Política

Grasso pidió que la Justicia investigue y se sepa qué hizo el Estado por Abigail

Consternación fue lo primero que expresó el titular del Concejo Deliberante, tras la muerte de la bebé víctima de violencia. El concejal Pablo Grasso expresó su preocupación porque hay tantos casos con operadores por parte del Estado a su cargo. Consideró que tendrían que ser especialistas y voluntarios.

  • 27/08/2014 • 00:00
El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Grasso. (Foto Archivo)
El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Grasso. (Foto Archivo)

El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Grasso se mostró consternado al ser consultada una reflexión por la muerte de la pequeña de siete meses, Abigail, víctima de violencia intrafamiliar, que permaneció internada en el Hospital Regional Río Gallegos, durante cinco días, hasta la madrugada de ayer, cuando se produjo su deceso.

Dijo que “es un hecho tan aberrante” al que “no estamos acostumbrados en la ciudad de Río Gallegos”, y que también, “es un momento de reflexión, para que cada uno vea y cumpla el rol que corresponde, frente a lo que significa una vida”. “Uno no puede creer que pase este tipo de situaciones, con una criatura que no le puede hacer mal a nadie, y lo único que tiene que recibir es amor” manifestó.

Grasso dijo expresar su preocupación frente al hecho, como papá y como ciudadano de Río Gallegos, se confesó “dolido”, y pidió que “ojalá que este tipo de cosas no se convierta en moneda corriente, sino que lo tomemos como un antes y un después, de todo, de la Justicia que actúe más rápido, si lo tuvo que hacer en su momento”.

 

Operadores. Por Tiempo FM el edil refirió que cuando su sector político, los martes y los viernes sale por los barrios, en un puerta a puerta con los vecinos, “nos encontramos con operadores familiares, en forma permanente en las viviendas, con problemáticas diversas, de agresión y violencia”, y se mostró preocupado “primero, porque haya una persona del Estado conteniendo una cuestión familiar”.

Para Grasso, estos operadores familiares, con que cuenta una Oficina Local de Niñez, formada al amparo de la Ley Provincial 3062 de 2009, “tendrían que ser voluntarios, de la Justicia, o gente que no lo tome como un trabajo, sino como una cuestión afectiva, de contención, y profesionales en cada uno de los casos”.

El edil dijo desconocer el listado, ni la cantidad de operadores familiares que dependen del Estado, “es lo que quiero saber y profundizar”, aseguró.

Grasso consideró que hay que analizar por un lado que está sucediendo en nuestra sociedad, para que se llegue a tantos casos de intervención del Estado, por distintas situaciones de violencia y vulnerabilidad, como también observó “hay que ver qué es lo que hizo el Estado para prevenir y que no llegue a mayores”.

Grasso pidió que la Justicia actúe, y que lo más pronto nuestra comunidad pueda tener las respuestas que necesita frente a la brutalidad de este caso, con una criatura de siete meses. “No puedo salir del asombro y del dolor, de no saber cómo hacer para colaborar y revertir una situación”, añadió el Concejal.

Debate. La precariedad del empleo de los operadores familiares fue una de las aristas del debate instalado a partir de la muerte de Abigail. Sin denuncias de empleo no registrado en la Secretaría de Trabajo, y con sólo el conocimiento y la permanente denuncia de los gremios por la existencia de esta precariedad que no está cuantificada.

Según el relato de una operadora familiar, a partir del caso de la bebé brutalmente maltratada, en Río Gallegos serían unos 350 que tienen asignados al menos dos casos cada uno, que reciben capacitaciones, y que cobran 23 pesos la hora (otras fuentes dicen que son $ 40 la hora y $ 60 los fines de semana).

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM)llevó esta situación al debate en la mesa de negociación paritaria el año anterior, frente al reclamo de 11 operadores de Niñez del Municipio, que querían pasar a contratación Categoría 10. Aunque en el gremio desconocen la calidad de la contratación, que sería a través de algún programa nacional, cuyo financiamiento pasa por el Ministerio de Desarrollo Social, para abonar a estos operadores. 

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