Articulan políticas institucionales para abordar el maltrato infantil

El Consejo Provincial de Educación (CPE) se reunió ayer con instituciones gubernamentales para articular intersectorialmente el abordaje del maltrato infantil. La reunión contó con la presencia de profesionales a cargo del Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación.
El encuentro, convocado por el CPE, tuvo como finalidad articular el trabajo con el Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación. Las instituciones acordaron los puntos nodales y el enfoque contextualizado provincial que tendrá una futura capacitación destinada a docentes. El propósito fue construir una perspectiva de trabajo en materia de maltrato infantil que sea común a todas las instituciones.
En consecuencia, el eje del encuentro fue la planificación de la capacitación “Maltrato Infantil, orientaciones para trabajar en la Escuela”. Al respecto, la referente del CPE, Claudia Astegiano, contó: “La idea es diseñar un dispositivo de capacitación para docentes, la intención es hacer un trabajo previo para conocer las necesidades de la provincia y sumar a este material de Nación, nuestro trabajo local”. La primera etapa comenzará este año con una etapa de sensibilización para equipos directivos y supervisores y el próximo año comenzarán los tres módulos destinados a docentes.
Del encuentro intersectorial participaron el Juzgado de Familia, Defensoría del Menor, Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenobofia y el Racismo (INADI) de Santa Cruz y oficina de Protección local de Derechos de la Municipalidad de Río Gallegos. Esta mesa de trabajo se constituyó a comienzos de este año y en particular, en materia de maltrato infantil, elaboraron protocolos de intervención.
La licenciada Graciela Zaritzky, integrante del Programa nacional, destacó el seguimiento que las instituciones tienen respecto de los casos de maltrato infantil y expresó: “Se reúnen un funcionario de Salud con otro de Justicia y saben el nombre y apellido de la persona del caso que están trabajando” y agregó: “Esto demuestra una política pública comprometida con la población”.
Del mismo modo, el licenciado Gerardo Aberbuj, coordinador del Programa nacional,  rescató la participación del ámbito judicial en Santa Cruz: “No es algo que se de en todas las provincia”. Al mismo tiempo, ambos referentes destacaron las expectativas de las instituciones por mejorar en la red de articulación y en las estrategias de trabajo. “Hay una preocupación compartida por mejorar e integrar las perspectivas de cada institución para hacer un abordaje en común, comprometidos por transformar esto en otra realidad”, subrayó Zaritzky.

Programa Nacional- El Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, en el marco de la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, postula que “para desarrollarse plenamente los niños, niñas y adolescentes necesitan, entre otras cuestiones, afecto, protección, seguridad, así como oportunidades para estudiar y jugar”.
Desde una perspectiva integral del ámbito educativo en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el propósito del Programa es favorecer el conocimiento, respecto y cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en y desde el sistema educativo. Esto quiere decir que no solo se diseñan estrategias articuladas al interior del sistema educativo sino también con otras áreas del Estado para que las cada niño, niña y joven desplieguen su potencial intelectual, emocional y social. El programa tiene tres líneas de acción: asistencia técnica y capacitación; promoción de los sistemas de protección integral; y producción de recursos educativos de comunicación.
Sus objetivos son: promover entre los alumnos y alumnas el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de sus derechos; prevenir diversas formas de vulneración de derechos; acompañar acciones de protección y restitución; y participar activamente en la construcción de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.