Para el querellante D’Antonio la perra Tita no mordió al policía

Adhirió en general a todo lo manifestado por los fiscales investigadores del caso, destacó la afectación en la familia propietaria por la muerte de la perra. Se basó en una filmación de una cámara de seguridad que, aunque lejana en cuanto a la claridad de la toma, le permitió medir en el tiempo el ataque de la perra y la reacción del policía.

Dejo que a su criterio, no está suficientemente acreditado que la perra haya mordido a la policía y que tampoco haya saltado hacia la integridad alta del cuerpo de Saavedra. “Dijo que el uso del arma por parte del policía fue desproporcionada” y que además puso en riesgo a las otras personas que se hallaban en el lugar.

Asimismo adhirió al aspecto legal y reglamentario, para justificar el uso del arma, que hizo la procuradora fiscal Eugenia Dominguez. Además destacó que “el policía Saavedra mintió al realizar la denuncia”, para luego señalar contradicciones, por un lado con otros testimonios que se escucharon en el juicio y, por el otro del mismo Saavedra durante la audiencia. “En la denuncia dijo que disparó contra el animal y en la audiencia dijo que disparó al piso. O mintió allá o mintió acá”, expresó el querellante.

Concluyó que la acción de Saavedra “fue desmedida y contraria a la Ley y las reglamentaciones”. Dijo que hubo “abuso de autoridad y maltrato animal”. Además se refirió a los derechos del animal sintiente, en el marco del derecho a la vida.  Respecto del pedido de pena, dijo dos años de prisión y el doble de inhabilitación en sus funciones policiales

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Para el fiscal Rivarola el policía disparó intencionalmente contra la perra Tita

Para el fiscal Rivarola, el policía disparó intencionalmente  hacia el perro sin que corriera riesgo su vida ni para terceros. En este sentido dijo que solo un testigo refirió que el animal estaba saltando y esto es insuficiente como prueba. Agregó que solo fue un “topetaso” en la canilla sin afectar zona alta del cuerpo y que además en caso de ponerse en riesgo la vida del policía estaban presentes los dueños del animal y otros policías para evitarlo. “Fue un disparo directo al cuerpo del animal con intenciones de matarlo”, dijo Rivarola. “Hubo un dolo intencional y de allí el abuso de autoridad”, destacó.

También y tomando además conceptos del policía, dijo que el perro estaba de frente. Dijo que  Saavedra “si su intención hubiese sido disuasiva, pudo haber disparado hacia su costado, y lo hizo hacia adelante, de arriba hacia abajo”.  Para fundamentar la trayectoria del disparo se apoyó en las declaraciones de los testigos Hugo Ibañez que realizó la autopsia en el animal y reprodujo la trayectoria del disparo. También del  especialista en criminalística Alberto Enhes.

“Es un hombre estrenado, experimentado en salvar vidas humanas y suficientemente entrenado para el uso de las armas reglamentarias. No es un novato y otros testimonios han demostrado que además no tiene miedo a los perros.  Además acá no se está juzgando las condiciones humanas y profesionales del imputado. No me caben dudas de su templanza y su profesionalismo, por eso la mayor exigencia al momento del uso de su arma”, dijo en otra parte de su argumentación.

El fiscal general manifestó en alusión al policía imputado que “él mismo dijo en esta audiencia que estaba recargado, trabajando fuera de horario en medio de las exigencias del control de la pandemia en todo el personal policial. Estaba emocionalmente mal. Tuvo un mal día y tomó una decisión contraria a la Ley”, concluyó.

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La pena que piden los fiscales para el policía Saavedra

La exposición del fiscal Fernando Rivarola, fue complementada por la procuradora fiscal Eugenia Domínguez. Esta última fundamentó desde el punto vista legal, las razones por las que quedó acreditado que se está frente a los delitos de “daño” y  “abuso de autoridad” destacando que Saavedra “se excedió en el uso del arma reglamentaria”, citando legislación y reglamentaciones policiales. También fundamentó por qué no existió un exceso en la legítima defensa por parte del policía.

Respecto de la pena a solicitar, se basó en un margen de un mes como mínimo y dos años de máxima, más el doble de la pena que se disponga para ser inhabilitado como policía.

Consideró como agravante, las circunstancias del hecho y la afectación a la familia propietaria de la perra. Concluyó en solicitar un año de prisión que podrá ser condicional y dos años de inhabilitación como policía.