La Doctora Estefanía no planteó ninguna salida que no fuera institucional
Asi lo afirma, la Asociación de Magistrados y funcionarios judiciales a través de un comunicado que emitió este viernes.
Asi lo afirma, la Asociación de Magistrados y funcionarios judiciales a través de un comunicado que emitió este viernes en que respaldó las declaraciones de su presidenta, Carina Estefanía, quien en declaraciones a la prensa había mencionado la posibilidad de realizar en Chubut un proceso de destitución y juicio político al Gobernador Mariano Arcioni.
Cabe recordar que la respuesta a las declaraciones, desde el gobierno, el Ministro de Gobierno José María Grazzini la tildó de “golpista” al afirmar que dichas expresiones “suenan a otras épocas, cuando se programaban golpes a los diferentes poderes”.Incluso Grazzini expresó esta semana a la presidenta de los Magistrados: “el Gobernador está firme en su cargo”.
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Documento
Así es que mediante un documento el SITRAJUCH y la Asociación de Magistrados salio con un claro mensaje de apoyo a su Presidenta y sostienen que la “revocatoria de mandato”, y/o el “juicio político, la intervención federal” son" mecanismo previstos en la constitución de Chubut, en los artículos 264, 198; y 5 y 6 respectivamente".Con “el claro objetivo de sanear el Estado, en resguardo del régimen federal, republicano y democrático de Gobierno”.
Además ante las expresiones del Ministro Grazzini, la Asociación considera que el Ejecutivo pretende “desconocer la Constitución Provincial” al darle otro sentido a las expresiones de Estefanía.
En que entienden desde el sector judicial que buscan, “causar desconcierto en la ciudadanía que tiene derecho a saber que el único reclamo que realizamos desde hace más de 2 años es que se cumpla con sus obligaciones y deposite en tiempo y forma los fondos para pagar salarios”.
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Defensa de la Institución
Asimismo explican que la Asociación “históricamente hemos defendido el funcionamiento de las instituciones y el fortalecimiento del sistema republicano y democrático lo cual está en la base de cualquier discusión pública y de reivindicación de derechos”.Puesto que el atraso en el pago de salarios “incide en el desempeño y autonomía de un poder independiente”, como el Judicial.
Indicaron así que el Estado Constitucional de Derecho es “incompatible con cualquier intento de condicionar el funcionamiento autónomo de la judicatura”, y que además “implica cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que el Estado provincial ha asumido con el Poder Judicial”.
Por ello contextualizan que ,"desde el inicio de la crisis, en 2018, se manifestaron en favor del diálogo institucional sensato y constructivo”.
Y concluye , “nuestras disidencias con las políticas públicas que nos perjudican implementadas por el Gobierno han sido comunicadas y debatidas dentro del marco de los más elementales principios constitucionales”.