerce el poder punitivo, y si te da una pena, por qué la educación te la quita. Pero esto justamente se da porque estamos hablando de un paradigma distinto, ya que en realidad lo importante no es lo que se le quita al preso, sino el beneficio a la formación integral que se le otorga a la persona”. Hay que tomar en cuenta que la reducción de las penas en las personas privadas de la libertad es un tema que habitualmente se da dependiendo si el reo estudia o trabaja, entre otros.
En cuanto a su visión particular sobre si realmente es un estímulo hacer la ecuación “estudio = menos pena”, Coniglio remarcó que “es una obligación del Estado brindar educación, y el beneficio personal y formativo será valorado de forma distinta dependiendo de la persona, ya que un preso de cualquier Comisaría de la provincia puede venir a decirme que estudia porque su hijo lo va a visitar y le quiere ayudar en las tareas, pero otro me dirá que lo hace para juntar puntos e irse más rápido”.
Más allá de cualquier conjetura reiteró que es beneficioso porque se acerca la educación y no sólo formal, sino para formarlos para el trabajo: “Es estadístico que una persona cuando está presa y no hace nada sale y delinque, pero si se forma es muy probable que cambie su estilo de vida cuando esté en libertad, y eso es lo que logra la educación”.
Finalizó diciendo que “acá no es importante el puntaje mezquino que le puede significar estudiar y salir un mes antes al preso, sino es generarle una obligatoriedad a la persona detenida de encontrarse con la cultura, el conocimiento, la educación y los valores que arrastra ello porque no es lo mismo estudiar que no hacerlo”.
En la provincia de Santa Cruz la matrícula en contextos de encierro ronda los 190 alumnos en un total de ocho localidades, y pronto una novena está por adherirse: El Calafate. Concluyó señalando que “el alumno que está detenido es como una esponja, cada vez le exige más al sistema educativo y para eso somos responsables”.