La Cámara de Apelaciones ratificó que el ICEP no puede abrir sus puertas
La Cámara de Apelaciones rechazó ayer el amparo presentado por la Asociación Ministerio Hijos del Altísimo para que el Gobierno de Santa Cruz les permitiese reabrir su establecimiento educativo.
"Ya no sé cómo decirlo. ICEP no tiene ningún tipo de aval para matricular alumnos", fue la frase que lanzó la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez, en una de las últimas declaraciones públicas respecto del pleito desatado con la institución que funcionó de manera ilegal y con subvención estatal, durante años.
Días atrás, los Hijos del Altísimo lograron que algunos medios nacionales, entre ellos Clarín, se sirvieran del conflicto para denunciar que el Gobierno de Alicia Kirchner había cerrado la única escuela que dio clases durante el 2017, atravesado por el paro docente.
Sin embargo, ayer se conoció un nuevo revés para los pastores que lo administran, luego de que la Cámara de Apelaciones firmara un fallo con el que da por cerrado el pleito judicial respecto de si el establecimiento puede o no abrir; la respuesta fue que no, porque rechazaron de plano el amparo que presentaron contra la provincia.
Los pastores iniciaron causas penales y acción de amparo ante el Juzgado Civil 2, Juzgado Penal 1, Juzgado Penal 2 y Juzgado Penal 3. Ninguna causa les salió favorable.
De hecho, en febrero, el juez del Civil 2, Francisco Marinkovic les declaró improcedente el amparo en el que reclamaban que se los reconociera como establecimiento y que además se les reintegrase el subsidio estatal de 1.8 millones.
Una auditoría que se hizo en octubre del año pasado había determinado que de 70 secciones, 38 pertenecientes al nivel primario no tenían autorización y que otras cuatro del secundario tampoco.
Los problemas entre el ICEP y el Gobierno comenzaron a poco de que terminase el gobierno de Daniel Peralta. En septiembre de 2015, el CPE emitió una sanción ejemplificadora al Instituto de Enseñanza Patagónica, luego de que aumentaran en más del 100% el valor de su cuota.
En enero de 2016, a poco de asumir Roberto Borcelli, generó una serie de actuaciones en contra del establecimiento y dejó el tema en manos de la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos.