Hay una denuncia penal contra funcionarios por el caso Abigail

TiempoSur conoció que existe una investigación penal por la negligencia que habrían tenido funcionarios del equipo de Niñez y profesionales que, de alguna u otra manera, omitieron información clave que facilitó el peor final de la menor.

La acción fue impulsada por el fiscal José Antonio Chan, luego de que en medio de la conmoción por el caso, este diario  pusiera en debate las irregularidades en el resguardo de la beba y las falencias del sistema de protección llevado adelante por operadoras de familia asignadas por la comuna. Así, Chan actuó ante la comisión de un delito de “orden público” en una causa que tramita en paralelo con el expediente que esta semana fue elevado a juicio, que tendría lugar el 20 de octubre.

El miércoles, cuando se cumplió un año del fallecimiento de Abigail, el defensor General de Santa Cruz, Domingo Fernández, declaró en Tiempo FM que hubo una clara “omisión de funcionarios públicos” en detrimento de la pequeña.

Así, reveló que “la defensora del Menor, Claudia Tejedor, ha hecho la denuncia pertinente en contra de los funcionarios responsables que deberían haber comunicado de la situación y no lo hicieron”.

No es para menos. La familia de Abigail estaba judicializada porque la Dra. Tejedor ordenó que en su vivienda se aplicaran políticas de Niñez que preservaran a los menores de cualquier tipo de violencia. Para ello, debía estar con ellos una operadora de familia, las 24 horas.

Pero esto no se cumplió. Recién tras el fallecimiento de la beba, la defensora pudo conocer que la pareja no permitía el ingreso de la operadora de familia.

De hecho, el 23 de agosto, este diario tuvo un testimonio clave cuando la responsable del área de la Niñez de la comuna, María Emilia Lozano, reconoció que las operadoras “jamás” habían reportado situaciones de violencia, e incluso que “no las dejaban entrar”.

Así, los ojos del Estado dentro de la vivienda de Junín al 1200, no sirvieron para hacer una evaluación exacta de la dinámica intrafamiliar y prevenir la pesadilla de Abigail, que se debatió entre la vida y la muerte cinco días.

Tejedor ordenó que la familia tuviese un monitoreo desde el mes de abril, luego de que, con sólo dos meses de vida,  ingresara al hospital con un brazo quebrado y su madre dijera que la hinchazón correspondía a la colocación de una vacuna. Entendiendo que había maltrato, Tejedor envió un Oficio a Niñez para que pusieran una operadora “las 24 horas”.

Entre los meses de abril hasta el 20 de agosto del año pasado, fecha en la que la beba es internada con muerte cerebral, la defensora del Menor no recibió alertas del área de la Niñez, o informes que hablaran de un peligro inminente.

Otro eslabón en la cadena de presuntas anomalías fue el que representa a quien fue el médico pediatra de Abigail, el Dr. Horacio Córdoba.

Días antes de ser internada, Orellana y su madre, llevaron a la beba a su consultorio por un cuadro de intensos dolores abdominales, las mujeres estaban acompañadas por la operadora. El no habría denunciado esto y tampoco la afección de la menor, ya que según relataron testigos, las mujeres le “rogaron” que no denunciara porque la defensora les iba a quitar a la pequeña.

Se desconoce a quienes en concreto alcanza la investigación por omisión de los deberes de funcionario público, pero hay que recordar que si de incurias se trata, hubo una vinculada a la cuestión política que también salpicó el caso.

Cuando Abigail murió, TiempoSur fue el medio que alertó que hacía tres meses que el pliego para designar al Dr. Diego Lerena estaba en la Legislatura sin tratamiento, por presuntas diferencias políticas entre los bloques.

El Juzgado de Familia estaba subrogado hacía casi dos años por el Dr. Antonio Andrade, quien nunca remitió las pericias psicológicas de los padres de la menor al área de Niñez.

“Los funcionarios tienen que saber que cuando un niño está pasando por una situación de abandono y desprotección, estamos obligados a informar a las áreas de Protección para reponer los derechos” dijo al respecto el Defensor General de la Provincia, aclarando que la Ley de Protección de la Niñez “la sociedad debe poner las cargas sobre ellos (funcionarios) porque cada vez que hay un incumplimiento tenemos que lamentar una víctima”. A esto “hay que ponerlo en debate y no tener miedo” concluyó.