Tribunal de Cuentas dictaría sentencia la primera semana de noviembre

Dentro de los 30 días hábiles posteriores al dictamen de la auditoría, el Tribunal de Cuentas dictará su resolución que, en caso de ser condenatoria, “deberá fijar la suma a ingresar por el responsable, cuyo pago se lo intimará con fijación de término, formulando cargo”.

El 9 de este mes, luego de la presentación de un informe por parte de auditores, el Tribunal de Cuentas decidió, por anuencia de todos sus miembros, dar inicio a la instrucción mediante la cual se determinará la responsabilidad por el robo hormiga de alrededor de 200 mil pesos en Rentas.

Eso fue posible luego de que los auditores elevaran un informe y tras que el vocal por la UCR, Marcelo Rosas, se presentara paralelamente a la Justicia ordinaria muñido de las publicaciones de este diario para que se investigue penalmente el escándalo que compromete seriamente a tres empleados de planta permanente de Rentas, acusados de adulterar documentación para cobrar dinero del impuesto a los sellos en operaciones de una inmobiliaria de esta capital.

El informe que analizaron en el Tribunal consta de un detalle del circuito que tiene la recaudación con sellos, cómo se maneja la Subsecretaría de Recursos Tributarios, las conclusiones del sumario administrativo interno al que tuvo acceso TiempoSur meses atrás y la denuncia penal que días atrás (un año después de los hechos) dijo haber radicado el ministro de Economía Edgardo Valfré, aunque este diario no tuvo acceso a documentación que lo constate.

Desde entonces, el Juicio Administrativo de Responsabilidad busca llegar a determinar los responsables, ya sea los que figuren en el sumario o más personas para entonces hacer el cargo patrimonial que corresponda, una vez que se concluya con el juicio, es decir solicitar la devolución del dinero que se le habría robado al Estado.

En este sentido es preciso señalar que las disposiciones de un Juicio Administrativo de Responsabilidad son pertinentes a las del Código de Procedimiento en lo Criminal y en él “todo agente del Estado está obligado a prestar la colaboración que le sea requerida para la investigación”.

Asimismo, si se presumiera fundadamente que se ha cometido algún delito de acción pública, “el Tribunal de Cuentas formulará la denuncia correspondiente ante la Justicia sin perjuicio de continuar su trámite” al tiempo que la renuncia o la separación del cargo de los agentes implicados en la presunta estafa “no impide ni paraliza el juicio de responsabilidad”.

El escándalo fue ventilado el 15 de septiembre por Tiempo FM. La estafa se perpetró el año pasado cuando Valfré era responsable máximo del área, en función de varias operatorias que tuvieron lugar entre los meses de enero y septiembre, amparadas en impuesto a los sellos sobre los contratos de alquiler, mediante lo que se hicieron desaparecer exactamente $ 191.206.

Según las conclusiones del sumario, firmadas por Valfré en el mes de abril de este año, los empleados de Rentas S.A.C, N.E.A, y A.A.M, falsificaban los contratos de locación, por cuanto el pago por éstos nunca era ingresado debidamente y el trámite no figuraba en absoluto.