Contra los desalojos

Tras el descongelamiento de los alquileres en todo el país, en tiempos de pandemia, los inquilinos quedaron a la deriva, con deudas muy preocupantes y con desalojos en curso.

Ante ello, al fin surgió una iniciativa en el plano provincial, donde hasta el momento nadie tomó medidas para tratar de resguardar a los inquilinos que tan mal la están pasando desde lo económico.

La novedad vino de la mano del diputado Gabriel “Faty” Oliva, quien presentó un proyecto solicitando “que el Ejecutivo provincial gestione y arbitre los medios necesarios para que, en este contexto de pandemia, se suspendan las sentencias de desalojo”.

La iniciativa incluye a inmuebles destinados a viviendas familiares urbanas y/o rurales, o con fines comerciales, y a toda persona que habite en pensiones, hoteles u otros alojamientos hasta el 31 de diciembre de este año.

Además, el proyecto incluye un pedido para que el Gobierno “genere políticas públicas tendientes a lograr que se congele el precio de los alquileres hasta el 31 de diciembre de este año, en toda la provincia”.
 

Muy necesario

Entre los fundamentos del proyecto elaborado por el diputado Oliva, indican que la realidad de Santa Cruz no escapa a lo que sucede a nivel nacional, donde un informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre del 2020 del INDEC, publicada el 31 de marzo de 2021, indica que la pobreza y la indigencia se extendieron significativamente en Santa Cruz, una provincia que, paradójicamente, es rica en megaminería, petróleo, pesca y turismo.

Además, advierten que, en el caso testigo de Río Gallegos, los datos arrojados por la citada encuesta muestran que 1 de cada 3 habitantes de la capital no logra acceder a la canasta básica total que en diciembre de 2020 rondaba los 50 mil pesos.

La medida

El proyecto también recuerda que, el año pasado y con el objetivo de mitigar las dificultades de tantas personas que no podían abonar el alquiler de sus viviendas, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó el Decreto 320/2020 con el objetivo de suspender hasta el 30 de septiembre de 2020 los desalojos, el aumento de precios y otros beneficios para los inquilinos.

Luego de la finalización de la vigencia del instrumento legal mencionado, el Ejecutivo nacional publicó el Decreto 66/2021 que prorrogó los beneficios establecidos en el 320/2020 hasta el 31 de marzo del corriente año.

Con el descongelamiento concretado, Oliva sostuvo: “Teniendo en cuenta que la pandemia se ha prolongado sin que el Presidente de la Nación firmara otro decreto para amparar la situación de los inquilinos, es que solicito al Poder Ejecutivo provincial que interceda y arbitre los medios necesarios para preservar de manera urgente el resguardo de cientos de familias que en nuestra provincia no pueden abonar el alquiler”.

El protocolo

A todo esto, mediante un comunicado de prensa, los integrantes de la Federación de Inquilinos mostraron su disconformidad para con este protocolo indicando que con el protocolo de alerta temprana de desalojos “confirman una vez más no saber absolutamente nada de lo que sucede con los inquilinos o peor aún, lo saben pero prefieren no hacerse cargo”.

Según quienes representan a los inquilinos, en el protocolo queda claro que los diferentes ministerios y organismos provinciales tienen que recabar información acerca de aquellos grupos de inquilinos e inquilinas que estén en situación de desalojo siempre y cuando hayan extendido su contrato por Decreto 320 (no está vigente ya) y tengan sus contratos registrados en AFIP a pesar de que los contratos anteriores a la vigencia de la ley de alquileres (1/7/2020) no tienen que ser registrados.

Entonces, aseguran que, sintetizando, “el protocolo es completamente obsoleto para proteger a las familias que están en riesgo de ser desalojadas”.
Matías Solano, de Inquilinos Santa Cruz, quien afirmó: "Mientras la gente tiene que estar viendo cómo hacer para no quedar en la calle, el Ministerio saca un protocolo que en la práctica es estéril y contradictorio, parece una burla. En la Pcia. de Bs. As. se creó recientemente un área para atender la problemática, esperemos que en nuestra provincia de Santa Cruz se avance en el mismo sentido".