El municipio tiene la palabra en la polémica expropiación del ex Swift

El secretario de Obras Públicas y Urbanismo, Néstor Martínez, se excusó ayer de anticipar la respuesta que el Poder Ejecutivo Municipal debe dar sobre la expropiación del predio del ex frigorífico Swift, situado en la manzana 253 de Don Bosco, Richieri, Kirchner y Misiones, aprobada por el Concejo Deliberante, y que se transformó en una polémica con trasfondo político al salir al cruce el propietario, el diputado nacional Eduardo Costa, con proyectos de instalar allí un shopping center.

“No quieren que lo hagamos porque nosotros, en teoría, somos opositores”, dijo oportunamente Costa al señalar “una clara intencionalidad” de esta expropiación, al tiempo que aseguró: “Nosotros queremos lo mejor para Santa Cruz y tenemos una visión diferente de cómo generar más trabajo”.

Martínez dejó para mañana, día en que vence el plazo para definir, en exclusivas manos del intendente Raúl Cantín dar a conocer la esperada definición, que ha sido analizada por los equipos técnicos y legales que involucran al funcionario.

En la última sesión del Concejo Deliberante, el tema generó una de las más fuertes discusiones y cruces de acusaciones entre los dos bloques, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), cuestionando la celeridad y la falta de debate que se dio en ese cuerpo, como también, la factultad de ese cuerpo para avanzar en el tema.

El impulsor de la expropiación que fue aprobada en tiempo récord, el concejal Pablo Grasso, cuestionó el desconocimiento existente acerca de las facultades legales que tiene el Concejo Deliberante para avanzar sobre la propiedad de una empresa que presentó bancarrota y no pagó impuestos.

El Concejal asegura tener toda la documentación necesaria para fundamentar la decisión política de recuperar un predio abandonado a manos del municipio, y en cambio, consideró que Costa, “tendría que poner la propiedad a su nombre o presentar la documentación como corresponde, para no trasladar algo institucional a algo político”.

Tras reunirse esta semana con el Ejecutivo Municipal y su asesoría letrada, Grasso se mostró expectante porque el resultado sea “un decreto favorable lo antes posible”, aunque admitió que el Ejecutivo municipal podría emitir un dictámen con algunas modificaciones a la norma aprobada por el Concejo Deliberante, y que serían analizadas por ese cuerpo, aunque descontó que “la decisión es acompañar la iniciativa de la expropiación”.

“Esperemos seguir con el trámite correspondiente y Costa, si es el propietario porque hasta ahora no consta, también hará sus presentaciones por los canales correspondientes”, añadió el Concejal.

Polémica
En la sesión del jueves, en medio de la polémica, el concejal justicialista apuntó a la UCR y el bloque opositor en el Concejo Deliberante,  por la discusión mediática que consideró una maniobra política para dejar mal parado al bloque Justicialista.

La concejal María Laura Santamariña respaldó a Grasso al asegurar que el predio no se encuentra registrado a nombre de quien se dijo propietario, y aclaró que
“no fue una actitud maliciosa del PJ al querer expropiar ese predio”, sino que “malicioso es no cuidar al vecino que se encuentra expuesto frente a una falta de cuidado de esa propiedad. Independientemente a quien pertenezca, se debe ponderar el fundamento de la expropiación”.

Santamariña aseguró: “La ley dice que el municipio está autorizado a hacerlo cuando se cumplan las condiciones.  No tendría que haber una discusión de carácter legal o jurídico, porque para eso están los espacios que corresponden. Se le quiso dar un tinte político cuando no lo tuvo. Cuando se dé una declaración de utilidad pública, veremos cómo sigue”.