8 de cada 10 no pueden pagarlo

La última audiencia pública realizada el jueves -tercer día- abordó a la segmentación de las tarifas de luz y gas, de acuerdo a la quita de subsidios que aplicará desde junio el Gobierno nacional.

El martes fue el turno del gas, en donde la suba promedio en las boletas será del 18 al 20%, no habrá incremento para beneficiarios de tarifa social y en la región sur será del 25,5% como publicó TiempoSur, ya que en febrero, el incremento fue menor en nuestra zona del país que el resto, por lo que se debe compensar ese incremento.

En el caso de la energía eléctrica será del 21,27% anual para los usuarios con tarifa social, pero la suba desde junio del 6,8%.

Para los demás usuarios -sin tarifa social- la corrección anual alcanzará el 42,7% y desde junio será del 16,5%. En ejemplos concretos, un usuario tipo con tarifa social que en enero pagó 722 pesos, abonó 843 pesos en marzo (cuando ya hubo un incremento en la boleta); y pagará 901 pesos.

En el segundo caso -sin tarifa social- en enero el usuario pagó 1312 pesos; abonó 1610 pesos en marzo; y pagará 1876 en junio.

No se conoce qué sucederá en el caso de Santa Cruz, con SPSE, es decir si aplicará el incremento o absorberá una parte de la energía que paga a Cammesa. 

Durante los tres días en los que se desarrollaron las audiencias públicas, organizaciones sociales y defensorías, usuarios y consumidores reclamaron que el bolsillo no puede soportar un nuevo aumento, ya que además de que impactará en las boletas, lo hará en los productos, e incidirá en la escalada inflacionaria. 

El Gobierno nacional reafirmó que la suba se concretará. De hecho lo reafirmó el propio Presidente desde su gira en Europa.

Desde Francia, Alberto Fernández sostuvo que "la aplicación de la segmentación, una medida muy progresiva, hace que el que tiene pague", dentro de un esquema en el que "los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos".

El Jefe de Estado precisó que "los aumentos se vinculan a cómo evoluciona el salario" y en consecuencia garantizó que "nunca el aumento de tarifas puede ser más alto que el de los salarios".

"Es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos", enfatizó el Presidente en una conferencia de prensa que ofreció en París, previo a su regreso a la Argentina. Aun así, las organizaciones esperan que la suba no se concrete. Incluso cuestionaron los criterios de segmentación para aplicar los aumentos, el cual señalan debe ser bien aplicado para que no incluya a grupos que no puedan hacer frente a los costos. Este criterio, que estipula que el 105 pague la tarifa plana, es decir sin subsidios, se basa en:

-Tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT)

-Tener 3 o más inmuebles registrados

-Tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años

-Tener aviones o embarcaciones de lujo.

8 de cada 10

"En nuestra participación dimos un contundente rechazo a todo tipo de aumento  como supone la quita de subsidios que pide el FMI, porque el bolsillo no soportará  más aumentos. Por ejemplo, 8 de cada 10 usuarios no está en condiciones de afrontarlos, y eso es inviable desde nuestro punto de vista", criticó Paula Soldis, referente de Cepis (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad).

Soldis dijo que luego de la audiencia se debe fundamentar el incremento y debe realizarse un informe que tenga en cuenta las opiniones de los expositores.

También advirtió que "no se conocen cuáles son los costos de producción" de las empresas energéticas. "Será muy difícil que el Gobierno se aparte de semejante reclamo en el que estuvimos con diversas organizaciones, gremios y sectores de la sociedad civil", recalcó.

Pero lo anterior no sería un impedimento para que la suba se concrete, teniendo en cuenta que es una meta fiscal acordada con el FMI para bajar el déficit.

"No sabemos cuánto cuesta producir energía y si las ganancias son justas y razonables", abundó Soldis.

En cuanto a las empresas, que también tuvieron su participación en la audiencia, como fue el caso de EDENOR, el mayor proveedor de energía eléctrica del país, Soldis sostuvo que lo único que conocen son "los precios, pero no nos dicen sus costos, que no lo conocemos desde hace años".

Según Soldis, desde 2011 al 2019 y de acuerdo a una revisión tarifaria las empresas tuvieron "más beneficios y más ganancias".

Por ahora no se confirmó si existirá una judicialización por parte de las asociaciones de usuarios y consumidores, aunque no fue descartado durante la semana pasada.

"PRO-RICOS"

El subsecretario de Planeamiento Estratégico, Santiago López Osornio, al presidir la audiencia pública criticó el esquema vigente de subsidios a la energía por considerarlo "pro-rico", y al sostener que es "uniforme para todos los usuarios sin atender a su situación socioeconómica" por lo que "hay margen para mejorar la eficiencia distributiva".

"Hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y electricidad que se incluye en la factura" y como no se realizan distingos por la capacidad socioeconómica, salvo la implementación de la tarifa social, "el 50% de (la población de) mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica", manifestó.

Asimismo, precisó que el decil de mayor nivel de ingresos destina el 0,9% y el 2,2% de sus ingresos al pago de los servicios de electricidad y gas, respectivamente, por lo que López Osornio propuso "retirar gradualmente los subsidios" a ese 10% de la población con mayor capacidad económica.

Contrariamente, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo, objetó que "se pretenda instrumentar una segmentación con información insuficiente" y que "todo es una incógnita, con una única certeza, que es que todos recibirán facturas con incrementos".

Jorge Pascualini, de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, subrayó que "los subsidios energéticos son una solución de corto plazo, pero pueden agravar el problema en el largo plazo", por lo que se pronunció en favor de una segmentación concentrada en la asistencia a los sectores vulnerables.

En tanto, María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, criticó el criterio de segmentación geográfica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al entender como "un error", ya que consolidaría una división entre "barrios de ricos y barrios de pobres".