“El aborto es de todas las clases sociales pero las muertes son de las pobres”

“Mi nombre es Cecilia Ousset. Soy católica, médica, especialista en tocoginecología, madre de cuatros hijos. Trabajo actualmente en el sistema de salud privado, aunque me formé y trabajé en el Sistema Público en la ciudad de Mendoza”. Así comenzaba su carta la médica que el mes pasado generó un cimbronazo en redes sociales bajo el título “no soy neutral”, un relato crudo sobre los abortos en nuestro país.

Cecilia habló ayer con Tiempo FM y dijo que la sanción de una ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es necesaria porque, para el sistema de salud, va a significar un marco de actuación.

Justamente ayer, este diario contó el caso de Claudia Callejas, una ginecóloga que actualmente trabaja en el Hospital Samic de El Calafate, que en Tucumán fue denunciada por violar el secreto profesional, cuando convocó a la policía para que interrogara a una mujer humilde que había tenido un aborto espontáneo y ni siquiera sabía que estaba embarazada. El caso “María Magdalena”, que está actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, podría sentar un precedente necesario para que miles de mujeres dejen de tener miedo de ir a un hospital si acaso tienen un aborto.

“Hemos llegado a la conclusión los ginecólogos, en que nosotros necesitamos un marco legal porque si no seguimos siendo parte de la clandestinidad y obligados a hacer cosas que no queremos, como denunciar y no mantener el secreto médico” dijo Cecilia, que se reconoce católica practicante, en contra del aborto pero a favor de que la IVE sea un tema de salud pública.

Cecilia dice no entender a los médicos que están en la trinchera, como suele llamarse al lugar que tienen aquellos que están en guardias y emergencias. “No comprendo cómo pueden estar en contra de la ley, porque en contra del aborto estamos todos, pero en contra de la ley no, porque es un marco para saber qué protocolo seguir si viene una paciente y cómo ayudarla, acompañarla, derivarla si el médico tiene objeción de consciencia y si no la tiene, pautas claras de interrupción de embarazo”.

La ginecóloga sabe que nadie va alegremente a abortar y que la inseguridad sanitaria termina muchas veces en muerte y orfandad de los hijos.

“La mujer que aborta ha sentido que no pudo hacer otra cosa, se siente en profunda soledad, muchas veces amenazada por quien le produce el aborto, van con miedo, mintiendo. Yo las vi no solamente con secuelas como colostomía, sondas vesicales, esterilidad definitiva, sino que también muertas en quirófano o en terapia intensiva. La verdad que es algo que no podemos seguir permitiendo, esto no tiene que ver con la religión”.

Hasta el día de hoy, Cecilia recibe insultos y amenazas por la carta que escribió en una Tucumán profundamente conservadora.

“Yo trabajé en la crisis de 2001 en un hospital público donde hacíamos más legrados que partos, y después vengo a Tucumán a atender en la parte privada donde las mujeres también abortan pero sin secuelas” por eso, dice Cecilia “tenemos que luchar por este derecho, porque el aborto es de todas pero las muertes son de las pobres”.

Cecilia vio abortos con cabos de apio, agujas de tejer, con permanganato de potasio, el compuesto con el que se le eliminan los parásitos de los peces y con Oxaprost en cantidades insuficientes.

Por eso se queja de que hoy, una caja de 8 comprimidos de esta droga que está en el Misoprostol, cueste “casi 3 mil pesos y  si fuese legal deberían hacerlo en Argentina. El misoprostol tiene diclofenac, es un analgésico con protector gástrico, nada más que para la práctica se le saca el diclofenac y se usa sólo la cubierta que tiene esa droga. No tenemos como en otros lugares el misoprostol solo. El 80% de los abortos con misoprostol tiene éxito y solo un 20% pasa a ser instrumental por eso hay una disminución de la mortalidad materna”.