Una joven denuncia abuso policial en un boliche

Por Sara Delgado

Lynette Riquelme tiene 28 años y es de Caleta Olivia. El fin de semana fue a bailar a “La Casita”, un lugar donde concurren los amantes de las fiestas electrónicas. Cerca de las cinco de la madrugada del sábado, un grupo de policías ingresó al local para hacer una razzia.

Se trata de una práctica que en otros lugares del país es denunciada con habeas corpus porque incluye detención arbitraria y trato denigrante, pero que por sobre todas las cosas persigue estereotipos, como a grupos juveniles y sectores barriales poco acomodados a los que les violan la intimidad o la presunción de inocencia.

A la vieja usanza, los policías irrumpieron en el lugar con sus caras tapadas por cuellitos y capuchas luego de bajarse del furgón negro y empezaron a exigir documentos.

“Tomaron los datos de todos, quisieron revisar a la gente y yo les dije que lo que hacían era ilegal, que tenían que estar identificados, que eso era violentar a la gente” contó a TiempoSur Lynette, que por quejarse fue sacada hacia la vereda.

“Me quisieron meter al furgón, me esposaron, me tiraron contra la camioneta, me dieron cachetazos, unos cortitos en la boca porque yo me puse como loca diciéndoles que yo quería saber sus nombres y que se saquen las capuchas. Que me digan quiénes eran porque si ellos iban a pedir mis datos yo quería los datos de ellos” relató.

Cuando Lynette notó que se la querían llevar detenida pensó que lo mejor era mentir y decir que era abogada y que además hacía poco que trabajaba en un Juzgado y los iba a denunciar por apremios ilegales. Pero en realidad ella es una joven madre que se gana la vida haciendo tareas de limpieza en casas particulares. Aun así, su estrategia funcionó porque la dejaron irse, pero no terminó todo.

Lynette llegó a su casa acompañada de su hermana, pero cuando ésta se fue, escuchó el rugir de motos y salió a ver qué pasaba.

“Tenía dos policías motorizados en el portón haciendo ruido con las motos y yo salí para decirles que se vayan, ellos no pueden venir a intimidarme. Me dieron dos piñas más, me tiraron contra el portón y me dijeron que me deje de joder porque me iban a hacer mierda y que ellos sabían quién era yo, que me deje de escrachar a la policía”.

Sucede que hace dos meses Lynette denunció a un grupo de uniformados en el Juzgado de Instrucción N 2 que conduce Gabriel Nolasco Contreras Agüero, por presuntas amenazas e intimidaciones por las acusaciones que ella y su grupo de amigos hacen contra los policías que estuvieron en la Seccional Primera la mañana que murió Gustavo Geréz.

Gustavo tenía 28 años cuando murió adentro de la Seccional Primera, ahogado por su propio vómito. La policía lo había detenido durante la madrugada después de encontrarlo intoxicado, pero en vez de llevarlo al Hospital, lo dejaron en la sede policial. Las dos autopsias que se le hicieron - la segunda luego de exhumarlo- coincidieron con que no murió por una paliza, sin embargo eso no exculpa a los uniformados que nunca debieron llevarlo detenido. Si lo hubiesen llevado a un hospital, Gustavo hoy estaría vivo. 

Acciones como pegatinas con la imagen de los policías involucrados salen de la Comisión de Amigos de Gustavo. Desde entonces Lynette dice que “hay compañeros a los que les estacionan el patrullero afuera de la casa y se ponen a fumar, o en mi caso pasa un Corsa gris tres o cuatro veces al día despacito. También en manifestaciones que hacíamos en el Gorosito vimos cómo la policía nos sacaba fotos. La denuncia es por si nos pasa algo”, aclara ella.

Luego de que Lynette hiciera público con un post en redes que la policía le había pegado, una comisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia se acercó a verla y se llevó copias de las denuncias que presentó por el hostigamiento, ya que a lo sucedido ayer va a denunciarlo este martes.