Si el Estado abona aguinaldo adeudado, debería pagar intereses

Los 300 amparos que se presentaron y que se interpondrán en la Justicia fueron producto del pago parcial -hasta 4.000 pesos- por parte del Estado, de la segunda cuota del aguinaldo  en diciembre del 2011.
El Centro de Jubilados Judiciales canalizó todas las demandas  de los pasivos por medio de la Dra. Marta Dávila, quien  efectuó las primeras presentaciones en marzo, y advirtió que aunque el Estado abone lo adeudado al sector, deberá hacer frente a los intereses  que se fueron acumulando en estos seis meses.

Recusados
La letrada explicó que si bien los amparos recayeron sobre el Juzgado de Primera Instancia Civil Nº 2, cargo del Dr. Francisco Marinkovic, la Fiscalía  de Estado volvió a plantear la reacusación de este Juez. De esta forma  los amparos llegan al juez en lo Civil Nº 1, Enrique Arenillas, aunque nuevamente debido a otra recusación, la causa recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo   de la Dra. Quintana.
“La acción de amparo es una acción expedita, por lo  cual falta que se aboque alguien (un juez) que no lo recusen para que pueda resolver el fondo de la cuestión”, dijo la abogada a TiempoSur.  
Las primeras presentaciones fueron en el mes de marzo y en los próximos días habrán más amparistas, de acuerdo como lo informó este medio en su edición del martes,  alcanzaría a más de 300 presentaciones.  
Pero las medidas no avanzan porque “están recusando a cuanto juez intervenga”, porque existe una “denegación de justicia”,  precisó  la letrada.
Es decir, no significa que los magistrados no se quieran involucrar, sino “que no los dejan resolver”.
La recusación se basa en que dado que el no pago del aguinaldo afecta al magistrado, sería una parte “interesada” en la resolución. Por ello la abogada  sostuvo que de esta forma ningún juez podría intervenir, por ejemplo, en  un caso de medio ambiente dado que lo afecta directamente.
“Hace un mes un juez de Quilmes paró el aumento de las autopistas de La Plata –Buenos Aires, obviamente  esa autopista la usa  el juez y su familia, pero en  ese caso a la provincia no se le ocurrió recusar al juez”, ejemplificó.
En tanto, dijo que esta situación “es diferente por ser pasivos”. “Nuestra relación es con la Caja de Previsión Social, que establece la obligatoriedad que el Poder Ejecutivo tiene de no retener y entregar los fondos que corresponden”, aclaró. Y destacó que  el argumento de la  “mala situación económica” de la provincia no se puede aplicar jurídicamente.  “La  situación económica se autogenera porque el Ejecutivo dice cómo y en qué se gasta, no es una intromisión judicial, sino una obligación sustentada por el Estado. Otro argumento es  sobre los que más ganan. Pero quien aportó más es lógico que más gane, porque sino se cae en una injusticia.  No es cuestión de sacarle a unos y darle a otros. He escuchado  comparaciones lamentables”, precisó y acotó: “Nuestro principal reclamo es que se haya puesto un techo y que no haya sido un porcentaje”.

Intereses
La letrada aclaró que si el Estado abona la deuda del SAC, el reclamo no deja de existir, porque cuando se presentaron los amparos no solo se estipuló el pago del aguinaldo  sino también los intereses- que se tomarán  de acuerdo la tasa bancaria-  y costas del juicio. “El Estado incumplió, y argumentó que no significaba  que no debía pagar el aguinaldo, sino que por ahora no podía hacerlo. Eso aludió, pero ya estamos entrando al sexto mes. Además en el decreto (que suscribió el Gobierno) se establece que debe ser rubricado por el Poder Legislativo, y esto no se ha dado. Más allá de eso, está incumpliendo para los pasivos con la ley de previsión  provincial”, detalló y acotó: “Lo que más se quiso hacer con la presentación era poner un freno a posibles o nuevas medidas con techos a los sueldos”, culminó.