Adicto en recuperación echado de YCRT demandó a Zeidán

Fue despedido en 2018 e integró los 500 trabajadores de YCRT a los que se los invitó a aceptar el “retiro voluntario”. Pero su caso era particular. Lautaro Torres es adicto en recuperación y la empresa estatal lo sabía.

En junio -como publicó TiempoSur- presentó su libro “Secuelas” en Río Turbio, en donde cuenta en 60 páginas el crudo camino a su recuperación y decidió demandar directamente al Interventor de YCRT, Omar Zeidán, por los perjuicios que le suscitó quedarse sin trabajo, que resultó en constantes recaídas y tener que emigrar a Buenos Aires.

La semana pasada su abogado, el Dr. León Obregón, presentó en el juzgado de la Dra. Romina Frías una demanda laboral que es diferente a las que interpusieron los empleados cesanteados.

“Esperé un tiempo porque imaginé que todo el mundo haría un juicio. Tenía miedo que se minimice mi problema. Yo no me quería ir, mi vida era acá, mi pueblo”, contó.

Lautaro firmó el retiro voluntario porque no se quería ir “sin nada” y cobró la indemnización de aproximadamente 850 mil pesos. “Fue involuntario. Me extorsionaron  porque me dijeron que si no aceptaba me quedaba sin nada. Lo acepté por miedo”, confesó.

Cuando trabajaba en la estatal, en 2016  le permitieron que comience su tratamiento  y se interne en Buenos Aires. En 2017 YCRT le propone que su tratamiento continúe con profesionales –psicólogos y psiquiatras- pero en el SAMIC de El Calafate.

En enero de 2018 es despedido y sin empleo  viajó a Buenos Aires. Allí trabajó de chofer, manejó un camión y se dedicó a pulir autos.

Con dinero y en recuperación, fuera de su ciudad, Lautaro recayó. “Me echaron sabiendo que era un adicto. Me patiné más de 150 mil pesos en drogas”, sostuvo.

Otra complicación fue que no le informaron que podría seguir utilizando la obra social. “Pagué todos los remedios, que son caros”, detalló.

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NO AL ESTADO

“No quiero hacer juicio al Estado. No quiero que me lo pague el Estado, sino que lo pague Omar Zeidán, el interventor”, aclaró.

La demanda del Dr. Obregón es diferente a las realizadas por los trabajadores que fueron cesanteados en YCRT. Primero porque no se realiza en la Justicia Federal, sino en la Cuenca Carbonífera; y segundo, porque la presentación apunta directamente a Zeidán.

“Es algo que va a innovar la estrategia  jurídica. Es netamente laboral porque se orienta por las normas del derecho laboral y no por normas de contencioso administrativo federal”, explicó el letrado.

Las demandas de sus compañeros fueron todas realizadas en la Justicia Federal ya que apuntaban a una empresa estatal.

El letrado fundamentó que el trabajador debe tener su “juez natural” ya que las normas procesales señalan que el conflicto debe dirimirse en el domicilio del trabajador, es decir, Río Turbio.

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Este juzgado ya se había declarado incompetente, “pero con argumentos distintos, como que las normas eran de derecho público que involucraban al Estado nacional”.

La demanda pide primero la nulidad del despido, la nulidad del retiro voluntario y la reincorporación, porque Lautaro era un empleado público, que se rige por otras vías y en donde no hubo un sumario administrativo previo.

“Lo despiden con carta documento sin causa y un mes después le hacen firmar un retiro voluntario, entonces si ya estaba desvinculado, por qué lo vuelven a desvincular, es una aberración jurídica”, se preguntó el Dr. Obregón.

El abogado expuso que existen normas que se aplican al administrador que “utiliza el Estado o una empresa para fines que no son propios, y los daños que genere no lo pagará la empresa con su patrimonio, sino el que utilizó la empresa, que en este caso es Zeidán”, detalló.

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“Se trata del corrimiento del velo societario, atacamos a la persona que  manejó YCRT por fraude a la ley laboral”, abundó.

El próximo 9 de noviembre Lautaro presentará en Río Gallegos su libro en la filial de la Sociedad Argentina de Escritores.

Será además una charla terapéutica con acompañantes terapéuticos y psicólogos que lo acompañan en el Centro de Día de Río  Turbio.

La presentación judicial podría ser desestimada por la jueza Frías. En Santa Cruz no existen antecedentes.