“Amerita que las autoridades de contralor intervengan y le pongan un coto a esto”

El abogado de la familia Vázquez, que alquiló una casa que se convirtió en un geriátrico en el mes de diciembre pasado, salió a reafirmar la denuncia pública que hicieran las propietarias contra sus inquilinos.

Se trata del Dr. Raúl Andrade, quien indicó a TiempoSur que recién está tomando el caso por lo que analiza las primeras medidas legales que va a tomar: “La más inmediata es la responsabilidad civil, el tema penal porque hay amenazas y la cuestión social por la situación de los abuelos” por lo que entiende que esto “excede la mera relación contractual”.

Protocolo activado- Cabe recordar que días atrás la vecina Edhit Vázquez se acercó a este diario para formular una denuncia contra sus inquilinos, a los cuales alquiló una propiedad en el mes de diciembre del año pasado con el propósito de convertirse en un geriátrico, que no reuniría –según dijo- las condiciones para estar habilitado.

“Esa casa que nosotros alquilamos para un geriátrico no está en condiciones y veo como una especie de abandono de los abuelos que están ahí porque están maltratados, el edificio no tiene rampas y los ancianos se caen contra baldosas de cerámica, tampoco tiene agarraderas en los baños, no han hecho ningún arreglo como para que el geriátrico esté habilitado como tal”, subrayó en esa oportunidad.

Asimismo, TiempoSur también consultó al Director de Comercio Municipal Miguel D´Abbraccio para saber si estaba al tanto de esta denuncia. “Nos queda claro que acá la única responsabilidad, de ser cierto que está funcionando un establecimiento clandestino, sería de los locatarios”, subrayó al tiempo que dijo que ya se inició el protocolo para estos casos.

Que intervengan las autoridades- Ayer, el abogado Andrade manifestó que entiende que “nos encontramos con personas que están usufructuando un inmueble sin tener derecho a hacerlo porque rescindieron el contrato y están al margen de la ley porque no tiene habilitación ni las condiciones mínimas de resguardo de esos abuelos”. Más adelante, subrayó que algo de sentido común es que “no instalaron los calefactores necesarios y se calefaccionan con electricidad que paga mi cliente y con la desgracia que podría generarse con un cortocircuito”.

Finalmente, el abogado expresó: “Esto excede un conflicto entre partes, amerita que las autoridades de contralor intervengan y le pongan un coto a esta situación”.