El juez penal más progre del país habló de la reforma del CPP en Santa Cruz

Por Sara Delgado

Mario Alberto Juliano es un juez distinto porque comprende su tiempo y no está encorsetado en la ortodoxia que la mayoría de los magistrados tienen a la hora de interpretar la ley. Es un astuto jugador en las redes sociales y se caracteriza por un sarcasmo con el que abraza hasta los temas más duros.

Juliano integra el Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea y hace 19 años que es juez penal, además de presidente de la Asociación Pensamiento Penal y autor en Cosecha Roja, donde hace dos años contó el orgullo que siente por su hija, una abogada que cultiva y consume cannabis.

Vino varias veces a Santa Cruz y tiene vínculo con el presidente de la Asociación de Magistrados, Carlos Rearte, con quien planifica hacer un eventual  simulacro de juicio por jurados.

De cara a la discusión instalada por el nuevo  Código Procesal Penal de la provincia, que en el transcurso de esta semana tendría definida la integración de su Comisión Asesora para la Reforma, Juliano también dio su opinión.

“Lo que a mí me llama la atención es que no hay justificativo para que veinte años después una provincia como Santa Cruz no haya implementado un sistema acusatorio. Esta es la primera reflexión que se me ocurre, te imaginas lo que fue implementarlo en la provincia de Buenos Aires en 1998, con la complejidad que es ese territorito, así que no lo haga Santa Cruz es francamente inexplicable” dijo.

Sucede que salvo algunas excepciones como la nuestra o Tierra del Fuego que ya logró un borrador, el sistema acusatorio rige en todo el país.

Para el juez, “a esta altura del partido no hay demasiadas cuestiones para inventar. Los códigos ya están escritos y han ido evolucionando de acuerdo a la experiencia recogida arrancando por el Chaco hasta llegar a los últimos códigos más modernos que hay hoy en Santa Fe y Neuquén”.

Sin embargo “si lo tuviera que definir yo, mi código ideal sería claramente orientado a la oralidad y a la informalidad de las actuaciones, un código donde el centro y el eje de las actuaciones sea la resolución alternativa de conflicto, y donde la excepción sea el juicio oral y público para aquellos casos que no admiten otro tipo de solución”.

Así “la regla general es la resolución alternativa de conflicto: suspensión de juicio, principio de oportunidad, mediación, conciliación, todo lo que pueda ocurrir orientado a componer el conflicto y a restablecer la paz social, tratar de devolver las cosas a su estado anterior y apuntar a la convivencia. Mientras que aquellos casos que no se puede conciliar, deberán ir a juicio oral pero con juicio por jurado como regla general”.

En este sentido, Juliano se reconoce “totalmente juradista” y dijo que ese sistema que el Gobierno de Santa Cruz pretende dejar legislado para una futura implementación “en la Provincia de Buenos Aires, en Neuquén y Córdoba funciona con un nivel de legitimidad de las decisiones de las ciudadanía que son incomparables con las que tenemos nosotros. Los juicios profesionales siempre terminan cuestionados, habla el pueblo, hablan los pares y se terminó el asunto”.

Condena a morir en la cárcel

Juliano tiene una mirada puesta en derechos humanos y sistemáticamente se ocupa de denunciar el estado de indignidad en el que se encuentran los condenados en los penales de su provincia. Hace tiempo ya se propuso pelear contra un sistema enquistado en el castigo como un fin en sí mismo porque no garantiza la reinserción social.

En 2013, Juliano declaró la inconstitucionalidad de la prisión perpetua para un caso de homicidio calificado, en un fallo dividido en el que dijeron que esa pena era “cruel, inhumana y degradante”. Más tarde escribió un libro que se llama “En contra la Prisión Perpetua”.

Juliano explica que “originalmente nunca había  teniendo inconveniente en el viejo y querido Código Penal cuando decía que a los 20 años de haber purgado condena se podía acceder a la libertad condicional. Obviamente no pretendo minimizar la gravedad de los hechos por los cuales se aplica la prisión perpetua, son hechos muy graves. En el 2004 se reforma el artículo 13 del Código y de 20 pasa a 35 años purgando condena para acceder a la libertad condicional. En el Estatuto de Roma, que sanciona los delitos de lesa humanidad, los delitos más graves que ha concebido la humanidad, genocidio y desaparición forzada, el tipo de la pena son 30 años, excepcionalmente prisión perpetua, y nosotros castigamos más severamente un delito común gravísimo que un genocidio. Videla estaba condenado a 30 años de prisión. Y esto no es todo, porque originalmente se decía que los reincidentes no podían acceder a la libertad condicional y el año pasado se agregó un largo catálogo de delitos que tampoco pueden acceder a la libertad condicional y que son casi todos los homicidios calificados, abuso sexual seguido de muerte, delitos gravísimos por supuesto. Entonces, la jurisprudencia ha hecho una interpretación que dice que la pena máxima en Argentina para un concurso de delitos es 50 años y salvo excepciones, la prisión perpetua es condenarte a morir en la cárcel”.

El Código que quiere Cambiemos

El Gobierno nacional también está planteando su reforma del Código Penal, uno “bastante ortodoxo” definió Juliano, para quien el borrador no resulta “demasiado innovador ni excesivamente manodurista como pensábamos, no hay una  tendencia a la benignidad claramente, pero tampoco se advierte que sea un código desmesuradamente punitivista. Más que un nuevo código es una reforma y un reordenamiento sobre todo de muchas leyes espaciales que estaban dispersas y se las mete adentro del código”.

Aborto y marihuana

Dentro del movimiento feminista hay una enorme porción de mujeres que entiende que la conquista del derecho a decidir sobre el propio cuerpo está relacionada con que otros temas salgan de la clandestinidad, como el consumo de marihuana.

Para Juliano es así porque “hay un hilo conductor en estas cuestiones. Más allá del debate ético moral y religioso, que creo que es respetable que cada uno piense y haga con su vida y dentro de su casa lo que  quiera, pero creo que tenemos que apostar a un Estado que regule situaciones que corren dentro de la sociedad, para evitar que hayan riesgos, que ocurran abusos, para justamente tratar de promover conductas positivas” Así, “probablemente previo a  la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo se podrá sugerirle algún tipo de alternativas. Yo estoy por la legalidad y esto está íntimamente vinculado con las políticas de drogas”.