Se promulgó la ley que prohíbe venta de solventes a menores y su utilización en las escuelas

El 30 de octubre, los diputados aprobaron la Ley 3399, mediante la cual Santa Cruz adhiere a la Ley Nacional Nº 26.968, que regula la venta minorista de solventes orgánicos volátiles, prohibiendo su expendio a menores.

Asimismo, se prohibió en todos los establecimientos educativos de todos los niveles, la utilización de artículos, que por sus funciones puedan ser utilizados como artículos escolares y que contengan estos materiales, obligando a que el CPE otorgue a los padres del alumnado un listado de productos tóxicos prohibidos.

Río Gallegos, ya contaba con una ordenanza en este sentido, estableciendo pautas para la venta de pegamentos, cementos y adhesivos de contacto en el ejido urbano y haciendo que los mismos no estuvieran al alcance de los clientes en las góndolas, sino en vitrinas o espacios cerrados.

Además, en su artículo segundo, la ordenanza estableció que los comercios autorizados para la venta debían contar con  un registro de los compradores de los mismos, en el que deberá constar su nombre y apellido, fecha de nacimiento, tipo y número de documento y domicilio actual.

La preocupación no es para menos, el pegamento es una droga “barata” y de fácil acceso, al igual que los inhalantes, los solventes y los combustibles, pero estos últimos no están contemplados.

Pueden ser pinturas, naftas, acetona, pegamentos y cola que al ser inhaladas producen exaltación del humor y alucinaciones. Son consumidas por la población infantil y adolescente. Algunos niños la ingieren para atenuar el hambre y el frío. Pueden producir una depresión en el “Sistema Nervioso Central”, ya que al aspirar los solventes el cerebro no recibe suficiente oxígeno, provocando un estado de inconsciencia que puede llegar a causar la muerte por asfixia.

El Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia (COMUNA), había mostrado su preocupación al respecto del consumo de tolueno y advertido incluso que la creación de la ordenanza capitalina no era suficiente para frenar el consumo que iría en aumento según el organismo.

Tiempo atrás, su referente, Teresa Soto, advirtió que en la provincia hay un consumo alarmante de Poxiran, entre jóvenes y que si bien se habían tomado algunas medidas al respecto, en realidad, lo que hace falta es crear un registro “para poder ver cuánto es la venta del pegamento y determinar si se vende a adultos. Nos dijeron que esto no se lleva a cabo, que es engorroso, pero no sabemos qué dificultades tienen para no llevar el registro. Tienen que ver los concejales y ver qué pasa con el no cumplimiento de la ordenanza”, apuntó.

Pero la ley nacional a la que la provincia adhirió y el Gobernador promulgó recientemente, va mas allá, estableciendo también sanciones a los comerciantes que la incumplan, multando con cifras que van desde los 500 pesos a los 50 mil, clausurando establecimientos por un máximo de 30 días o de dos años en caso de reincidencia, decomisos o inhabilitación.

Vale mencionar, que el registro nacional de solventes orgánicos volátiles que ahora también queda establecido para esta provincia, incluye la acetona (cloruro de metileno), metil etil cetona (tricloroetileno), acetato de etilo (tetracloruro de carbono), acetato de metilo (cloroformo), n-hexano (tricloroetano), ciclohexano (metanol), n-heptano (etanol), benceno (alcohol isopropílico), tolueno    (butanol) y xilenos (n-propanol).