Destacan papel "fundamental" de la anulación de leyes de impunidad a 20 años de su sanción

"La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue fundamental para la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy, 20 años después, hay más de 1.100 genocidas condenados y los juicios continúan", resaltó la dependencia por medio de una publicación en redes sociales.

En un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) celebró que la "anulación de estas leyes dio un impulso fundamental para reabrir las causas por los crímenes de la dictadura y continuar haciendo justicia, una demanda histórica del movimiento de derechos humanos y de la mayoría de la sociedad argentina".

Además, el organismo valoró que los "juicios por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad en el pasado reciente, fueron sostenidos por gobiernos de diferente signo político desde 1983" y sostuvo que también "fueron respaldados por los tres poderes del Estado".

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Sobre el mismo hecho, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, valoró que la anulación de esas leyes "permitió reanudar juicios a los genocidas responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar".

Y destacó que la decisión fue "una de las primeras políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner a poco de asumir el Gobierno".

El exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, señaló que "hace 20 años, por iniciativa de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional derogaba las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, poniendo fin a décadas de infamia y olvido".

"'Juicio y castigo' y 'Memoria, Verdad y Justicia' son, hoy más que nunca, banderas que debemos levantar bien alto y defender ante la amenaza de la barbarie dictatorial y sus voceros, exhortó.

El 21 de agosto de 2003 el Senado de la Nación convirtió en ley la nulidad de las llamadas "leyes de impunidad", que habían sido puestas en vigencia a mediados de los años 80 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Las normas, aprobadas en su momento por el Congreso, impedían el juzgamiento a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre 1976 y 1983.

La decisión de anular los alcances de ambas leyes "mostró la voluntad del gobierno que recién comenzaba y de gran parte de la dirigencia política de terminar con casi dos décadas en las que los genocidas caminaban libres por la calle y sin condena", consideró el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en una columna de opinión publicada el fin de semana en Télam.

"Hacía apenas tres meses que Néstor Kirchner había asumido la presidencia y tuvo la valentía de acompañar desde el Poder Ejecutivo el proyecto de la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh para declarar 'insanablemente nulas' las leyes 23.492 y 23.521, algo que era reclamado desde hacía varios años por los organismos de derechos humanos, los familiares y los sobrevivientes", recordó Pietragalla Corti.

La anulación de las leyes, analizó el funcionario, fue una medida que marcó "un antes y un después" porque permitió "iniciar el camino hacia una democracia con la Memoria, la Verdad y la Justicia como uno de sus pilares".