Punto muerto en conflicto municipal que tiene como rehén a toda una población

Declaraciones del intendente Raúl Cantín primero y del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Pedro Mansilla, dejaron en claro que todas las señales que habían generado expectativa de solución del conflicto municipal que tiene como rehén a toda una población, se diluyeron.

Mientras ambas partes se mantienen en sus trece, el SOEM inflexible en el 15%, y el Ejecutivo en la imposibilidad, la ciudad acusa recibo de una situación que no parece tener solución con acusaciones cruzadas, acciones gremiales, basura acumulada, cloacas desbordadas, calles rotas y semáforos sin funcionar.

El jefe comunal fue el primero en dar cuenta del punto muerto de las negociaciones el lunes, con declaraciones que alejaron aún más las expectativas de encuentro al acusar a la oposición de desestabilizar la gestión, a través de “operadores políticos funcionales”.

Ayer, una nueva asamblea de los municipales decidió continuar con su reclamo, medidas y acciones, y expresó su enojo con quema de cubiertas, ante la Casa de Gobierno y el palacio municipal, obligando nuevamente a la suspensión de clases en las escuelas del sector.

Renuncia y oferta. Habían pasado cinco semanas sin diálogo y con manifestaciones oficiales que sólo enojaban más a los municipales, y por sus consecuencias, a la sociedad, cuando el 18 de mayo pasado, en un punto de inflexión tras 40 días sin acercamiento, se conocía la decisión del concejal radical Juan Antonio Fernández de renunciar a su banca.

Dijo no tener las fuerzas necesarias para resolver el conflicto municipal que tiene como “rehenes” a los vecinos, y consideró justo y necesario darle la posibilidad a su sucesora Silvia D’Andrea.

Ese mismo día se conocía una nueva convocatoria a la paritaria municipal, y fue en la que el 19 de mayo pasado, el Ejecutivo ofreció el 5% en dos pagos en septiembre y octubre, o su equivalente en una suma fija no remunerativa de 600 pesos en dos pagos, en esos mismos meses, sobre el congelamiento de horas extras y plus.

La asamblea del SOEM rechazó esa oferta y con medidas anunciadas hasta el 1° de junio, decidió adelantar la continuidad de las negociaciones, aunque en la sede del Concejo Deliberante sólo estuvieron la parte gremial y la deliberativa representada por el concejal Jorge Gareca y surgió la idea de un aumento por ordenanza.

El sábado 23 de mayo se producían roturas de vidrios en la sede del SOEM, que fueron denunciadas por la Comisión Directiva, que puso a disposición las cámaras de seguridad de adentro y afuera del edificio.

Pasado el 25 de Mayo y los actos que encabezó el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Grasso en ausencia del intendente Raúl Cantín, desde el Concejo Deliberante el edil Pablo Grasso explicaba la imposibilidad de una ordenanza para otorgar el aumento solicitado por el SOEM.

Entre Ejecutivo y SOEM continuaban las mutuas acusaciones, por el bloqueo de la flota municipal que impedía la salida en plan de contingencia con la recolección de residuos, con el argumento gremial del cuidado del patrimonio municipal.
La Unidad Básica Los Muchachos Peronistas salía en su segundo plan de limpieza, el 30 de mayo pasado, por jardines y escuelas afectados por la acumulación de basura y proliferación de roedores.

Denuncias cruzadas. En el inicio del mes de junio seguían las acusaciones entre Ejecutivo y SOEM. Mansilla fijaba domicilio en sede policial, a instancias de la Justicia, denunciado por atentar contra el patrimonio municipal, al tiempo que desmentía estar actuando instigado por el gobernador Daniel Peralta, por una candidatura a intendente para octubre.

Un “fantasma de la gestión” encabezó una nueva marcha de los municipales tras la asamblea. El SOEM recibía la solidaridad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma Santa Cruz, que cuestionaba la acción de la Justicia sancionando al sindicato, tras cada acción gremial.

Advirtió que “no está teniendo la Justicia la misma decisión para investigar las irregularidades financieras del municipio y de otros estamentos del Estado que siguen impunes.

El jueves 4 de junio, por unanimidad fue aprobado en el Concejo Deliberante el pedido para que el Tribunal Superior de Justicia intime al Ejecutivo a presentar ejecutados 2014 y presupuesto 2015. “Son clave para destrabar el conflicto”, sentenció el concejal Pablo Fadul, autor de la iniciativa.

Fue aceptada la renuncia de Fernández, en una sesión sin invitados y con consigna policial, tras una alerta de bomba y que también aprobó una iniciativa a instancias del Ejecutivo para poner en venta tierra fiscal, para una cuenta destinada a la compra y mantenimiento de equipamiento.

El sábado 6 de junio una lluvia torrencial inundó la ciudad y profundizó el conflicto. Desde el municipio, la Secretaría de Desarrollo Comunitario se mostró coordinando un operativo en el que supuestamente confluían con la provincia y con la nación, aunque rápidamente la provincia salió a diferenciarse. El gobernador Peralta explicó que una declaración formal de la emergencia hubiera facilitado la coordinación de la asistencia.

Renuncia. El domingo 7 de junio una manifestación popular tras el izamiento en la esquina de Kirchner y San Martín, pidió la salida del intendente Cantín, que sólo salió a responder acusando la actitud antiinstitucional, cuando a los dos días fueron los concejales radicales Pablo Fadul, Jorge Gareca y electa D’Andrea, que le pidieron por nota que renunciara.

La decisión fue cuestionada desde el seno de la Unión Cívica Radical. El presidente local Roberto Giubetich y los ex intendentes Alfredo Martínez y Héctor Roquel coincidieron en desaprobar el pedido de renuncia a Cantín, que señalaron una decisión inconsulta y apartada de la histórica posición partidaria respecto de la institucionalidad.

Fadul recogió el guante: “Se están confundiendo los roles, nosotros estamos para defender la institucionalidad, pero la institucionalidad está para garantizar que los ciudadanos puedan vivir mejor,  no para que se sigan haciendo negocios y desmanejos de los fondos públicos” sentenció, al tiempo que reclamó que desde el partido nadie dijo nada cuando con sus pares denunciaron irregularidades de esta gestión municipal

Gobierno y Justicia. El intendente anunció que sería recibido por el Gobernador, lo que ocurrió el viernes 12 de junio, aunque el mandatario provincial ya había adelantado que no haría ningún aporte presupuestario extra al municipio.

Al día siguiente el municipio denunció que no podía salir en plan de contingencia por daños en la flota municipal, que permanecía en un predio privado, y además, durante la madrugada del sábado 13 aparecieron quemados más de una decena de contenedores, y fueron demorados en relación con el hecho una empleada municipal y su esposo.  El lunes 15 se sumaría la denuncia de una vecina, que quedó en medio de una manifestación de los agentes comunales, a quienes denunció por insultarla y romper su auto, donde estaba con su hija pequeña y recién operada.

El lunes 15 de junio también se produjo la reunión en la sede del Juzgado de Primera Instancia, a cargo del juez Francisco Marinkovic, tras la cual las caras fueron de descontento, ya que no hubo ningún acercamiento en las posturas, y el Intendente salió anunciando que día trabajado sería día no pagado.

El jefe comunal había propuesto achicar a un solo pago en septiembre, la oferta del 5%, sobre más congelamiento de plus y horas extras, pero la acción gremial recrudeció, conocidos los términos de la reunión por los manifestantes. Educación suspendió el turno tarde de clases, por la acción de los manifestantes con quema de cubiertas alrededor del municipio.

La asamblea del SOEM decidió continuar con quite de colaboración, con fichado y permanencia en el lugar de trabajo, ante anuncio de descuentos. Cambió el eje de sus acciones y eludió el palacio municipal ante la circulación de mensajes que alertaban una toma y desmanes.

Pedro Mansilla se dirigió a los vecinos y les pidió que no se escondan “bajo un manto de hipocresía”, señalando a los responsables en los funcionarios y la política.

Los números. El miércoles 17 de junio se produjo una nueva reunión a instancias del juez Marinkovic. Al despacho del Intendente asistieron el SOEM, concejales de ambos bloques en el Concejo Deliberante y Ejecutivo, todos con sus asesores contables.

El Ejecutivo presentó informe financiero, que no se correspondió con los ejecutados presupuestarios y presupuesto 2015, que adeuda, según explicó el secretario de Hacienda Luis Menéndez, por dificultades con el software informático, que por estos días se está solucionando, y le permitiría entregar esa documentación al Legislativo, en unos diez a quince días.

Tales las últimas manifestaciones que hizo el funcionario municipal, cuando salió al cruce de su par provincial Edgardo Valfré, quien recomendó al municipio reacomodar prioridades para atender sus compromisos, en referencia al medio aguinaldo, que está afrontando hoy para sus empleados.

En el medio hubo nuevas denuncias de agresiones entre personal de Forestación que llevaba adelante el plan de contingencia y municipales en conflicto, y de desmanes, en la sede de Tránsito, con algún producto tipo gas pimienta, y en el Juzgado Municipal de Faltas, con cruces entre autoridades y trabajadores en conflicto, por el pago de un plus.

En la reunión en el despacho del Intendente quedó planteado un diálogo abierto que trajo expectativas durante toda la semana anterior, cuando también asumió su banca D’Andrea, a ocho días de esa reunión que abrió una esperanza de solución que conforme pasaron los días se diluyó.

Cronología

El 17 de mayo pasado publicamos la primera cronología del conflicto municipal, a 40 días de declarado en la asamblea del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), que el 9 de abril aceptó el 26,5% de pauta salarial para este año, pero ante la falta de una oferta sobre el 15% de reajuste salarial pendiente del año anterior, decidió reclamarlo en un solo pago a marzo, con un paro de 48 horas.

14 y 15 de abril fue en rigor, el inicio efectivo del conflicto municipal, contabilizando hoy 80 días de medidas de acción directa, aunque hay quienes cuentan desde la mesa de negociación paritaria municipal en la que el 25 de marzo pasado el Ejecutivo ofreció la pauta provincial y rechazó la posibilidad del 15%.

A lo largo de este tiempo hubo también sendos pedidos del Ejecutivo, de intervención de la autoridad laboral, primero de la provincia, que se declaró incompetente y luego a la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación. En ambos casos citaron a reuniones de negociación informal, a las que no asistió el Ejecutivo.