Comercio advierte el aumento de canasta básica

Luego de que en horas del mediodía, voceros del Poder Ejecutivo provincial dieran lectura a la carta que remitió el gobernador Daniel Peralta al presidente de la Legislatura provincial Fernando Cotillo, solicitando retirar el proyecto de Ley denominado “Superación de Emergencia Económica y Reordenamiento del Estado” – que entre otros aspectos, realizaba una reforma al sistema previsional – la Federación Económica de Santa Cruz, manifestó continuar en estado de alerta y movilización.
Esta postura responde a que desde el sector privado se esperaba que el tratamiento de los proyectos de reforma del Código Fiscal y de Consolidación de Deudas tuviesen idéntico destino, ya que se continúa con la decisión de aplicar medidas de ajuste sobre el sector privado santacruceño, incrementando tributos y pagando con bonos las deudas que el Estado contrajo con los proveedores santacruceños.
Según marcó Guillermo Polke, titular de la FESC, de aplicarse esta modificación, “seguramente afectarán al valor final de la Canasta Familiar, perjudicando la economía de los vecinos”, además de manifestar que “nos causa sorpresa que por un lado incrementen los impuestos a las PYMES y comerciantes santacruceños, pero por otro lado, se dejan intactas las alícuotas que pagan los sectores petrolero y minero, lo que refleja que este Gobierno sólo exige el esfuerzo de los trabajadores, de los empresarios y comerciantes de Santa Cruz”.
Otra vez, Polke resaltó que “sólo están preocupados en lograr una mayor recaudación, pero no se analiza el impacto que estas medidas inconsultas tendrán en el conjunto de la población, y ni hablar de medidas que tiendan a contener el gasto público”, para finalmente agregar que “no es momento de otorgar amplias facultades a diferentes sectores del Poder Ejecutivo provincial, sin el debate y los consensos necesarios que merece tener un paquete de medidas que nos afectan a todos”.
En tal sentido, desde la FESC se recordó que el proyecto de modificación del Código Fiscal, entre otras cosas, plantea un incremento de medio punto de la alícuota general del Impuesto a los Ingresos Brutos (de 2,5% a 3%), además de la delegación legislativa contenida en el Artículo 4º, en beneficio del Poder Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Ingresos Públicos, algo que se consideraron un exceso, ya que se pretendería permitir al Poder Ejecutivo provincial variaciones de la alícuota, que incluyan el amplísimo espectro de la eximición del pago (0,00%) al quince por ciento (15%).