Inteligencia: Santa Cruz desactivó el DIP cuando espiaba a trabajadores

“Hay que desarmar los servicios de inteligencia como lo hicimos nosotros en su momento, cuando desarmamos el servicio interno de la policía provincial” aseveró el mandatario mediante un comunicado oficial en el que opinó que “el espionaje barato no contribuyó nunca a nada”.

En realidad las miradas se posaron en Santa Cruz en el marco de un escándalo nacional que surgió a raíz del denominado Proyecto X que llevara adelante la Gendarmería.

La historia se remonta a noviembre de 2011, cuando el diario Página 12 dio a conocer la denuncia judicial que pesaba contra gendarmes que se “entremezclaron en la multitud vestidos de civil para identificar a los cabecillas” de diferentes protestas, destapándose la existencia del “Proyecto X”, una unidad especial del organismo de seguridad que hacía inteligencia de manera ilegal contra trabajadores y militantes de distintas organizaciones.

Los gendarmes tomaban numerosos datos y después preparaban un reporte, pero uno de estos reportes fue utilizado en su juicio y las organizaciones sociales y sindicales denunciaron ante el juez Norberto Oyarbide que estas tareas de inteligencia violaban la Ley de Inteligencia Nacional

En medio de la conmoción, dirigentes santacruceños tuvieron eco al denunciar que ese sistema también se aplicaba en Santa Cruz, y si bien no se llamaba “Proyecto X”, la base de datos sobre civiles “marcados” existía.

En efecto, el último accionar del que se tuviera registro por parte de este “servicio secreto” fue cuando el fiscal de Estado, Iván Saldivia, concurrió a la justicia a denunciar a dirigentes por la revuelta fuera de la Legislatura acontecida el 29 de diciembre de 2011, muñido de fotografías y videos presuntamente tomados por efectivos de la Policía de Santa Cruz.

Los responsables de llevar adelante esta labor eran los agentes afectados al Departamento de Informaciones Policiales (DIP) de la Policía de Santa Cruz que debían recolectar “archivos de información básica: gremial, política, religiosa, educacional, periodística, asociaciones intermedias, comercio, transporte, etc”.

El DIP funcionaba con un reglamento interno, contrario a la Ley de Inteligencia Nacional, Nº 25.520, que prohíbe toda investigación sin autorización judicial.

En la Sección 3 de ese reglamento policial se establecían los Libros de Registros que debían llevar los efectivos  como archivos de carácter “secreto”, en los que se ampararon para espiar además a quienes realizaban paros, a dirigentes de la Adosac u actores políticos, como fue el caso del entonces intendente de 28 de Noviembre, Oscar López, en el año 2009.

Sin embargo, en marzo del 2012, el Gobierno de Daniel Peralta tuvo que responder públicamente a la Mesa de Unidad Sindical y reconocer que el reclamo hecho por sus integrantes, respecto de que estaban siendo objeto de espionaje, tenía asidero.

En consecuencia, el Gobernador ordenó la supresión del Departamento de Informaciones de la provincia que estaba bajo la órbita del Comisario Alejandro Martín.

“Para que nadie dude de que en mi Gobierno se respetan los derechos constitucionales”, había dicho el mandatario en ocasión de anunciar el cierre del DIP, cuya vigencia prevaleció el advenimiento de la democracia porque su creación se dio en los ‘70 con el Gobierno de facto que buscaba “subversivos”.

Empero, un tema que quedó pendiente tras aquel anuncio fue lo relativo a enviar a la Legislatura “un Proyecto de Ley para dar una nueva estructura orgánica de la policía”. Esto, claramente no sucedió y si bien se dieron sendos avances en materia policial que, de algún modo democratizaron las relaciones entre los uniformados y el gobierno, la legislación que los enmarca sigue siendo del año 1972.