Auditoría: habría proveedores reclamando deudas indocumentadas y contratación de personal con decretos reservados

La revisión busca conocer cuánta gente ingresó al municipio y qué número fue dado de alta durante el plan de contingencia. Paralelamente, van surgiendo nuevas deudas con proveedores que no habrían sido asentadas en la administración.

“Caótica”, así había definido la situación administrativa de la Municipalidad el actual intendente, Pablo Grasso, en la entrevista con Tiempo FM, la primera entrevista que brindó luego de asumir.

Cuando llegó, las cuentas sólo tenían una disponibilidad de trescientos cuarenta y siete mil pesos ($347.000) pero se necesitan más de 50 millones para pagar sueldos.

De esos fondos disponibles y en las primeras horas del lunes, se destinaron 72 mil pesos para pagar una deuda con Camuzzi y más tarde, el jueves, con los ingresos de la recaudación de tres días se desembolsó trescientos noventa y seis mil pesos ($ 396.000) para cubrir poco más del 60% de la deuda ($ 720.000) con Línea 7, que amenazaba con dejar desde hoy sin servicio a los riogalleguenses.

Con estas primeras horas moviditas, la Municipalidad puso en marcha el arqueo y la auditoría del Tribunal de Cuentas. El primero, según informaron, fue prácticamente express ya que “estaban todas las cuentas peladas”.

Uno de los puntos que se dilucidarán en breve es aquel vinculado con la presunta contratación de personal durante la contingencia, es decir, en pleno conflicto municipal.

Esto había sido denunciado públicamente por el SOEM, que en este medio habló del ingreso de unas 45 personas. Sin embargo, en información que va surgiendo de la revisión, se advierte que hasta el momento se han detectado algunos casos, al parecer, valiéndose de la utilización de Decretos Reservados y lo más llamativo es que se habría detectado que se fraguó la fecha de ingreso, es decir, se habría hecho pasar al nuevo personal como designado previamente, adulterando su antigüedad.

En el caso de los “decretos reservados” existe una estrecha relación con el área de Despachos y vale mencionar que si bien su utilización no es “ética” si es legal y por lo general obedece a cuestiones de urgencia.

En este sentido, desde el organismo de control se le habría sugerido al intendente Grasso que se llevase a cabo un relevamiento de “trámites por pagar” para ver cuán comprometido está la ejecución presupuestaria, algo en lo que deberá ocuparse el secretario de Hacienda, Ariel Ivovich.

En este punto, vale mencionar que ya en la auditoría anterior el Tribunal de Cuentas había detectado varios trámites de pago sin la deuda documentada. Es decir, que la comuna primero se ocupó de crear la factura y después de hacer figurar el presunto expediente.

Por estas horas, sorprende la cantidad de acreedores que van apareciendo. Es decir, proveedores del municipio aunque, lo dramático es que si bien reclaman el pago de alguna prestación, hasta el momento y en varios casos, se habrían encontrado con la ausencia del expediente correspondiente.

Además, otro dato a tener en cuenta es que, por lo que pudo conocer TiempoSur, hasta hoy las nuevas autoridades no contaban con el Acta de Transmisión. Esto incluye las áreas de Tesorería, Contaduría, Personal y Patrimonio. Vale mencionar que cuando se cambia una gestión, hay que hacer esa Acta de lo que se deja y lo que se recibe, algo que debió dejar firmado Cantín y ya debería haber ratificado Grasso a una semana de su sunción.