Casanello pidió información a los EEUU en la causa contra Mauricio Macri por escuchas telefónicas

El jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri por ahora no va a juicio oral y público por las escuchas telefónicas ilegales ya que la Justicia reconoció que no hay pruebas contundentes para juzgarlo, aunque sigue procesado. El juez federal Sebastián Casanello ahora libró un exhorto a los EE.UU en búsqueda de información sobre una empresa clave en la maniobra, y que podría determinar cómo sigue el futuro del funcionario.

 

Se trata de una de las medidas de prueba que apunta a esclarecer la escucha telefónica de la cual fue víctima el cuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo, entre el 23 de mayo y el 22 de junio de 2008. Es uno de los hechos por los cuales Mauricio Macri está procesado, el otro es la intervención del teléfono de Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la AMIA.

 

En la causa, el padre del jefe de Gobierno, Franco Macri, reconoció haber contratado a la empresa Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants, con sede en EE.UU, para investigar a su yerno Néstor Leonardo, quien estuvo casado con Sandra Macri, fallecida en junio de este año.

 

Sin embargo, se desconoce si esa empresa fue la que mantuvo bajo escucha el teléfono de Leonardo, y éste al declarar en la causa incriminó a Mauricio Macri, entre otros. En el exhorto que remitió a los EE.UU, Casanello justificó que "si bien (Franco Macri) alude a servicios relativos a seguridad, consultoría e investigación –y coincide con las fechas en que el teléfono de Leonardo fue indebidamente intervenido-, no expone cuáles fueron los mecanismos llevados a cabo".

 

Las dos hipótesis que expuso el juez Casanello son o bien que Macri tuvo interés en escuchar a Leonardo, y en función de ello ordenó la intervención telefónica; o bien se trató de uno de los servicios que prestó la firma Ackerman Group a Franco Macri quien acudió a la empresa para investigar a Leonardo.

 

En el exhorto dirigido a un juez de la ciudad de Miami, estado de Florida, y en el marco del convenio de cooperación mutua que existe entre nuestro país y los EE.UU, Casanello pidió detalles de la contratación de Franco Macri a Ackerman. Hasta ahora hubo un primer intento en 2010 que hizo el anterior juez del caso, Norberto Oyarbide, pero la información nunca fue corroborada y en cambio habían reclamado que el pedido estuviese más fundamentado.

 

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, Casanello pidió que se remita toda documentación o informes que existan en poder de Ackerman Group en cuanto al trabajo que prestó para Franco Macri y la firma Sideco Americana S.A entre mayo y octubre de 2008, esto es contratos, intercambio de correspondencia o mails, informes elaborados, o bien las facturas por los servicios prestados.

 

También pidió que se informe el cargo que Richard Ford tiene en la empresa, y si se desempeñó durante ese período como Director Regional de Ackerman en la ciudad de San Pablo. Esa persona sería quien tuvo contacto con Franco Macri -incluso se sospecha que viajó a nuestro país en esa fecha- para acordar las tareas de seguridad que se harían, y podría develar si incluyó una intervención telefónica.

 

Tras firmar el juez Casanello el exhorto ahora resta que el mismo sea traducido, para luego vía Ministerio de Justicia hacer llegar el pedido a los EE.UU. Un juez de Miami determinará si hace lugar al pedido de información de Ackerman, con domicilio en Kennedy Causeway, suite 506, Miami, en el estado de Florida.

 

Casanello fue quien elevó parcialmente la causa a juicio aunque determinó que no había pruebas concretas para juzgarlo. Lo confirmó hace pocas semanas la Sala I de la Cámara Federal, que ordenó profundizar la investigación y sugirió como medida de prueba el reclamar información a Ackerman, lo que podría ser la última carta antes de ser resuelta qué será de Macri en esta causa.

 

Los que van a juicio son el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios; el espía Ciro James; y el ex ministro de Educación Mariano Narodowski, entre otros. Se los acusa de asociación ilícita, intervención indebida de las comunicaciones telefónicas, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.