Mientras su madre denunciaba violencia domestica por primera vez, Abigail ingresaba de gravedad al Hospital

TiempoSur dialogo ayer con la directora del área de la Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio, Maria Emilia Lozano, quien aseguró que durante los meses en los que la familia de Abigail tuvo una facilitadota, jamás se detectaron situaciones de violencia ni existen informes de las trabajadoras sociales alertando un riesgo para la menor. 

 

Con una labor absolutamente limitada porque la pareja restringía el acceso de las trabajadoras, no resulta extraño pensar que precisamente por eso el área de la Niñez, que debía velar por la menor, no tenga todas las fichas de este rompecabezas que ahora la Justicia debe definir.

 

Según puso conocer este diario, los ojos del estado dentro de la vivienda de Junin al 1200, no sirvieron para hacer una evaluación exacta de la dinámica intrafamiliar y prevenir la pesadilla que hoy atraviesa la pequeña Abigail, que se debate entre la vida y la muerte, por presunta golpiza de sus padres, Carla Orellano y Carlos Tortelo. 

 

“Recibimos la intervención el 28 de mayo a través de un oficio que nos  eleva la Dra Tejedor de Defensoría donde nos informa el ingreso de la bebe en el hospital ante una presunta situación de maltrato y nos solicitaba  que pusiéramos facilitadotas las 24 horas” dijo la directora, en referencia al episodio que ayer reveló este diario y que aconteció cuando Abigail tenia a penas dos meses y debió ser asistida por el Hospital a raíz del quiebre de una de sus extremidades, que la madre quiso hacer pasar por la inflamación de una vacuna.

 

“Nosotros inmediatamente  respondimos ese oficio y dimos curso al pedido de la defensora, colocamos el dispositivo, y si, después vinieron los inconvenientes, había resistencia” marcó, aclarando que las facilitadotas “a veces iban y no se las dejaba ingresar, de nuevo insistíamos, después va el equipo técnico, se los volvía a citar hasta que se logro esto de que a veces lograban entrar y otras que no querían que estuvieran”

 

Consultada respecto de por qué no hubo informes que alertaran sobre esta situación de presunta violencia, Lozano indicó que ellas “en ningún momento observan algún tipo de maltrato y menos dirigido hacia la bebe. En ningún momento hubo algo que nos hiciera inmediatamente decir que había que tomar decisiones urgentes”

 

Pese al hermetismo, este medio pudo conocer un dato revelador: recién el miércoles, Orellano habría acudido al área de la Niñez para, por primera vez ponerle palabras a lo que pasaba en su casa, pero, en el preciso instante en el que la mujer comenzaba su relato, un llamado de la Justicia dio aviso de que la menor había ingresado al nosocomio local sin signos vitales.

 

El dato resulta por demás intrincado y se presta a elucubraciones, dado que hasta el momento, Orellano siempre había estado en una posición absolutamente negadora y jamás habría querido manifestar que podían estar sufriendo violencia por parte de su pareja, que en el último tiempo mostraba signos de inestabilidad emocional, algo que si pudieron ver las facilitadoras.

 

Empero, en caso de que su relato fuese verídico, ¿Cómo es posible que haya dejado a la menor al cuidado de Tortelo?

 

Se cree que, pese a que los informes no eran contundentes, el área de la Niñez tenia fuertes sospechas que, por alguna razón no llegaron a convertirse en grandes señales de alerta para el Juzgado de la Familia.

 

De hecho, una de las características de una victima de violencia es la negación y resulta probable pensar que Niñez haya especulado con la posibilidad de que, en algún momento, Orellano decida quebrarse y hablar, algo que parecía no suceder nunca, ya que la joven madre adoptaba una actitud agresiva para con las trabajadoras sociales, a quienes, en algunas ocasiones, echó a los gritos de la casa.

 

Incluso, durante el seguimiento a la familia, también se dieron entrevistas con la ex pareja de Orellano, y padre del hermano mayor de Abigail, quien tampoco habría revelado la existencia de  alguna situación de violencia.

 

El miércoles, ante las revelaciones que había comenzado a esbozar Orellano, Niñez decide, iniciar la exclusión del hogar del Tortelo, algo que se iba a hacer sin el consentimiento de la mujer, que se negó a esta posibilidad, aduciendo temor a una represalia.

 

“Nosotros estábamos en pleno proceso para presentarnos en la Oficina de Violencia Familiar cuando recibimos el llamado de la Dra Tejedor que la bebe estaba internada en este estado, fue en el momento que ella estaba en esta oficina. Igualmente hicimos la presentación a las 8 de la mañana del otro día porque ese día salimos corriendo” relató mas tarde Lozano.

 

Por otra parte, la directora  quiso dejar en claro que el área dependiente del municipio “trabaja con un equipo técnico, donde hay un abogado, una trabajadora social y una psicóloga” y que “cuando nos llega un pedido de intervención, el equipo evalúa la situación y eso implica muchas cosas, valoraciones psicológicas, socio ambientales” sin embargo, la pericia psicológica nunca se realizó, ya que fue el Juzgado de Familia el que efectuó el examen a la pareja, aunque jamás reveló los resultados.

 

“Nunca pudimos acceder a la pericia, la abogada del equipo se presentaba personalmente al Juzgado y nunca pudimos acceder a eso, que lo lo hizo el juzgado” reconoció la funcionaria.

 

Lo cierto es que uno a uno los organismos que debían velar por la seguridad de Abigail deslindan  responsabilidades. De hecho, el viernes pasado, cuando la pequeña es llevada a su medico pediatra, el Dr Horacio Córdoba, presentando un cuadro de intensos dolores abdominales, el profesional le pregunto a las mujeres porque no estaba la operadora familiar con ellas, y estas le respondieron que no había llegado a la casa.

 

El profesional, ratificó la publicación de TiempoSur, indicando que, efectivamente, la pequeña presenta signos de haber sido ahorcada y sendos golpes en el cráneo y demás partes del cuerpo, en circunstancias que, evidentemente tampoco tenía a las trabajadores sociales cumpliendo su labor.

 

La sociedad toda hoy se encuentra en absoluta conmoción con el caso, pero sucede que existe responsabilidad por parte de quienes debían, a través del estado, cuidar a la niña y evitarle tamaño padecimiento.

 

Un dato no menor es que, a tres meses de tener los pliegos para la designación del juez de familia, cuyo cargo se encuentra subrogado hace casi dos años, el Gobernador aun no remite el pliego a la Cámara de Diputados, en desmedro de cientos de casos de violencia que diariamente se suceden y no logran ser atendido debidamente por un colapso administrativo.

 

En este punto resulta curioso como también el Gobierno intenta deslindar responsabilidades in-visibilizando lo recién mencionado, atinando simplemente a emitir un comunicado a los medios en donde aclaran que el problema compete al municipio y no al ministerio de Desarrollo Social.