Escándalo en el futbol brasileño: apuestas, corrupción y despidos

Las alertas se encendieron en noviembre, cuando el presidente del Vila Nova de Goiás, Hugo Jorge Bravo, denunció ante la fiscalía de ese estado del centro de Brasil que tres partidos de la segunda división, en la que su club participa, habrían sido manipulados.

El directivo supo que uno de sus jugadores, el volante Romário, de 20 años, estaría involucrado.

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La información, asegura, le llegó cuando el atleta incumplió lo pactado con los apostadores: cometer un penalti en el partido contra Sport Recife, en la última jornada del Brasileirão B, a cambio de una suma equivalente a unos 30.000 dólares al cambio actual.

El deportista recibió un adelanto de unos 2.000 dólares, pero no fue convocado para el juego.

Los apostadores presionaron al mediocampista, despedido a finales de noviembre y denunciado ante la justicia, para que les resarciera el perjuicio económico. "Todo se descubrió porque la movida no resultó", dijo Bravo.

Los fiscales de Goiás dieron continuidad a la denuncia de Bravo y lanzaron la Operación Pena Máxima. Creen que al menos 15 partidos fueron amañados, ocho de ellos de la primera división del año pasado. Los otros fueron de la segunda categoría de 2022 y de campeonatos estatales de 2023.

Por ahora han denunciado a al menos 25 personas: 15 futbolistas, uno de la primera división, el defensa del Santos Eduardo Bauermann, y diez apostadores o financiadores, tres de los cuales están detenidos.

Lo encontrado hasta el momento puede ser la "punta del iceberg", dijo el procurador Rodney da Silva en abril.

Seis atletas de la primera división fueron apartados de sus equipos, la mayoría esta semana, cuando sus nombres aparecieron en conversaciones de apostadores encontradas por fiscales y reveladas por medios locales. Otros dos, el lateral brasileño Pedrinho y el volante ecuatoriano Bryan García, fueron despedidos el viernes por Athletico Paranaense. Y el brasileño Max Alves, de Colorado Rapids (EE.UU.), fue suspendido.

Los deportistas, algunos de los cuales aceptaron cargos y negocian con la justicia, pueden pagar hasta seis años de prisión, y de momento no hay sospechas de árbitros involucrados.

Apostadores o intermediarios abordaban a los jugadores a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, y apostaban en sitios en línea, que son considerados víctimas. Les ofrecían entre 10.000 y 100.000 dólares por ser amonestados o expulsados, forzar tiros de esquina, provocar penales o garantizar marcadores. Los apostadores apuntaban a ganarse 400.000 dólares por fin de semana, según audios divulgados por el sitio G1, y usaban robots o cuentas registradas a nombre de terceros en las casas de apuestas para aumentar los ingresos.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, pidió el miércoles a la Policía Federal que investigue el caso. El Congreso creó dos comisiones para indagar las manipulaciones, una de las cuales debe ser presidida por el senador y exdelantero Romário, campeón del mundo en 1994.

Las autoridades temen que la banda operara en ligas fuera de Brasil, donde las apuestas deportivas son legales desde 2018, aunque no han sido reglamentadas.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) afirmó el miércoles que no suspenderá el Brasileirão y que trabaja con la "FIFA y otras esferas internacionales para establecer un modelo estándar de investigación".

"Soy partidario de la suspensión preventiva (de jugadores) basada en sospechas concretas e incluso de la expulsión del deporte en casos probados. Quien comete crímenes no debe formar parte del fútbol", dijo el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.

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El escándalo más reciente era la "Máfia do Apito" (Mafia del Silbato), en la que dos árbitros se aliaron con apostadores para amañar resultados en el Brasileirão de 2005. Once juegos debieron repetirse y los jueces, entre ellos el FIFA Edílson Pereira de Carvalho, fueron vetados.

Tras el caso, se endurecieron sanciones y aumentaron inversiones para monitorear las apuestas.

(Telefe)