El lapidario informe del Tribunal de Cuentas contra Norma Chumbita

Tal como lo viniera informando TiempoSur, en la Resolución Nº 36-P-2015, del 29 de abril, surge de la auditoría realizada a partir del día 25 de marzo, el Tribunal de Cuentas hace un análisis en función de tres ejes que son, la incorporación de personal, las contrataciones de bienes y servicios, y la administración general de la Comisión de Fomento.

Tras las publicaciones de este diario, el abogado de Norma Chumbita, Alberto Luciani, había salido a desmentir la información asegurando que en realidad todo obedecía a un “trasfondo político” de un sector que quería quedarse con la Comisión de Fomento, en clara referencia a Ana María Urricelqui.

La auditoría reveló que se dio el ingreso de 23 nuevos agentes desde el 1° de enero de 2014,  pero se pudo constatar que las designaciones se hicieron “sin contar con la aprobación previa del Poder Ejecutivo Provincial, en franca oposición a lo establecido en los Decretos Provinciales 005/12, 187/13, 003/14 y 0001/15 que se consideran aplicables en lo pertinente a las Comisiones de Fomento dada su vinculación económica con el Gobierno central y teniendo presente los objetivos generales que con los mismos se persigue”

El documento sostiene que también se constató “que las designaciones carecen de Instrumento Legal dictado por la Comisión de Fomento en forma regular”, y que “la situación se agrava aún más teniendo en cuenta que la Comisión  habría operado sin la existencia del respectivo presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos”.

Es que entre otras normas, la Acordada 54 establece la prohibición de autorizar gastos sin previamente fijar los recursos para atenderlos; la obligación de ceñirse estrictamente al presupuesto como base de la administración de la comuna, y en su consecuencia la prohibición de imputar gastos en partidas no correspondientes.

“Que la situación descripta no sólo implica una irregularidad administrativa que puede derivar en la responsabilidad patrimonial de los funcionarios actuantes, sino que semejante desapego a las normas aplicables coloca a un número importante de trabajadores en situación  de nombramiento irregular, con riesgo cierto sobre la validez de la relación contractual y su continuidad”, evalúa el informe.

Por esta situación, el Tribunal de Cuentas da un plazo de 15 días a las autoridades para que “procedan a regularizar la situación”, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento previsto en el Capítulo XI - Artículos 55º y subsiguientes de la Ley Nº 500 para hacer efectiva la sanción prevista en las normas supra citadas, haciendo “personal y solidariamente responsables a todos los funcionarios actuantes”, según corresponda.

Casi seis millones sin justificar

En lo que hace al procedimiento de contratación de bienes y servicios, el Tribunal es durísimo porque los auditores no pudieron certificar la totalidad de las mismas por falta de documentación.

Por “no contar con un registro de pagos, no se pudo constatar la integridad de los trámites de contrataciones en función de que la Comisión de Fomento no habría confeccionado los expedientes de las adquisiciones de bienes y locaciones de servicio, siendo la factura el único comprobante de respaldo de las erogaciones efectuadas”.  Asimismo, “no surge de la documentación aportada la certeza de la inversión de los fondos realizados por la comuna, debido a la ausencia de notas de pedido, instrumento legal, órdenes de compra, órdenes de pago, acta de recepción de los bienes y/o constatación de los servicios contratados”.

En el Anexo I del informe elevado por los auditores,  se detalla un total de “739 operaciones que involucran pagos que ascienden en su totalidad a la suma de pesos cinco millones setecientos tres mil novecientos veintiuno con 19/100 ($ 5.703.921,19)”

El informe detalla minuciosamente ese periodo de la gestión de Norma Chumbita con sendas omisiones e irregularidades “graves y profundas que ponen de manifiesto la falta total de cumplimiento de las más elementales reglas y pautas normadas para la gestión de los bienes del Estado”.

La omisión de presupuesto, la omisión de registración de las operaciones, la existencia de cuentas bancarias con saldo negativo, falta de un sistema de recaudación seguro y controlable que “no sólo pone en riesgo la integridad de la hacienda comunal, sino que paralelamente no brinda seguridad y certeza al propio contribuyente”, falta de registros y archivo de Instrumentos Legales, omisión “total” en la realización de los trámites de ley en las contrataciones de bienes y servicios, falta del registro de inventario, entre otros.

Compra de vehículos a zíngaros

Una mención especial merecen las operaciones de compraventa de automotores detectadas durante la inspección, las cuales son claro ejemplo del cúmulo de irregularidades que envolvieron toda la gestión de la Comisión de Fomento en el período analizado.

Del análisis de los comprobantes de los pagos efectuados, se observó la Factura C 0001-00000003 de Esteban Gustavo Ariel con fecha 22/04/2014 con domicilio en la ciudad de Caleta Olivia, con el que Chumbita adquiere una Toyota Hilux SRV, por la suma de $ 90.000, mas la entrega como parte de pago de una Chevrolet Captiva dominio  LEX169 y un Ford F100 con dominio FAV151.

En otra Factura C, la 0001-00000004 de la misma persona, con fecha 01/05/2014 el detalle de dicho comprobante establece la adquisición por parte de la Comisión de Fomento de un Renault Clio Mio 5 puertas, por la suma de $ 65.000  y la entrega como parte de pago de un colectivo Mercedes Benz.

Sin embargo cuando se procedió a realizar la inspección ocular, para así constatar la existencia de dichos automotores, se encuentran con la Toyota Hilux SRV  pero no el Renault Clio Mio e incluso “se desconoce su paradero” y se constata que el mismo “no se encuentra registrado bajo titularidad de la Comisión de Fomento”.

Vale decir que la compra y venta de vehículos oficiales debe transcurrir por otros mecanismos, entre ellos la compulsa de precios, las licitaciones, pero nunca un negocio como el que haría cualquier particular.

Todo ello “no solo desnuda un desorden administrativo, sino que a su amparo permite la realización de cualquier tipo de maniobra en perjuicio de la hacienda estatal ante la falta de aplicación de mecanismos legales, seguros y transparentes de contratación”, agrega el informe oficial.

Más adelante los vocales del Tribunal y su Presidente son claros al manifestar su “convicción administrativa de la posible existencia de hechos que pueden constituir delitos perseguibles de oficio en orden a lo dispuesto, prima facie, en los artículos 248º, 249º, 260º, 261 y 262º del Código Penal”, por cuanto corresponde “instruir al señor Procurador Fiscal de este Tribunal de Cuentas para que formule las presentaciones pertinentes poniendo los hechos en conocimiento del Juez de Instrucción competente”.

En su parte resolutiva el Tribunal de Cuentas corre traslado de este informe a Norma Chumbita y Nelson Adrián Cansinos “para que en el plazo de treinta días hábiles procedan a tomar conocimiento del mismo, y efectuar los descargos que hagan a su derecho”.

Se hace lo propio con las autoridades actuales de la Comisión de Fomento lideradas por Mauricio Ruiz, a quienes se solicita la regularización del personal contratado ilegalmente.

Estableciendo el “juicio de cuentas” y ordenando las presentaciones judiciales, se notifica también al ministro de Gobierno, Gustavo Martínez, “a los fines que adopte las medidas de su competencia”.