Consulta popular: Advierten sobre cuestionado procedimiento en su legalidad

El llamado a consulta popular para una reforma constitucional en cuanto al sistema electoral tiene su antecedente en Santa Cruz. En 1998, con carácter obligatorio y vinculante, fue justamente, para incorporar la reelección indefinida del Gobernador y Vicegobernador que le permitió a Néstor Kirchner alcanzar un tercer mandato en la gobernación antes del salto nacional y el gobernador Daniel Peralta pretende ahora eliminar por este mismo mecanismo, junto con la Ley de Lemas.

La reforma de la Constitución provincial en 1994 había habilitado la reelección por un período y eliminado la cláusula de consanguinidad que impedía la sucesión de familiares en el Poder Ejecutivo y posibilitó la primera reelección de Néstor Kirchner en la gobernación.

Pero luego, la ley electoral fue modificada nuevamente en 1998 y dado que para una reforma constitucional con un temario acordado necesitaba los dos tercios de la Legislatura al igual que a nivel nacional estipula la Constitución provincial,  el Gobierno provincial recurrió a una consulta popular, mecanismo que había sido incorporado en 1994.

El llamado a la consulta para que la ciudadanía se expresara sobre la necesidad de una reforma para incluir la reelección indefinida, la creación del Consejo de la Magistratura y la elección de diputados por pueblo, fue aprobada por la simple mayoría de la Legislatura. Y su resultado, con la incorporación de estas modificaciones en la Constitución, aprobado únicamente por los convencionales justicialistas.  

El entonces juez subrogante de Primera Instancia en Puerto Deseado, Marcos Oliva Day, hizo lugar a un amparo en su contra y la Cámara de Caleta Olivia ordenó la suspensión de la consulta, pero finalmente el Tribunal Superior de Justicia habilitó el comicio, en el que el sí obtuvo el 56,88% de los votos. Y en 1999 Kirchner fue reelecto nuevamente.

Consultado por TiempoSur, Oliva Day recordó esos acontecimientos y sostuvo al igual que entonces, la inconstitucionalidad del procedimiento, como lo hizo por Tiempo FM en el programa En Una Hora, el destituido fiscal provincial, Eduardo Sosa, cuyo último fallo de restitución por parte de la Corte Suprema de Justicia fue desoído por el Gobierno provincial.

Suprema. “Hay tres principios que son fundamentales en la organización republicana, la soberanía popular, la supremacía de la Constitución y la división de poderes”, explicó Oliva Day, quien ahondó en la apreciación al decir que “la Constitución es suprema, no puede haber ninguna ley en contra y todo se tiene que ajustar a lo que dice y como es la base de la pirámide, tiene un procedimiento específico para su reforma”.

El ex Fiscal de Puerto Deseado remarcó que ese procedimiento es claramente contar con la mayoría de dos tercios de la totalidad de los diputados, “ni siquiera de los presentes, lo que es una doble imposición”, explicó “y como en ese momento al gobierno de Kirchner no le daban los dos tercios, ni siquiera de los presentes, inventó lo de la consulta popular, mecanismo que estaba en la Constitución desde 1994, pero no para reformar la Constitución sino para cualquier ley común”.

Per Saltum. El letrado advirtió en cambio que “el artículo que marca cómo se tiene que hacer una reforma de la Constitución seguía igual, y aún así la reformaron por una consulta popular, que cuestioné por inconstitucional y la paré por unos dos días haciendo lugar a una medida cautelar, hasta que presentaron un per saltum, que fue el primero en la historia judicial de Santa Cruz”.

Oliva Day recordó que eso le valió el pedido de un juicio político: “Durante un año y medio tuve la espada de Damocles sobre mi cabeza y nunca abrieron el juicio político que finalmente desecharon”. Para el ex Fiscal no corrió la misma suerte que Sosa, por ese cuestionado y entonces reciente antecedente, y por unas 500 firmas que acompañaron una carta de reclamo.

“No me iba a quedar tan tranquilo, sino que hubiera agarrado un kayak hasta Brasil, con el nombre Justicia Independiente” aclaró, para inmediatamente caer en la cuenta que “en materia judicial, este es un gobierno que no ha hecho caso ni siquiera a lo que dice la Corte Suprema, caso de Sosa, juicios de jubilados”, lo hizo extensivo ahora a la nación.

Ejemplo. Sosa cuestionó también que la reforma de la Constitución en 1998 “se hizo de una manera ilegal, sin respetar el procedimiento establecido por la Constitución, sino por una consulta popular, con cuyo mandato se sorteó la condición de los dos tercios, para habilitar la reelección indefinida entre otras reformas”.

Y volviendo a la actual propuesta de una consulta popular, dijo que “a la Constitución lo que hay que hacer no es reformarla sino cumplirla, es la regla básica, la carta de navegación de un país y de una provincia, y lamentablemente en la Argentina y en la provincia, el propio gobierno no da el ejemplo en ese sentido”.

El letrado no soslayó que “sería un gran paso que no exista la posibilidad de reelección indefinida, porque eso deteriora la convivencia política, genera núcleos de poder que se autosuceden indefinidamente y no hay alternancia”.

De todas formas explicó que la reforma constitucional “es todo un trámite muy excepcional” y que “para evitarlo, frente a las urgencias que existen en la provincia, bien podrían las distintas fuerzas políticas firmar un acta compromiso”.

“Estamos con problemas muy serios de distinto tipo y hay que poner la energía social en solucionarlos” en tanto valoró que el Gobernador lo proponga, considerando que en su momento ha sido un error apoyarlo, “de alguna manera es una autocrítica, pero los ciudadanos tenemos que tratar de poner el acento hoy en los temas esenciales, que son a mi modo de ver, una mejor convivencia, un mayor respeto a la ley, los temas económicos demorados en situaciones pendientes en Santa Cruz”.

Maniobras. En el caso del Consejo de la Magistratura y la propuesta provincial para modernizarlo y reformar la ley de su funcionamiento, Sosa opinó en principio que podría necesitarlo, aunque es una figura reciente.

No obstante volvió al espíritu de la respuesta sobre una eventual reforma constitucional, por el sistema electoral y opinó que “el Poder Ejecutivo necesita sobre todo, dar el ejemplo y cumplir con los fallos de la Justicia”.