Acudieron a la Justicia para que se investiguen los dichos de Korenfeld

Referentes de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) se presentaron ayer ante el Juzgado Penal Nº 1, para denunciar penalmente a funcionarios del Gobierno provincial tras las graves denuncias que hizo públicas, a través de una carta, la ex interventora de la Caja de Servicios Sociales, Liliana Korenfeld.
La denuncia apunta a la posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público; malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real.
Entre las personas a las que imputa esta denuncia se encuentran Fabio Vázquez y Graciela Algorry -ex interventores de la obra social de la provincia- y al ex ministro de Economía de Santa Cruz, Diego Robles.
El pedido de medidas- El escrito presentado por los sindicatos ante la Justicia sostiene que se les imputa haber “malversado, gastado y haberse apropiado en su propio beneficio y sin rendición de cuentas, de fondos públicos, y haberse retenido indebidamente los mismos en perjuicio de la administración pública por un monto y con las modalidades que se determinarán en los peritajes contables”.    
Asimismo, los gremios apuntaron a los miembros del Tribunal de Cuentas de la provincia por haber “omitido ejercer los mecanismos de control que surgen de sus facultades constitucionales y que de haberse efectuado, se habría impedido que los hechos denunciados por la Sra. Liliana Korenfeld se hubieran cometido durante el período que surge de las declaraciones nombradas”.  
Por su parte, se pide que se llame a declaración testimonial a la propia Korenfeld; se efectúe una auditoría contable por intermedio del cuerpo de peritos contables del Poder Judicial para establecer la veracidad de lo publicado, se oficie al Tribunal de Cuentas para que remita copia de los informes, con las observaciones que se hayan efectuado, relativos a las rendiciones de cuentas de la CSS de los últimos diez años; y se llame a declarar al presidente del Colegio Médico Dr. Horacio Córdoba y al referente de APROSA, Pablo Ortiz Barrionuevo.
 
La salud- Tras la presentación, los gremios entre los que se encontraban Judiciales Provincial, APEL, ADOSAC, Vialidad y ATE, entre otros, convocaron a una conferencia de prensa donde explicaron los motivos de la denuncia.
En principio indicaron que Korenfeld debió haberse presentado a la Justicia y hasta lamentaron que el fiscal de Estado Iván Saldivia no haya actuado de oficio, como sí lo hizo para intervenir por los disturbios generados en la Cámara de Diputados el 29 de diciembre último.
“Hemos tomado esta punta que para nosotros es de mucha gravedad, donde creemos que la Justicia no va a poder evadir una línea de investigación hacia lo que pensamos que puede ser el esclarecimiento de algunas cuestiones que tienen que ver con los fondos del tesoro provincial”, dijo el secretario adjunto de los Judiciales, Juan José Ortega.
“Nosotros venimos planteando hace mucho tiempo el tema del deterioro progresivo de la salud pública provincial no sólo en cuanto a la cantidad de profesionales, sino también por el desfinanciamiento que ha surgido hace muchísimo tiempo de los hospitales públicos de la provincia, sobre todo desde la Caja de Servicios Sociales”, señaló Pablo Ortiz, de APROSA.    
El dirigente sindical habló de “desprotección”, tanto en el sector público como privado, ya que no se pueden asegurar las prestaciones médicas necesarias, “en donde hay situaciones de riesgo permanentes, no sólo para los que deben ser atendidos en hospitales y clínicas sino también para los profesionales y demás trabajadores de la salud”, comentó entre otras cosas.

Derivaciones sólo para urgencias
En el marco de la conferencia de prensa desarrollada ayer por parte de los gremios de la Mesa de Unidad Sindical, los integrantes de APROSA dieron cuenta de una circular con fecha 3 de enero de este año, donde desde la Dirección del Hospital Regional se informa que las derivaciones a la Capital Federal serán “únicamente a los casos de urgencia con riesgo de vida, que no puedan ser resueltas en la provincia”. La misma está firmada por la directora asociada –ayer habría presentado la renuncia- Nora Cavatorta.
Sin embargo, existe otra notificación, en este caso de Casa de Santa Cruz, donde se expresan los mismos considerandos y se agrega que “deberán posponerse cirugías programadas o controles para cuando estén restablecidas las prestaciones médicas, hoy suspendidas por falta de pago”. También resalta que cada derivación no sólo implica la cobertura de las prestaciones médicas sino la medicación, hotel, tickets de comida, etc. Esta última lleva la firma de Silvia Lopresti, directora Delegación Salud de Casa de Santa Cruz.