Por sendos pedidos de juicio político hace 22 años, fue destituído Ricardo Del Val

Con un reclamo centrado en lo salarial, no sólo por aumentos que el Gobierno provincial había otorgado y no podía afrontar, sino también por el deterioro de los salarios reales, y la demora y pago fraccionado de los sueldos, se caracterizó el inicio del año 1990 que, para esta fecha derivaba en el pedido y seguimiento de un juicio político que destituyó al gobernador Ricardo Jaime Del Val hace 22 años.

Fue el desencadenante de una “crisis coyuntural, dado los problemas de financiamiento del Estado provincial y un cambio más profundo a nivel de la estructura económico social”, que se venía dando desde los ’80, con la consecuencia de las políticas de achicamiento empresarial previas a las privatizaciones, y el crecimiento de las plantas de personal estatales, como parte de las políticas de los gobiernos, para paliar el desempleo.

Así lo analiza desde lo académico, una publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina que sobre la marcha de distintos proyectos de investigación, incluyó un capítulo de los conflictos sociales en la provincia de Santa Cruz, del Grupo Contraviento, por Elida Luque, Susana Martínez, Miguel Auzoberría y Hugo Huenul.

“Se diferenciaba la situación de los entes autárquicos en la provincia, como por ejemplo el Poder Judicial, cuyo personal, atado entonces a convenios colectivos de trabajo nacionales, la recordada Ley Porcentual, todavía no padecía el deterioro salarial de los otros sectores, aunque sufrían en muchos casos la suspensión de convenios. También era distinta la situación de algunos otros organismos descentralizados como el Banco de la Provincia de Santa Cruz y las empresas provinciales de Servicios Públicos o Vialidad, que con plantas de personal más reducidas, tenían mayor poder de negociación en sus reclamos. Pero la gran masa estaba en la administración pública y en el sector docente, que cada vez sufrían más, no sólo los bajos salarios, sino la demora y el pago fraccionado de los sueldos.

Según la cronología de esa época, la difícil situación socio económica que venía soportando la provincia reflejada en los continuos conflictos con distintos gremios hizo eclosión el 2 de mayo de 1990, al producirse un fuerte enfrentamiento entre manifestantes gremiales y la policía provincial. El suceso, según la crónica periodística sobre la que se basó este informe, se desencadenó cuando los gremios de la Administración Pública Provincial (APAP), Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) se dirigían a la Casa de Gobierno, al ser duramente reprimidos por el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Provincial, con la colaboración del Cuerpo de Bomberos. Hubo heridos con balas de goma y otras personas con principio de asfixia debido a los gases lacrimógenos arrojados, entre otros lesionados que debieron ser atendidos en el Hospital Regional.

Con el repudio generalizado de las agrupaciones gremiales y políticas, se produjo la renuncia del ministro de Gobierno José Esteban Tapia y el pase a retiro del personal superior de la Policía de la provincia. Los gremios de la APAP, ADOSAC y SOEM, exigen la investigación de los hechos y la disolución del GOE, a lo que adhieren otros gremios, Viales, Bancarios, Judiciales, Camioneros y la UOCRA. Luego de participar el día 3 de mayo en una reunión con el Gobernador, miembros de su Gabinete, legisladores provinciales y el presidente del Superior Tribunal de Justicial, y en razón de no haber arribado a un acuerdo salarial-, se declara paro por tiempo indeterminado.

Al otro día se produce el autoacuartelamiento de los efectivos policiales en reclamo de una reivindicación pública de la institución policial y exigiendo que desde el Gobierno se asumiera la responsabilidad por la orden impartida de reprimir a los manifestantes y que el personal separado del cargo no fuera sindicado como responsable ni usado “para los juegos políticos de los gobernantes”, ni se adoptasen medidas en su contra. Esta reivindicación por parte del Gobernador, ocurre el 7 de mayo, mientras los gremios continúan con medidas de fuerza con distintas modalidades, y se van sumando nuevos sectores como el Sindicato Argentino de Televisión y la Asociación del Personal Legislativo, siempre por cuestiones salariales.

El clima de tensión, abonado por internas en el seno del propio partido gobernante, se profundizará cuando el 9 de mayo se presenten dos pedidos de juicio político en contra del gobernador Del Val, uno del bloque de la Unión Cívica Radical y otro del Partido Justicialista.

Mientras se sucedía el juicio, el gobernador Del Val fue suspendido en el ejercicio de su cargo, por 30 días, a partir del 31 de mayo, en que asumió la titularidad el vicegobernador José Ramón Granero, y quedó en la titularidad de la Legislatura, la entonces diputada provincial Cristina Fernández.

El Gobierno envía a la Legislatura un nuevo proyecto de Ley de Emergencia Económica que pretende reordenar los gastos del estado con medidas tales como los retiros voluntarios, el congelamiento de vacantes, suspensión del pago de juicios contra el estado, entre otras, planteando asimismo la necesidad de “desembarazar al Estado de aquellas responsabilidades que puedan cumplir los sectores privados”, y señalando que “cuando hablamos de reducir factores que hoy son multiplicadores del gasto superfluo, es porque estamos convencidos que el sobredimensionamiento del aparato burocrático tiene como eje pernicioso el esquema ya agotado de un Estado provincial convertido en principalísimo empleador y en virtud de ello, sólo pagador de sueldos impedido de cumplir su mínimo aporte a obras indispensables de infraestructura, comunicaciones, caminos”

El juicio político terminó con la destitución de Del Val el 25 de junio de 1990, lo que no trajo en absoluto la calma a Santa Cruz, que siguió convulsionada, con huelgas y crisis institucional. A raíz de las huelgas, fue necesario un decreto provincial para promocionar a los estudiantes ante la gran cantidad de clases no dictadas.

Destitución
Sobre la destitución de Del Val con el voto afirmativo en siete cargos, detalla la publicación “El amo del feudo” de Daniel Gatti: 1. Ejecución con equipamiento oficial de una obra de aprovechamiento hidráulico en su estancia. 2. Incumplimiento inexplicable de los dispositivos de la Ley Provincial de Pesca. 3. Incumplimiento de la Ley Provincial de Emergencia 2.077. 4. Extracción de fondos depositados a plazo fijo en violación a las normas vigentes y en función de hacer valer la influencia que el cargo le confiere, en el Banco de la Provincia. 5. Falta de cumplimiento en lo preceptuado en la Ley 2.070. 6. Dictado del Decreto 806/88. 7. Autorización de contraer un empréstito de US$ 430 millones.

Por la negativa se votaron los restantes cargos: 1. Incapacidad física y mental – se había recuperado de una embolia cerebral sufrida el año anterior-. 2. Injustificable omisión en la cobertura de importantes cargos provinciales. 3. Proyecto ecológico en San Julián. 4. Situación de riesgo técnico del Banco de la Provincia. 5. Manejo discrecional e irregularidades en la distribución del Bono Solidario  

Del Val se retiró de la función pública, se casó con su secretaria y se mudó a Bahía Blanca, donde vivió hasta hace unos siete años, cuando murió en un accidente automovilístico.