“Es uno de los proveedores mineros de mayor facturación en Santa Cruz”

A menos de una semana del envío a comisiones del proyecto que grava las ventas entre empresas mineras, el diputado oficialista Roberto Fernández cargó duramente contra su par de bloque, el legislador Leonardo Alvarez, al sostener que defendió a las mineras como no lo hizo la propia Cámara que agrupa al sector.
“La defensa tan firme sobre este caso es llamativa, no la veo tan preocupada a la empresa”, dijo a TiempoSur y agregó que el de San Julián “no puede ocultar que es uno de los proveedores mineros de mayor facturación que tiene la minería en Santa Cruz”.

Afloró la interna- De esta manera, la indisimulable interna del bloque del Frente Para la Victoria (FVS) quedó aún más expuesta con el polémico envío a comisiones del proyecto que estipulaba cobrarles un  10% de utilidades que iban a parar a las arcas del Estado.
La decisión –redactada en un proyecto de ley de la diputada Selsa Hernández- se dio en el marco del anuncio de la empresa minera canadiense Yamana Gold, de la compra por 404 millones de dólares estadounidenses de Extorre Gold Mines, la empresa minera y de exploración que controla el proyecto Cerro Moro de Puerto Deseado.
Diez legisladores del FVS y dos de la UCR votaron en la última sesión por la sanción de este proyecto de ley, pero doce diputados del FVS pidieron mandarlo a comisiones. El vicegobernador Fernando Cotillo desempató mandando la iniciativa devuelta a comisiones, lo que desató la guerra verbal en el bloque oficialista.
“Las empresas con mucha libertad exponen en los medios de prensa lo que gastan en una exploración y cuando la venden porque no quieren explotarla, las multiplican por diez” dijo Fernández, al tiempo que añadió que no deberían tener problemas de pagar este canon extraordinario.
Como ejemplo, dijo que Extorre invirtió 50 millones de dólares y se habla de una venta de más de 400 millones, y si a eso se le agrega los 50 millones que podría pagar de canon extraordinario, se está hablando de una rentabilidad de 320 millones de dólares.

Por qué tanta resistencia- Respecto del canon establecido, Leonardo Alvarez  expresó que mas allá de ser inconstitucional es impracticable porque las empresas no hacen transferencias sino traspasos de acciones. Al respecto, Roberto Fernández afirmó que si es impracticable para este caso entonces ¿Por qué no se sanciona la norma presentada en Cámara de Diputados? “Si no tendrá aplicación para este caso, no le pongamos entonces tanta resistencia, ni la empresa ha manifestado nada, ni ningún otro actor, más que la férrea defensa de él (por Alvarez) que me llama la atención”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que él sí cree además que es de aplicación para el caso mencionado, porque se transfiere la propiedad minera. “Pero “más a favor de los que pensamos que se puede sancionar la norma y después discutiremos si se puede aplicar”, dijo.

Legislación nacional- Otro de los argumentos de los diputados que votaron enviar el proyecto a comisiones, es que se contrapone al código nacional minero. El Diputado por Pueblo de Puerto Deseado sostuvo que este aporte se da en un único caso por lo que no se está fijando un impuesto.
“Para los casos que las empresas hagan todo el proceso de exploración y explotación, están garantizado que no se les va a aplicar, pero sí cuando quieran hacer negocios, para no dejar afuera a la provincia de Santa Cruz” y añadió: “No me parece mal que una empresa especule con una exploración, pero que deje algo y quien vaya a comprar o quien vaya a vender, verá cómo paga este canon extraordinario”.
También le fue consultado sobre el planteo de discutir en el seno de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), a lo que respondió que no se pueden llevar este tipo de cosas ya que allí se discuten temas generales que hacen a todas las provincias y no particularidades.


“El eje central es la discusión de la renta”

La referente de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, cuestionó duramente a los diputados del FVS que decidieron enviar el proyecto a comisiones.
“Hay que aclarar que el proyecto, enviado a comisiones, no discute la renta minera, como se ha señalado públicamente, lo que propone es un canon para la provincia -a pagar por única vez- del 10% del monto total de venta de la concesión que una empresa minera  haga a otra”, explicó.
Agregó que debería derogarse la ley 2327, por la cual la provincia en el año 1993 ratificó el acuerdo federal minero, “quedando liberada así para empezar a cobrar los impuestos que tal código exime”. Aclarando a su vez que en comisiones está vigente todavía el proyecto Nº 156 que su bloque presentó en abril del 2011 proponiendo la derogación de esta ley por la cual la provincia “renuncia a percibir cuantiosos ingresos por la actividad minera”.
A su vez planteó que “el eje central es la discusión de la renta, no de los beneficios colaterales surgidos de la famosa responsabilidad social empresaria” y subrayó que “hay que dejar de pedir más aportes en este concepto, ni siquiera hay que discutir si invertir en un gimnasio o un emprendimiento productivo que genere trabajo, lo que hay que hacer es otro reparto de la torta no de las migajas que quedan. Compartir la renta generaría mayores ingresos para ser repartidos con equidad a cada municipio”.