Comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judicial de Chubut, con relación a las declaraciones radial por parte de la Presidenta Dra. Carina Estefanía, mencionando la "revocatoria de mandato" (art. 264 CP), "juicio político” (art. 198 CP) y la "intervención federar” (art. 5 y 16 CP) recuerda que son mecanismos previstos en nuestra Constitución Provincial con el claro objetivo de sanear el Estado, en resguardo del régimen federal, republicano y democrático de gobierno. Darle otro sentido, como pretende el Poder Ejecutivo Provincial, desconocer la Constitución e intentar causar desconcierto en la ciudadanía que tiene derecho a saber que el único reclamo que venimos realizando desde hace más de dos años es que cumpla con sus obligaciones y deposite en tiempo y forma los fondos para pagar los salarios de los empleados públicos y así asegurar el funcionamiento pleno de todos los Poderes del Estado y garantizar el ejercicio de los derechos más elementales de la ciudadanía.

Históricamente hemos defendido el funcionamiento pleno de las instituciones de nuestra provincia y el fortalecimiento del sistema republicano y democrático. Esa posición institucional está en la base de cualquier discusión pública y reivindicación de derechos.

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El pago atrasado de los salarios incide en el desempeño y autonomía de un poder independiente, como el Poder Judicial. La vigencia del Estado Constitucional de Derecho es incompatible con cualquier intento de condicionar el funcionamiento autónomo de la judicatura lo que implica, entre otras cosas, cumplir en tiempo y forma con las obligaciones remunerativas que el Estado provincial ha asumido con la magistratura funcionariado y empleada/os del Poder Judicial.

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Desde el inicio de la crisis económica y financiera de Chubut esta Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales se ha expresado en favor de un dialogo institucional sensato y constructivo entre todos los actores con propuestas respetuosas de los preceptos republicanos y democráticos.

Nuestras disidencias con las políticas públicas que nos perjudican, implementadas por el Poder Ejecutivo provincial, han sido comunicadas y debatidas, dentro del marco de los más elementales principios constitucionales.