Contra Uber: taxistas señalaron que Transporte no tiene recursos para controlar

Por unanimidad ayer la Legislatura en sesión extraordinaria aprobó la Ley Provincial Nº2417, que adhiere a la Ley de Tránsito Nacional 24.449, que prohíbe la instalación de servicios de transportes    que operan con aplicaciones, redes sociales y sistemas informáticos.

En concreto, la norma, autoría del diputado Víctor Álvarez, impide “el transporte de pasajeros no concesionado por el Estado provincial” para funcionar en Santa Cruz “hasta tanto exista regulación específica”, señala e incita luego a los municipios a adherir.

Hasta ahora Uber no llegó a la provincia, por lo que la ley es un resguardo ante esta posibilidad, ya que la empresa mundial opera en varias urbes del país e incluso cuenta con un fallo de la Corte Suprema que habilita su funcionamiento y consideró que es “una actividad comercial lícita”.

“Esperábamos que el proyecto se dé y aunque la App no ha bajado, si llega a bajar cualquier tipo de pyme, que lo haga en las mismas condiciones que estamos trabajando nosotros. No nos oponemos a ninguna fuente laboral, pero es muy injusto que sea una competencia desleal e ilegal”, dijo a TiempoSur, Juan Ojeda, delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, quien fue además autor del anteproyecto.

Ayer decenas de taxistas se movilizaron hasta la Cámara de Diputados para exponer su apoyo a la norma.

Ojeda agradeció a los diputados Álvarez y  Valenzuela, y valoró los dichos del  presidente de la Legislatura, Pablo González, ya que “dijo que nosotros siempre estuvimos a la altura de las circunstancias cuando la sociedad necesita  ayuda. Y eso es verdad”.

“Esto dará mucha más fuerza”, vertió y precisó que Transporte Público de la Municipalidad de Río Gallegos les advirtió que “no tienen las herramientas para trabajar”. “Ellos esperaban esta ley para tener más espaldas con respecto a las inspecciones”, destacó. “Nos manifestaron que no tienen movilidad para hacer controles”, marcó.

Ojeda volvió a reclamar al Ejecutivo municipal que “esté a la altura de las circunstancias”, pero apuntó que si existe una nueva empresa de colectivos “llegue y abarque toda la periferia y hasta la última cuadra de los barrios”.

Sucede que el referente de los taxis  remarcó que con “una buena línea de colectivos” ayudará que hayan menos “taxis truchos”, que operan por WhatsApp, y que incluso “actualizaron su tarifa”.

La semana pasada, Transportes detectó dos nuevo taxis truchos. “Uno era un trabajador de la UOCRA arriba de un auto de alta gama, y el otro un FIAT Duna”, informó y valoró el trabajo de Patricia Reineque, a cargo por ahora de Trasportes Públicos.

IGUALDAD DE CONDICIONES

“Hasta tanto se elabore la legislación necesaria que asegure la competencia en igualdad de condiciones con otros servicios habilitados en la provincia”, indicó el diputado Álvarez en un comunicado.

Dijo que se trata de “defender los puestos de trabajo” de taxistas y remiseros “que invierten, que pagan impuestos y dentro de la legalidad”, al tiempo que consideró que se hace “en tiempos del desarrollo de nuevas tecnologías, que la mayoría de las veces, permite el trabajo cuasi informal”.

Los legisladores entendieron que “para prohibir esta operatoria, se puede mencionar que este servicio, que se está prestando en forma irregular en otras zonas del país, no cuenta con seguro que cubra los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los permisionarios, ni los conductores y ni las empresas de transporte por plataformas electrónicas son responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio a los usuarios o terceros, ni tampoco tributan impuestos y/o tazas provinciales y/o municipales”.

Finalmente, se sostuvo que “en la ciudad de Río Gallegos, por ejemplo, las licencias de taxis otorgadas ascienden a la cantidad de 280, agregando las remiserías y servicios de transporte de escolares y otros habilitados, lo que suma más de 800 fuentes de trabajo genuino que se verán afectadas en caso de permitirse la prestación de este servicio sin adecuar la legislación vigente y estableciendo las condiciones necesarias para prestarlo”.