Clausuraron el geriátrico que funcionaba clandestinamente

Esta semana conocimos el caso de una pensión para ancianos que –según las denuncias realizadas por las propietarias del inmueble alquilado a unas tres personas- no reuniría las condiciones mínimas para tener allí a adultos mayores.   

Esto generó que se active el Protocolo de Intervención Temprana (PIT), que ayer generó que varios organismos del estado se hagan presentes en la casona de calle Federico Sphur 78 de esta capital, para proceder a constatar si las denuncias eran tal cual se habían indicado.  

El operativo- Pasadas las 15:00, las distintas áreas se hicieron presentes en este lugar. TiempoSur habló al respecto con Miguel D´Abbraccio, Director de Comercio Municipal, quien señaló que todo comenzó hace un par de meses a raíz de la denuncia de las verdaderas propietarias de este lugar, que se lo alquilaron a un grupo de personas.

El contrato suscripto era por 3 años para establecer una pensión-geriátrico-hogar de ancianos. Sostuvo que la dirección se comunicó con las áreas involucradas en el protocolo de intervención temprana, creado el año pasado: la Dirección de Comercio Municipal, de Desarrollo Comunitario y Humano, Acceso a la Justicia, Defensoría del Adulto Mayor de la provincia, la Regional Sur de la Policía, la dirección del PAMI, el Ministerio de Desarrollo Provincial, entre otros.

“En ese momento se dispara el protocolo y cada área interviene en lo que le corresponde para comenzar a investigar y proceder. Vale aclarar que estas intervenciones no son inmediatas sobre los establecimientos, dado que pueden existir personas vulnerables en su interior, por lo que lleva su tiempo interactuar y resolver qué hacer”, aclaró D´Abbraccio.

Las irregularidades- En ese caso -dado que las denunciantes si bien referían la existencia de ancianos en condiciones muy malas de habitabilidad-, la operativa fue un poco más lenta pero con más precaución.

Luego de esto, debido a que en estos últimos días las denunciantes hicieron público tanto los hechos como sus identidades (a través de TiempoSur), decidimos que no había inconvenientes en actuar en lo inmediato”, dijo el funcionario.

Finalmente ayer a las 15:30 de la tarde se llevó a cabo el operativo conjunto en donde actuaron inspectores de la Dirección de Comercio, trabajadoras sociales de Desarrollo Municipal, funcionarios de Acceso a la Justicia de Nación, inspectores del Departamento de Bromatología del Municipio, policía de la Seccional Segunda y colaboró una funcionaria de la Defensoría del Adulto Mayor.

“Al ingresar nos encontramos con un hogar de ancianos informal e ilegal, atendido por una de sus dueños, quien refería ser enfermera y quien dijo que tenía a su cargo entre 3 o 4 personas de servicio que la ayudaban con la limpieza y la comida”, sostuvo.

Recorriendo las instalaciones “nos encontramos con alrededor de 6 habitaciones alrededor de un pasillo oscuro y con desniveles peligrosos, en muy mal estado de habitabilidad, sin salida de emergencias, sin los matafuegos reglamentarios, existiendo un solo baño, pequeño, para los alojados y el personal, en muy malas condiciones y sin puerta, el cual da a un pasillo, ni teniendo los ancianos la más mínima privacidad”, detalló.

También especificó que la cocina de uso general -si bien se encontraba aparentemente limpia- estaba en muy malas condiciones de cañerías, etc. “En las piezas existían calefactores pegados al colchón y la ropa de cama, y la instalación eléctrica aparentaba estar en muy mal estado. El establecimiento en el momento de requerírselo no poseía seguro de ningún tipo, ni de incendio ni de responsabilidad civil y la titular del establecimiento refirió que no lo tenía pues las compañías de seguros no querían asegurarle gente de tan avanzada edad. Tampoco exhibió, al requerírsele, libreta sanitaria suya ni del personal que trabajaba supuestamente en el lugar”, expresó más adelante.

Qué pasará con los abuelos- Finalmente, los funcionarios solicitaron la presencia de una ambulancia y un médico del Hospital Regional para, antes de retirarse, cerciorarse que no existía un riesgo inminente en la salud de los hospedados. “Al constatar el médico actuante que los hospedados estaban en buenas condiciones de salud, se decidió realizar la clausura preventiva del establecimiento, y la semana entrante el Juzgado Municipal y la Justicia ordinaria deberán decidir el destino de cada uno de los alojados teniendo en cuenta si tienen familiares donde alojarse o serán derivados a establecimientos que decidan organismos como el PAMI”, comentó D´Abbraccio.

Es importante acotar que esta clausura preventiva no conlleva el fajado de puertas y ventanas ya que los adultos mayores seguirán en el establecimiento, monitoreados. Sin embargo, se dejó constancia en acta que no podrán ingresar más de ellos al lugar.

En cuanto al inmueble en sí, el funcionario municipal sostuvo que los inquilinos dejaron de pagar el alquiler y la propietaria de la casa les revocó el mismo, por lo tanto “al momento serían ocupas, amén de no contar y nunca haber gestionado la habilitación municipal”.