Quintana solicitó informes de los vuelos del avión sanitario a Bariloche

El diputado por el pueblo de Caleta Olivia, Alexis Quintana, con el acompañamiento de sus pares Jorge Arabel, Miguel Guanes, Leonardo Álvarez y Rubén Contreras, impulsó el dictado de una Resolución, sancionada esta tarde por la Legislatura, con el objetivo de conocer los motivos por los cuales el avión sanitario de la Provincia realizó diversos viajes a la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. En ese sentido, se solicitó a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 que brinde información acerca de las rutas de vuelo, origen y destino, aterrizaje y despegue de la aeronave Cessna Citation V matrícula LV-WLS; a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Administración Nacional de Aviación Civil sobre la misma aeronave y su actividad en los aeropuertos de Río Gallegos y San Carlos de Bariloche; al Gobernador Daniel Peralta sobre su actividad oficial en esa ciudad de la cordillera argentina, como así también al Ministerio de Salud respecto de posibles derivaciones médicas para las cuales se haya hecho uso del avión de mención y hacia esa localidad. La información con la que se contaba al momento de elaborar el pedido de Informe, indicaba que las fechas en las que el avión destinado al uso sanitario de los vecinos santacruceños, visitó esta ciudad turística los días 19 de julio de 2010, 01 de agosto de 2010, 28 de diciembre de 2010, 18 de enero de 2011, 21 de enero de 2011, 23 de enero de 2011, 04 de marzo de 2011, y 08 de marzo de 2011.  La fundamentación de esta Resolución, radica en que “la aeronave en cuestión es propiedad del Estado, afectada con exclusividad a la actividad oficial y sanitaria”, como así también “despejar las sospechas públicas existentes” atribuidos a “presuntos viajes de índole personal que habría realizado el señor Gobernador de la provincia”, teniendo en cuenta “los elevados costos consecuentes de la utilización de la aeronave”. Además, los legisladores trajeron a colación lo establecido en la Ley de Ética Pública, que “en su artículo segundo establece los deberes de comportamiento de los funcionarios”, quienes “deben velar en todos sus actos por los intereses del Estado Provincial, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”, como así también en lo que respecta a la obligación de los funcionarios a “fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan”.