Política

Tres cajeros fueron sumariados por faltante cercano a los $200 mil

El escándalo fue ventilado ayer por Tiempo FM, cuando se dieron a conocer los detalles de la estafa perpetrada en Rentas, con la falsificación de documentos y utilización de sellos truchos, que surgen del sumario iniciado contra tres trabajadores de la línea de cajas del local de atención al cliente, ubicado en Alberdi 156.

  • 16/09/2014 • 00:00
Falsificaron documentación, estafaron al fisco pero no hay indicios de denuncia penal.
Falsificaron documentación, estafaron al fisco pero no hay indicios de denuncia penal.

Las instrucciones internas y las conclusiones del sumario son contundentes  y reúnen “más que importante y suficientes pruebas” contra tres empleados de planta permanente del área de Sellos, dos hombres y una mujer, de quienes no daremos a conocer sus nombres porque, pese al tenor de los hechos, tras la investigación no se habría dado intervención a la Justicia y en el Gobierno no han salido a decir ni mu del caso.

 

El fraude al Estado involucra a una reconocida inmobiliaria de la ciudad, aunque se entiende que también fue victima de la argucia en perjuicio al fisco.

 

La estafa se perpetró hace algunos meses, cuando Edgardo Valfré, actual ministro de Economía, era responsable máximo del área, en función de varias operatorias que tuvieron lugar entre los meses de enero y septiembre, amparada en impuesto a los sellos sobre los contratos de alquiler, mediante lo que se hicieron desaparecer exactamente $ 191.206.00.

 

El trámite es así: el contribuyente, en este caso la inmobiliaria en cuestión, se presentaba ante una de las cajas de Rentas para pagar el sellado del contrato de locación de un cliente. El expediente pasa entonces desde el organismo recaudador a la Dirección General Contable, donde confirma la acreditación y luego, una vez confirmado ésto, el trámite continúa en Tesorería General que refrenda la operación.

 

Pero la operatoria había quedado viciada mediante la intervención de al menos tres empleados de Rentas que utilizaban sellos truchos en los contratos de locación, por cuanto el pago por éstos nunca era ingresado debidamente y el trámite no figuraba en absoluto.

 

La maniobra se tornó tan burda y evidente que una autoridad del Banco Santa Cruz alertó de las irregularidades detectadas en la línea de cajas de Rentas, lo que sirvió de antesala para que se solicitara a Economía la instrucción de la pesquisa.

 

Previamente, los sospechosos son convocados a una reunión para que aclarasen su situación, junto a otros trabajadores que luego deslindaron responsabilidades. Los descargos de los involucrados se hicieron ante la Jefa del Servicio Técnico Fiscal y el Jefe de Impuestos Varios, quienes les informaron el inicio del sumario.

 

El 17 de septiembre se envió una nota a la inmobiliaria solicitándole copia de los “contratos de alquiler aforados o intervenidos por Rentas” durante los meses de junio, julio y agosto, además de una “copia de los comprobantes de pago del emitidos impuesto en línea de caja por el Banco Santa Cruz y la copia de los formularios de la SIP (impuesto a los sellos a través del cual se gestiona el pago de impuesto en línea de caja del banco)”.

 

Así, se descubre que los importes que surgen de las otras de respuesta enviados por le inmobiliaria  no fueron acreditadas en la cuenta corriente habilitada a tal efecto. En foja 207, la Dirección General Contable informa que “no existen acreditaciones en forma total, parcial o fraccionada que coincida con los importes descriptos” por la inmobiliaria.

Es más, el 23 de octubre quedó debidamente constatado que las operaciones hechas por esta firma no estaban siquiera acreditadas  por Rentas, “por cuanto los comprobantes en cuestión aparecen como adulterados” algo que se pudo detectar utilizando una lámpara de rayos ultravioleta.

 

Esto significó que de un total de cinco comprobantes que la inmobiliaria aportó, probando que pagó en un caso la suma de 70.634 pesos, los empleados de Rentas habían hecho figurar un pago inferior, exactamente 137 pesos.

 

Este no es un dato menor, ya que la mujer era la encargada de resguardar el archivo de los cuartos cuerpos de los comprobantes entregados por los contribuyentes, algo que la mujer jamás pudo entregar.

 

El 30 de octubre se le solicita a la empresa de seguridad Infante que facilite las grabaciones de la cámara direccionada al sector de cajas del edificio de Rentas. Recién en diciembre, se imprimen imágenes de las grabaciones en distintas secuencias, imágenes que obran en trece fojas.

 

Recién ahí se detecta otra anomalía y es que los tres involucrados en la estafa, realizaban las operaciones de forma periódica y minutos después del horario del cierre de las cajas del Banco Santa cruz. Lo que motivó a que la empleada de la entidad bancaria tuviese que dar explicaciones, aduciendo que los autores del fraude solían ir a cobrar fuera de horario.

 

Promediaba diciembre y la inmobiliaria tiene acceso a las imágenes de la cámara de seguridad y constan que la letra de los comprobantes de pago no pertenecía a ninguno de sus empleados.

 

Este año, un informe ampliado de la Dirección General Contable demuestra que, entre los meses de enero a septiembre del año pasado “el importe total a pagar en concepto de impuestos a los sellos sobre los contratos de alquiler observados es de 173.674.00, mientras que el total por contratos de alquiler no disponibles a partir de operaciones que se dieron los días 11/01/2013, 15/01/2013, 05/02/2013 y 21/03/2013, fue de 16.576.00. Se detectó también una diferencia de 956 pesos entre un contrato aportado en mayo y lo que se registró en Rentas.

 

En total, el faltante es de 191.206.00, pero en Rentas sólo figuraron 13.907.10, producto de todas las operaciones de esa inmobiliaria.

 

En el caso de uno de ellos, el dinero que no ingresó a Rentas por el aforo de los contratos que selló en Rentas fue de 144.816.00, en tanto que, por las manos del segundo empleado público habrían pasado un total de 28.858.00 que tampoco fueron registrados.

 

En otro anexo del resumen final del sumario se desprende que hay 16.576.00 en el limbo, pero en ese caso no se logró establecer quién fue el responsable del sellado apócrifo.

 

“…Por tal motivo entiendo que los agentes habrían presuntamente incurrido en una falta grave que perjudicaría materialmente a la Administración Pública, ameritando la misma la sanción expulsiva de exoneración” reza la conclusión final del sumario que lleva la firma del hoy Ministro de Economía de Santa Cruz.

 

Si bien la información ampliada de este sumario data del mes de abril de este año, se desconoce si el tema tomó un encause penal en donde se sostenga la acusación de uso de documento falso, estafa y defraudación en perjuicio del Estado provincial.

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