La acusación, un laberinto lleno de inconsistencias

El martes se pudo conocer la totalidad del contenido de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman había presentado contra la Presidenta, el Canciller y otros dirigentes a los que había acusado de encubrir el atentado a la Amia en virtud de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Sin embargo, de la lectura de la totalidad del documento se desprenden inconsistencias graves.

Impunidad por petróleo- En primer lugar, el corazón de la denuncia apuntaba a que el Memorándum de Entendimiento se había hecho con la intencionalidad oculta de intercambiar impunidad para los funcionarios iraníes que habían sido acusados por el atentado, por un aumento del intercambio por petróleo con el país asiático. Si eso hubiera sido así, debería notarse un incremento del intercambio comercial entre ambos países una vez firmado el Memorándum, pero el problema de esta hipótesis es que esto no fue así.

La endeblez de la hipótesis sobre la necesidad energética argentina como organizadora del acuerdo es tal que no hay un solo informe técnico o de un perito especializado en el tema que avale lo que la denuncia afirma.

Sacar los alertas rojos- Una segunda acusación era que en el acuerdo, Argentina se había comprometido a trabajar para que Interpol levantara los alertas rojos que impedían que funcionarios iraníes acusados como autores del atentado pudieran salir de Irán. Sin embargo, hay una carta del canciller Timerman, que se hizo pública en estos días, en la que, dos semanas después de firmado el acuerdo, le dice dos veces al Secretario General de Interpol que la firma del acuerdo no cambiaba los alertas rojos sobre los funcionarios iraníes y que el juez de la causa, Canicoba Corral, era el único que estaba habilitado a formular algún cambio al respecto. Esta carta fue contestada dos meses después por Interpol, confirmando que los alertas no se iban a modificar.

La pista local- Otra de las acusaciones era que en 2012, un ex juez, al que Nisman sindicó como miembro del Servicio de Inteligencia, se había reunido con un miembro de la dirigencia comunitaria iraní en Argentina para acordar la confección de una pista falsa sobre grupos de ultraderecha locales como autores del atentado y así desviar la investigación sobre Irán. Sobre este punto las inconsistencias son varias. La primera y más inmediata es que esta denuncia para supuestamente desviar la investigación nunca se hizo en ningún juzgado, de modo que no hay delito de encubrimiento ni siquiera en grado de tentativa. Incluso, en el caso de que se pudiera probar que tal reunión existió y que allí se acordó lo de la pista local, se estaría solamente ante la preparación de un delito que no es una conducta punible, toda vez que solo quedó en eso.

El otro problema que tiene esta acusación es que, recordemos, es contra nada menos que la Presidenta de la Nación, de modo se vuelve muy difícil de explicar cómo se conectan la preparación de un delito de encubrimiento en una supuesta reunión entre un ex juez y un dirigente comunitario, con la Presidenta y sus funcionarios de más alto rango.

Además, si el Fiscal sabía de esta reunión desde 2012, la pregunta es por qué no lo había denunciado en ese momento o, al menos, por qué no había informado al juez de la causa de la aparición de esa otra pista.

Y hay más. Desde 2004, cuando fue nombrado por el entonces procurador Esteban Righi al frente de la Unidad Amia, Nisman era el máximo responsable de la investigación. En ese contexto, resulta inverosímil plantear que la Presidenta y su Canciller hubieran tramado la confección de una pista falsa en la medida en que ineludiblemente eso debía pasar por las manos del Fiscal.

La Unidad Especial Amia, es la unidad fiscal con mayor cantidad de recursos materiales y humanos de todo el Ministerio Público Fiscal y en el año 2014 contó con un presupuesto de 24 millones de pesos, lo que significó un aumento sustancial respecto del ya importante presupuesto que se le había otorgado en todos los años anteriores. En este contexto, resulta inverosímil que el mismo Gobierno, que fortalece de esta manera la unidad de investigación de la causa Amia, al mismo tiempo conspire contra esa investigación.

El pacto de Timerman con el canciller iraní- En su escrito acusatorio, el Fiscal dijo que en una reunión en la ciudad de Alepo, Siria, el canciller argentino y el de Irán habían sellado el acuerdo. La prueba de esto eran los dichos de un periodista argentino, recientemente fallecido, que le había dicho al Fiscal que había visto un documento donde el Canciller iraní le confirmaba a su Presidente tal pacto. Sin embargo, no existe documento alguno que avale ni siquiera parcialmente tal afirmación.

La escuchas sobre el dirigente iraní- En su denuncia, Nisman había transcripto una escucha de un agente de inteligencia que hablaba con el dirigente argentino-iraní, Alejandro Khalil, en la que le aseguraba que le habían dicho que en la Secretaría de Inteligencia iban a levantar los alertas rojos sobre los iraníes acusados. En su escrito, el Fiscal dice que este agente es en realidad alguien que trabajaba para Irán. Si esto es así, es grave que el Fiscal no hubiera informado esto al juez Canicoba Corral.

Aunque el Fiscal aseguraba que solo había accedido a escuchas hechas sobre Khalil, y no tenía escuchas ni de la Presidenta, ni del diputado Larroque, nada de esto pareció suficiente a la hora de conectar a este agente que hablaba con el sospechoso como alguien que trabajaba bajo las órdenes de Cristina Fernández. Según había afirmado Nisman, en las escuchas a las que accedió aparecían los dirigentes Luis D´Elía y Fernando Esteche. Ni Khalil, ni Esteche, ni D´Elía son funcionarios del Gobierno nacional, de modo que también ahí había un problema grave para justificar la imputación que hacía a la Presidenta.

Los agentes de SI- A pedido del juez Lijo, la Secretaría de Inteligencia por intermedio de su secretario, Oscar Parrilli, informó que Ramón Allan Héctor Bogado (mencionado como quien estaba en contacto con Khalil) y el ex juez Héctor Yrimia (mencionado como quien participó en el supuesto armado de una pista local), sindicados ambos por Nisman como miembros de SI "no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio".

Las escuchas- "¿Qué garantías tenemos con éstas cintas que produce la Secretaría sabiendo cómo es la actividad de la Secretaría?", se preguntó el juez Canicoba Corral en una entrevista que brindó a apropósito de la repercusión de la denuncia, de modo que sin garantía de autenticidad, el carácter probatorio de este material está puesto severamente en entredicho por el propio juez de la causa.