Avanza la causa administrativa en torno a la investigación por el presunto fraude al Estado Provincial, cometido con aportes previsionales del Ministerio Secretaría General de la Gobernación (M.S.G.G.)En las últimas horas, una alta fuente gubernamental consultada por TiempoSur -quien semanas atrás diera a conocer esta información- indicó que desde el Ministerio se sigue proporcionando documentación requerida por la Justicia.El sumario administrativoLa semana pasada desfilaron a declarar una gran cantidad de empleados que se desempeñan en la Dirección de Administración del M.S.G.G., lugar del cual ya fue separado “preventivamente” un agente que está siendo investigado como uno de los posibles responsables. También, la misma fuente, indicó que el sumariante pidió ampliar la investigación interna, por lo que ya se dispusieron nuevas actuaciones en el seno de la Dirección desde donde habrían partido las irregularidades. Cabe destacar que tras esta investigación, será el Tribunal de Disciplina el que determine las sanciones en caso de hallar un responsable que sea trabajador del Estado provincial.Asimismo, también la semana pasada el Tribunal de Cuentas envió funcionarios a la Dirección de Administración, pidiendo libros y expedientes para cotejar información. Lo mismo estaría haciendo de manera interna la Caja de Previsión Social.La JusticiaMientras se dan estas actuaciones dentro del Estado, paralelamente trabaja la Justicia a cargo de la Dra. Valeria López Lestón. Sin embargo, existe un gran hermetismo sobre el estado actual de la causa, particularmente si existirá algún procesado antes de la feria judicial prevista para el 20 de diciembre hasta el primer día hábil de febrero. La proximitud de la fecha obliga a pensar que no habrá novedades de ese tenor.En las últimas semanas TiempoSur intentó hablar con el fiscal Gabriel Giordano, quien investiga el presunto fraude al Estado. Sin embargo, el Fiscal -una vez que se identificó el periodista para consultarlo sobre los avances de la causa- cortó en sendas oportunidades el teléfono, sin siquiera excusarse o aclarar porqué no podía dar una declaración. Lo último que se supo fue que un cuerpo de peritos técnicos del Poder Judicial de Santa Cruz se encuentra abocado a la tarea de confrontar documentación que forma parte de la investigación por el fraude contra el Estado. Al personal señalado dentro de la Dirección de Administración, podrían sumársele otras dos personas, pero esto nunca fue confirmado oficialmente por la Justicia.  Los hechosTodavía en el mes de noviembre, el ministro Secretario General, Gustavo Martínez, comentó en conferencia de prensa que cuando surgió la diferencia de montos se avanzó en la denuncia penal, en poner en conocimiento al Tribunal del Cuentas de la Provincia de Santa Cruz y se inició el sumario administrativo que, hasta al momento, resultó –como comentamos más arriba- en la separación preventiva de un agente.De esta manera explicó que en cuanto a la justicia “pusimos a su disposición toda la documentación y sé que están yendo a declarar diferentes personas conforme van siendo citadas, y el Tribunal de Cuentas en el día de hoy me comunicó que, mediante Resolución Nº 405, se abrió un juicio administrativo para investigar el presunto ‘Perjuicio Patrimonial a la Administración Provincial’, y allí también estamos poniendo todo a disposición para que se realice la investigación con la mayor cantidad de elementos posibles”.“Además –subrayó- por la Resolución Nº 649 del M.S.G.G. se le dio instrucciones a la Dirección Provincial de Auditoría y Control de Gestión para que intervenga en la Dirección Provincial de Administración para analizar todos los procesos administrativos que posibilitaron esta situación, y para que indiquen todas las acciones preventivas y correctivas que se puedan tener en cuenta para que esto no vuelva a ocurrir”.En esa oportunidad, Martínez hizo una reseña indicando que cuando el Banco Provincia de Santa Cruz se privatizó, a través de la Ley Provincial Nº 2409, se transfirieron una determinada cantidad de empleados que tienen tipificados como “Ex Empleados Bancarios”, para quienes, en aquel momento, por el Decreto Nº 1529, se generó un subsidio para cubrir sus sueldos y aportes. Ese mecanismo se radicó en el Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación (M.S.G.G.), para que sea esa cartera la que diera toda la cobertura a los trabajadores, respecto a lo que exige cualquier relación de dependencia.Al respecto agregó que “la situación de presunta defraudación se detecta sobre los aportes de treinta y un agentes considerados dentro de la normativa de ‘Ex Empleados Bancarios’”.“Normalmente, la Dirección Provincial de Administración del M.S.G.G., recibe los cheques provenientes del Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz con el subsidio total y, antes de su depósito en el Banco Santa Cruz, el área desglosa el monto escribiendo en el reverso del documento los diferentes montos que van a los distintos organismos, para cumplir con los aportes patronales y provisionales que corresponden a cada trabajadores”, dijo.“El área –continúo- emite el cheque con las imputaciones y se va al Banco Santa Cruz para hacer el depósito correspondiente y para que la entidad bancaria envíe los fondos a las diferentes entidades de acuerdo al detalle que se le acercó. La maniobra no fue detectada con anterioridad porque cuando nosotros recibíamos la parte de la boleta de depósito que nos correspondía, esta volvía con los sellos exigidos por ley y monto imputado sin correcciones de ninguna naturaleza. Ahora bien, si por ejemplo, nosotros tenemos registrado que se depositaron 37.822,87 $, pudimos corroborar que la parte de boleta de depósito que recibía la Caja de Previsión Social, contaba una operación por 22,87 $, es decir, se tomaban solamente las últimas cifras y ese número era el que se depositaba en la C.P.S.”.Consultado sobre cómo fue detectada la operación, el ministro Martínez señaló que “el que nos dio aviso de la irregularidad fue el Banco Santa Cruz, porque acusó movimientos en cajas de sueldo personales con dimensiones de montos que llamó la atención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.). La investigación llevó a considerar que se podría estar realizando una maniobra de este tipo, se informó al Ministerio de la Secretaria General de la Gobernación y a la Dirección Provincial de Administración, en su rol de responsable legal y económico de esto, y el ente decidió hacer la denuncia conforme a las instrucciones emanadas inmediatamente por este Ministro y por el gobernador Daniel Peralta”.En cuanto al monto total que está involucrado en la defraudación, Martínez puntualizó: “tenemos los que corresponden al ejercicio en curso, es decir, al año 2009, que rondaría los 394 mil pesos aproximadamente. Como el proceso de investigación va a abarcar otros períodos para saber cuando comenzó la irregularidad, vamos a esperar la determinación de la Justicia para saber exactamente a cuanto asciende el perjuicio”. “Es un hecho lamentable, pero hay que superarlo activando todos los mecanismos del Estado y analizando los procesos que permitieron que esto sucediera, para que no se generen nuevos incidentes”, concluyó Martínez.
